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¿Reformas a la Constitución 2017?

Redacción
25 de enero, 2017

La Constitución de la República de Guatemala formulada por la Asamblea Nacional Constituyente es un fundamento del ordenamiento jurídico. No es propiamente el ordenamiento jurídico sino toda una serie de postulados heredados y en estrecha relación con los momentos políticos de Guatemala desde las Cortes de Cádiz, la integración de las provincias de la Real Audiencia de los Confines al Imperio Mexicano y a Provincias Unidas de Centroamérica.
La Constitución de la República de Guatemala no se reconoce como fundamento de la libertad y los derechos individuales sino responde al vasallaje político de los mandatarios geopolíticos. Hoy en geopolítica se hace necesario reorganizar el Triángulo Norte de Centroamérica y se obliga al Congreso de la República de Guatemala a que apruebe reformas en cuanto al antejuicio, la independencia judicial, garantías jurídicas, sus componentes y su modo de ejecución, así como su relación con los órganos de Estado, el ejército y el menoscabo de la participación ciudadana a través de las instituciones reconocidas que proceden a sostener la Corte de Constitucionalidad.
Los actores de la reforma constitucional: Ministerio Público, CICIG, Procurador de los Derechos Humanos bajo el mecenazgo de la Organización de las Naciones Unidas no son representativos de la ciudadanía y tampoco se han encargado durante el trienio que antecede formar y proteger ciudadanía sino actuar homogéneamente a la acción del servicio secreto del gobierno americano en cuanto a la moneda, su uso público y estatal cuya instrumentalización no aparece por ningún lado en la pretendida Reforma al Sector Justicia.
Lamento mucho las acciones de quienes dirigen el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la CICIG en la Reforma Constitucional cuyas acciones de reformas son ajenas coyunturalmente a las necesidades urgentes de la ciudadanía.
El hecho de que las instituciones de Estado y la gobernabilidad del país sean saneadas con el apoyo de quien sea no implica manosear el fundamento del ordenamiento jurídico guatemalteco que tiene su historia, su validez y su pléyade de imperfecciones que afectan la acción ciudadana.
Manipular la opinión pública con las constantes acciones focalizadas de corrupción de Estado y su mediación a través de redes sociales y medios de comunicación han dejado de lado lo urgente en aras de lo inmediato.
Reitero el enorme peligro de obligar a los representantes del Organismo Legislativo, bajo amenaza, de reformar la semiótica de la Constitución Política de los artículos que se relacionan con el sector justicia. Digo amenaza porque eso es al modificar el orden cotidiano de la ley y mediatizarlos bajo la connotación de “alto impacto”. La acción contra el hijo del Señor Presidente representa la forma más circense de la acción geopolítica sobre la ciudadanía guatemalteco.
El terror de Estado está presente en Guatemala y tiene nombre, oficinas y actores. La garantía constitucional radica en la condición humana de un pueblo libre que oficialmente lo deshumanizan con la instrumentalización de la procuración de justicia.

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo

¿Reformas a la Constitución 2017?

Redacción
25 de enero, 2017

La Constitución de la República de Guatemala formulada por la Asamblea Nacional Constituyente es un fundamento del ordenamiento jurídico. No es propiamente el ordenamiento jurídico sino toda una serie de postulados heredados y en estrecha relación con los momentos políticos de Guatemala desde las Cortes de Cádiz, la integración de las provincias de la Real Audiencia de los Confines al Imperio Mexicano y a Provincias Unidas de Centroamérica.
La Constitución de la República de Guatemala no se reconoce como fundamento de la libertad y los derechos individuales sino responde al vasallaje político de los mandatarios geopolíticos. Hoy en geopolítica se hace necesario reorganizar el Triángulo Norte de Centroamérica y se obliga al Congreso de la República de Guatemala a que apruebe reformas en cuanto al antejuicio, la independencia judicial, garantías jurídicas, sus componentes y su modo de ejecución, así como su relación con los órganos de Estado, el ejército y el menoscabo de la participación ciudadana a través de las instituciones reconocidas que proceden a sostener la Corte de Constitucionalidad.
Los actores de la reforma constitucional: Ministerio Público, CICIG, Procurador de los Derechos Humanos bajo el mecenazgo de la Organización de las Naciones Unidas no son representativos de la ciudadanía y tampoco se han encargado durante el trienio que antecede formar y proteger ciudadanía sino actuar homogéneamente a la acción del servicio secreto del gobierno americano en cuanto a la moneda, su uso público y estatal cuya instrumentalización no aparece por ningún lado en la pretendida Reforma al Sector Justicia.
Lamento mucho las acciones de quienes dirigen el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la CICIG en la Reforma Constitucional cuyas acciones de reformas son ajenas coyunturalmente a las necesidades urgentes de la ciudadanía.
El hecho de que las instituciones de Estado y la gobernabilidad del país sean saneadas con el apoyo de quien sea no implica manosear el fundamento del ordenamiento jurídico guatemalteco que tiene su historia, su validez y su pléyade de imperfecciones que afectan la acción ciudadana.
Manipular la opinión pública con las constantes acciones focalizadas de corrupción de Estado y su mediación a través de redes sociales y medios de comunicación han dejado de lado lo urgente en aras de lo inmediato.
Reitero el enorme peligro de obligar a los representantes del Organismo Legislativo, bajo amenaza, de reformar la semiótica de la Constitución Política de los artículos que se relacionan con el sector justicia. Digo amenaza porque eso es al modificar el orden cotidiano de la ley y mediatizarlos bajo la connotación de “alto impacto”. La acción contra el hijo del Señor Presidente representa la forma más circense de la acción geopolítica sobre la ciudadanía guatemalteco.
El terror de Estado está presente en Guatemala y tiene nombre, oficinas y actores. La garantía constitucional radica en la condición humana de un pueblo libre que oficialmente lo deshumanizan con la instrumentalización de la procuración de justicia.

Republicagt es ajena a la opinión expresada en este artículo