La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Aída Stalling, fue separada indefinidamente de su cargo con goce de salario por el Consejo de la Carrera Judicial, luego de haber perdido su derecho de antejuicio en el Congreso de la República. La magistrada devenga un salario de Q53 mil 825 mensuales
La togada entregó un documento al Consejo y además explicó los motivos de su petición entre los que mencionó el ponerse a disposición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), ya que es investigada por el delito de tráfico de influencias.
Según el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la magistrada habría presionado al juez Carlos Ruano, para que beneficiara a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, acusado en el caso de corrupción conocido como IGSS-PISA.
El 2 de febrero ultimo, con 119 votos a favor y 5 en contra los diputados del Congreso retiraron la inmunidad a la funcionaria, la decisión de los congresistas se dio un día después de que la comisión pesquisidora recomendó retirar el derecho de antejuicio por existir suficientes indicios para que los órganos jurisdiccionales realicen una investigación en la que se pueda establecer la responsabilidad de Stalling Dávila.
En su informe los integrantes de la pesquisidora señalaron: “De forma categórica, las diligencias de antejuicio no se promueven por razones espurias, políticas o ilegítimas, toda vez que las instrucciones fueron precisas por parte de la funcionaria denunciada”.
La magistrada se encuentra arraigada por orden de juez.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Aída Stalling, fue separada indefinidamente de su cargo con goce de salario por el Consejo de la Carrera Judicial, luego de haber perdido su derecho de antejuicio en el Congreso de la República. La magistrada devenga un salario de Q53 mil 825 mensuales
La togada entregó un documento al Consejo y además explicó los motivos de su petición entre los que mencionó el ponerse a disposición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), ya que es investigada por el delito de tráfico de influencias.
Según el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la magistrada habría presionado al juez Carlos Ruano, para que beneficiara a su hijo Otto Fernando Molina Stalling, acusado en el caso de corrupción conocido como IGSS-PISA.
El 2 de febrero ultimo, con 119 votos a favor y 5 en contra los diputados del Congreso retiraron la inmunidad a la funcionaria, la decisión de los congresistas se dio un día después de que la comisión pesquisidora recomendó retirar el derecho de antejuicio por existir suficientes indicios para que los órganos jurisdiccionales realicen una investigación en la que se pueda establecer la responsabilidad de Stalling Dávila.
En su informe los integrantes de la pesquisidora señalaron: “De forma categórica, las diligencias de antejuicio no se promueven por razones espurias, políticas o ilegítimas, toda vez que las instrucciones fueron precisas por parte de la funcionaria denunciada”.
La magistrada se encuentra arraigada por orden de juez.