Dar marcha atrás en la recepción de los trabajos de la fase I de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que abre las puertas para el inicio de operaciones, o atenerse a posibles acciones legales, fue la advertencia que diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), hicieron a funcionarios de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que asistieron a una citación al Congreso de la República.
A la cita acudieron entre otros, Enrique Gil, gerente general de EPQ y seis funcionarios más, mientras que Bernardo López, presidente de la Junta Directiva de dicha entidad, presentó excusas.
Durante el encuentro, los parlamentarios les recordaron a los empleados de la portuaria que con la decisión que tomaron, dieron validez a un contrato que enfrenta un proceso penal para ser declarado nulo, el cual “se negoció con base a coimas y que es leonino para los intereses del país”.
Funcionarios se defienden
En su defensa, Gil y los otros funcionarios de EPQ, sostuvieron que mientras no exista una resolución judicial que declare nulo el contrato, el convenio está vigente.
“Solicitamos den marcha atrás, también pedimos a la Contraloría una auditoría física y pudimos constatar con la documentación a la cual se tuvo acceso, que los informes de la recepción de la obra se aceptaron en menos de 24 horas y eso nos parece una anomalía total”, afirmó Carlos Barrera, diputado de la UNE, tras finalizar el encuentro.
Si no se da marcha atrás, dijo luego el parlamentario, nosotros iríamos seguramente con acciones legales.
César Elías, de la Contraloría General de Cuentas (CGC), y quien también participó en la reunión, tras escuchar los argumentos de los diputados y funcionarios de EPQ, afirmó que harían “un análisis jurídico para ver si el juez que tiene el control jurisdiccional, debía pronunciarse, además al Ministerio Público si estas acciones podrían afectar la investigación. También estamos obligados a nombrar una auditoría física y verificar si se cumplieron con todas las especificaciones técnicas que indica el contrato y luego establecer si procede la recepción o no”.
Dar marcha atrás en la recepción de los trabajos de la fase I de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que abre las puertas para el inicio de operaciones, o atenerse a posibles acciones legales, fue la advertencia que diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), hicieron a funcionarios de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), que asistieron a una citación al Congreso de la República.
A la cita acudieron entre otros, Enrique Gil, gerente general de EPQ y seis funcionarios más, mientras que Bernardo López, presidente de la Junta Directiva de dicha entidad, presentó excusas.
Durante el encuentro, los parlamentarios les recordaron a los empleados de la portuaria que con la decisión que tomaron, dieron validez a un contrato que enfrenta un proceso penal para ser declarado nulo, el cual “se negoció con base a coimas y que es leonino para los intereses del país”.
Funcionarios se defienden
En su defensa, Gil y los otros funcionarios de EPQ, sostuvieron que mientras no exista una resolución judicial que declare nulo el contrato, el convenio está vigente.
“Solicitamos den marcha atrás, también pedimos a la Contraloría una auditoría física y pudimos constatar con la documentación a la cual se tuvo acceso, que los informes de la recepción de la obra se aceptaron en menos de 24 horas y eso nos parece una anomalía total”, afirmó Carlos Barrera, diputado de la UNE, tras finalizar el encuentro.
Si no se da marcha atrás, dijo luego el parlamentario, nosotros iríamos seguramente con acciones legales.
César Elías, de la Contraloría General de Cuentas (CGC), y quien también participó en la reunión, tras escuchar los argumentos de los diputados y funcionarios de EPQ, afirmó que harían “un análisis jurídico para ver si el juez que tiene el control jurisdiccional, debía pronunciarse, además al Ministerio Público si estas acciones podrían afectar la investigación. También estamos obligados a nombrar una auditoría física y verificar si se cumplieron con todas las especificaciones técnicas que indica el contrato y luego establecer si procede la recepción o no”.