…los señores que cooptan las comisiones de postulación, no tendrán que hacer tanto trabajo, solo necesitarán cooptar un poderosísimo Consejo Nacional de Justicia y ya…
El clamor de la Plaza tenía componentes comunes: no a la corrupción, justicia ya y el no a ciertos candidatos. En las siguientes semanas ya hubo otras peticiones en las que no todos estaban de común acuerdo. Pero al inicio, eran tres peticiones.
Los niveles de impunidad en Guatemala son alarmantes. El costo de vivir en la delincuencia es muy bajo: un joven que estudia tendrá menor crecimiento económico que uno que se agrupe con delincuentes. Las probabilidades de ser juzgado y que le prueben los delitos es del 6%, es decir, hay una probabilidad de mantener mi libertad del 94%, porque nunca me van a acusar, y si me acusan, no habrá elementos suficientes para condenarme. Cometer actos delincuenciales era un buen negocio. Desde las maras, con sus extorsiones, asaltos, secuestros, violaciones, hasta los altos funcionarios protegidos entre ellos, con millonadas de dinero robado para pagar defensa, jueces y cualquier otro inconveniente.
La reforma al sector justicia urge, sí. Existen grandes deficiencias en el sistema. Para que la justicia mejore en esos niveles se necesitan varios cambios que tienen como base principios ya probados en el mundo y a través de la historia: independencia judicial, independencia económica, meritocracia, limitar el poder de los gobernantes y el principio de ingratitud, Algunos más fáciles de cumplirse que otros…
Entendemos todos que para poder funcionar con independencia, sin presión de los otros organismos del Estado, el Organismo Judicial (OJ), y todo el sistema de justicia, debe tener independencia económica, es decir, que su presupuesto no sea utilizado como un arma para comprar favores, ya sea del Ejecutivo, como el Legislativo. El OJ debe decidir cuál será su presupuesto y cómo le debe ser entregado, entre los límites razonables. Como se entiende que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son juristas, que no necesariamente son administradores, se pretende independizar la función administrativa de la meramente función de la judicatura. Eso estaría bien si no fuera porque en la Reforma Constitucional al Sector Justicia se pretende la creación de una todopoderosísimo Consejo Nacional de Justicia (CNJ) en la cual incluye a delegados del Organismo Legislativo en las funciones administrativas financieras. Eso no puede ser. Además, el CNJ tendrá poderes mayores, o por lo menos iguales, a la CSJ creando otro poder, que interferiría directamente con la aplicación de la justicia. Ahora, los señores que cooptan las comisiones de postulación, no tendrán que hacer tanto trabajo, solo necesitarán cooptar un poderosísimo Consejo Nacional de Justicia y ya. Desde allí se encargarán de evaluar carreras judiciales y designar, promover, remover, trasladar a jueces y magistrados. Existe la posibilidad de un golpe de Estado técnico por medio de la evaluación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por medio de evaluaciones de desempeño que puedan derivar en su remoción temprana. Imagínese usted qué pasaría si a alguien se le filtra la evaluación de desempeño de un magistrado en un momento importante, y ésta se diera a conocer en los medios de comunicación y redes sociales para luego pedir su destitución o para promover su voto en favor o contra de cierto interés.
Aunque el método de la evaluación del desempeño es una técnica que cada vez se utiliza más en los sistemas de recursos humanos, es una prueba que necesita perfeccionamiento dentro de las instituciones, puede ser subjetiva en su evaluación y en la asignación de metas y objetivos. Por lo tanto, puede darse un elemento de clientelismo y por supuesto, de gran subjetividad.
Para mejorar el sistema de justicia, éste no debe ser monopolizado y debe permitir la competencia de los mejores, con reconocido mérito en sus carreras judiciales, ya sea desde dentro de la carrera, como los que laboran en lo privado. Esa competencia debiera resultar en la oxigenación del sistema, en encontrar a los mejores para los puestos, estimulando el crecimiento de la Carrera Judicial, pero no imponiéndola, tal y como ahora se refleja en la Reforma.
Se limita el poder de los organismos del Estado y se resuelve en parte el principio de ingratitud cuando no todos los magistrados son electos por las mismas personas, y su reelección no depende de los mismos, como tampoco su mantenimiento en el puesto o la capacidad de que lo trasladen a judicaturas donde no fue su lugar de interés laboral inicial. Con el Consejo Nacional de Justicia eso no se logra, porque varias de esas intervenciones se hacen desde ese fuero, por lo que magistrados y jueces sí tendrían un grupo de personas, las mismas, que los colocan en las listas para su elección, los evalúan y administran sus cargos. Eso no da independencia judicial. Estos asuntos se resuelven a través de mayor tiempo de los jueces y magistrados en los cargos, sí, con órganos de evaluación independientes. Se resuelve con asignaciones de las magistraturas en diferentes períodos de gobierno para que la interferencia, gracias a la alternabilidad en los cargos de los otros organismos del Estado interfiera lo menos posible.
Si seguimos analizando, como ya lo hemos hecho en varias columnas, las reformas al sector justicia tienen unos muy pocos avances, pero hay aspectos técnicos, prácticos y de filosofía del Derecho que no han sido discutidos plenamente. La aceptación sin límites y sin definir alcances en el Derecho indígena, en donde caeríamos en el error que extensiones grandes de nuestro país, así como de grupos que no necesariamente son indígenas, estuvieran bajo el monopolio de un derecho que es menos desarrollado que el oficial, no es posible.
La Reforma al Sector Justicia debe seguir discutiéndose y no aceptar que se apruebe con los grandes errores que tiene hoy por hoy nuestra Constitución, porque corregirlos es sumamente difícil, y aprobarlos así, tiene un costo altísimo en injusticia, y por qué no decirlo así, aprobarlas mal tiene un costo en vidas humanas.
Twitter @josekrlos
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
…los señores que cooptan las comisiones de postulación, no tendrán que hacer tanto trabajo, solo necesitarán cooptar un poderosísimo Consejo Nacional de Justicia y ya…
El clamor de la Plaza tenía componentes comunes: no a la corrupción, justicia ya y el no a ciertos candidatos. En las siguientes semanas ya hubo otras peticiones en las que no todos estaban de común acuerdo. Pero al inicio, eran tres peticiones.
Los niveles de impunidad en Guatemala son alarmantes. El costo de vivir en la delincuencia es muy bajo: un joven que estudia tendrá menor crecimiento económico que uno que se agrupe con delincuentes. Las probabilidades de ser juzgado y que le prueben los delitos es del 6%, es decir, hay una probabilidad de mantener mi libertad del 94%, porque nunca me van a acusar, y si me acusan, no habrá elementos suficientes para condenarme. Cometer actos delincuenciales era un buen negocio. Desde las maras, con sus extorsiones, asaltos, secuestros, violaciones, hasta los altos funcionarios protegidos entre ellos, con millonadas de dinero robado para pagar defensa, jueces y cualquier otro inconveniente.
La reforma al sector justicia urge, sí. Existen grandes deficiencias en el sistema. Para que la justicia mejore en esos niveles se necesitan varios cambios que tienen como base principios ya probados en el mundo y a través de la historia: independencia judicial, independencia económica, meritocracia, limitar el poder de los gobernantes y el principio de ingratitud, Algunos más fáciles de cumplirse que otros…
Entendemos todos que para poder funcionar con independencia, sin presión de los otros organismos del Estado, el Organismo Judicial (OJ), y todo el sistema de justicia, debe tener independencia económica, es decir, que su presupuesto no sea utilizado como un arma para comprar favores, ya sea del Ejecutivo, como el Legislativo. El OJ debe decidir cuál será su presupuesto y cómo le debe ser entregado, entre los límites razonables. Como se entiende que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son juristas, que no necesariamente son administradores, se pretende independizar la función administrativa de la meramente función de la judicatura. Eso estaría bien si no fuera porque en la Reforma Constitucional al Sector Justicia se pretende la creación de una todopoderosísimo Consejo Nacional de Justicia (CNJ) en la cual incluye a delegados del Organismo Legislativo en las funciones administrativas financieras. Eso no puede ser. Además, el CNJ tendrá poderes mayores, o por lo menos iguales, a la CSJ creando otro poder, que interferiría directamente con la aplicación de la justicia. Ahora, los señores que cooptan las comisiones de postulación, no tendrán que hacer tanto trabajo, solo necesitarán cooptar un poderosísimo Consejo Nacional de Justicia y ya. Desde allí se encargarán de evaluar carreras judiciales y designar, promover, remover, trasladar a jueces y magistrados. Existe la posibilidad de un golpe de Estado técnico por medio de la evaluación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por medio de evaluaciones de desempeño que puedan derivar en su remoción temprana. Imagínese usted qué pasaría si a alguien se le filtra la evaluación de desempeño de un magistrado en un momento importante, y ésta se diera a conocer en los medios de comunicación y redes sociales para luego pedir su destitución o para promover su voto en favor o contra de cierto interés.
Aunque el método de la evaluación del desempeño es una técnica que cada vez se utiliza más en los sistemas de recursos humanos, es una prueba que necesita perfeccionamiento dentro de las instituciones, puede ser subjetiva en su evaluación y en la asignación de metas y objetivos. Por lo tanto, puede darse un elemento de clientelismo y por supuesto, de gran subjetividad.
Para mejorar el sistema de justicia, éste no debe ser monopolizado y debe permitir la competencia de los mejores, con reconocido mérito en sus carreras judiciales, ya sea desde dentro de la carrera, como los que laboran en lo privado. Esa competencia debiera resultar en la oxigenación del sistema, en encontrar a los mejores para los puestos, estimulando el crecimiento de la Carrera Judicial, pero no imponiéndola, tal y como ahora se refleja en la Reforma.
Se limita el poder de los organismos del Estado y se resuelve en parte el principio de ingratitud cuando no todos los magistrados son electos por las mismas personas, y su reelección no depende de los mismos, como tampoco su mantenimiento en el puesto o la capacidad de que lo trasladen a judicaturas donde no fue su lugar de interés laboral inicial. Con el Consejo Nacional de Justicia eso no se logra, porque varias de esas intervenciones se hacen desde ese fuero, por lo que magistrados y jueces sí tendrían un grupo de personas, las mismas, que los colocan en las listas para su elección, los evalúan y administran sus cargos. Eso no da independencia judicial. Estos asuntos se resuelven a través de mayor tiempo de los jueces y magistrados en los cargos, sí, con órganos de evaluación independientes. Se resuelve con asignaciones de las magistraturas en diferentes períodos de gobierno para que la interferencia, gracias a la alternabilidad en los cargos de los otros organismos del Estado interfiera lo menos posible.
Si seguimos analizando, como ya lo hemos hecho en varias columnas, las reformas al sector justicia tienen unos muy pocos avances, pero hay aspectos técnicos, prácticos y de filosofía del Derecho que no han sido discutidos plenamente. La aceptación sin límites y sin definir alcances en el Derecho indígena, en donde caeríamos en el error que extensiones grandes de nuestro país, así como de grupos que no necesariamente son indígenas, estuvieran bajo el monopolio de un derecho que es menos desarrollado que el oficial, no es posible.
La Reforma al Sector Justicia debe seguir discutiéndose y no aceptar que se apruebe con los grandes errores que tiene hoy por hoy nuestra Constitución, porque corregirlos es sumamente difícil, y aprobarlos así, tiene un costo altísimo en injusticia, y por qué no decirlo así, aprobarlas mal tiene un costo en vidas humanas.
Twitter @josekrlos
República es ajena a la opinión expresada en este artículo