Activismo en las cortes destruirá la poca inversión y empleo
En enero de 2015 tuve la oportunidad de conocer al general retirado, John Kelly, quien en ese entonces era el Jefe del Comando Sur. La visita esta semana, como Secretario de Seguridad Nacional, tuvo una gran importancia por el momento en que ocurre y las terribles decisiones que las cortes están tomando en contra de la inversión.
Reconozco el trabajo positivo del Presidente Jimmy Morales y los ministros de Economía y de Trabajo, al lanzar políticas congruentes, que ayudan a marcar un norte estratégico y el trabajo que están haciendo impulsando una agenda legislativa a favor de la generación de más oportunidades. Sin embargo, estos esfuerzos se vuelven insuficientes, con lo que está ocurriendo dentro de las Cortes. Todos sabemos de los problemas con que fueron electos los magistrados en la Corte de Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, una razón de peso para aprobar los cambios positivos de la Reforma Constitucional y eliminar ese sistema perverso de comisiones de postulación.
Cuando analizamos las resoluciones que se han hecho en contra de empresas hidroeléctricas y mineras, en donde claramente se está yendo en contra de los propios intereses de la Nación, al pretender reiniciar la consulta cuando muchas de estas empresas trabajaron junto al Estado y presentaron la evidencia, que no fueron tomados en cuenta. Ahora, de manera ilegal y arbitraria, les están queriendo retirar sus licencias de operación, incluso con los argumentos presentados por el Ministerio de Energía y Minas.
Esta falta de certeza jurídica que está afectando a empresas intensivas en capital que tienen inversiones en el área rural, mañana tendrá un impacto en el sistema financiero que ha servido para dar créditos a todas estas empresas, allí todos los guatemaltecos saldremos afectados. Y no solo esto, la falta de una reglamentación adecuada al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, le sirve a muchos grupos organizados para obtener recursos y poder lucrar a costa de la pobreza que persiste en Guatemala, que lejos de reducirse, se convertirá en extrema pobreza (ejemplo de lo que vimos el lunes en la marcha financiada por Madre Selva).
Es por ello, que si el objetivo de reducir la migración quiere alcanzarse, es importante no solo dejar de lado las nuevas ocurrencias de querer partirnos en varios sistemas de justicia a través de la Reforma Constitucional, sino además generar acciones claras a la reglamentación al Convenio 169 de la OIT y explicarle a los magistrados que sus decisiones nos van a costar millones de dólares a todos los guatemaltecos. Las empresas fácilmente ganarán los juicios en contra del Estado, por reparación de daños y perjuicios, ya que efectivamente obtuvieron una licencia para operar. El activismo en las cortes, destruirá la poca inversión y empleo que existe en el país.
@jczapata_s
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Activismo en las cortes destruirá la poca inversión y empleo
En enero de 2015 tuve la oportunidad de conocer al general retirado, John Kelly, quien en ese entonces era el Jefe del Comando Sur. La visita esta semana, como Secretario de Seguridad Nacional, tuvo una gran importancia por el momento en que ocurre y las terribles decisiones que las cortes están tomando en contra de la inversión.
Reconozco el trabajo positivo del Presidente Jimmy Morales y los ministros de Economía y de Trabajo, al lanzar políticas congruentes, que ayudan a marcar un norte estratégico y el trabajo que están haciendo impulsando una agenda legislativa a favor de la generación de más oportunidades. Sin embargo, estos esfuerzos se vuelven insuficientes, con lo que está ocurriendo dentro de las Cortes. Todos sabemos de los problemas con que fueron electos los magistrados en la Corte de Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, una razón de peso para aprobar los cambios positivos de la Reforma Constitucional y eliminar ese sistema perverso de comisiones de postulación.
Cuando analizamos las resoluciones que se han hecho en contra de empresas hidroeléctricas y mineras, en donde claramente se está yendo en contra de los propios intereses de la Nación, al pretender reiniciar la consulta cuando muchas de estas empresas trabajaron junto al Estado y presentaron la evidencia, que no fueron tomados en cuenta. Ahora, de manera ilegal y arbitraria, les están queriendo retirar sus licencias de operación, incluso con los argumentos presentados por el Ministerio de Energía y Minas.
Esta falta de certeza jurídica que está afectando a empresas intensivas en capital que tienen inversiones en el área rural, mañana tendrá un impacto en el sistema financiero que ha servido para dar créditos a todas estas empresas, allí todos los guatemaltecos saldremos afectados. Y no solo esto, la falta de una reglamentación adecuada al Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, le sirve a muchos grupos organizados para obtener recursos y poder lucrar a costa de la pobreza que persiste en Guatemala, que lejos de reducirse, se convertirá en extrema pobreza (ejemplo de lo que vimos el lunes en la marcha financiada por Madre Selva).
Es por ello, que si el objetivo de reducir la migración quiere alcanzarse, es importante no solo dejar de lado las nuevas ocurrencias de querer partirnos en varios sistemas de justicia a través de la Reforma Constitucional, sino además generar acciones claras a la reglamentación al Convenio 169 de la OIT y explicarle a los magistrados que sus decisiones nos van a costar millones de dólares a todos los guatemaltecos. Las empresas fácilmente ganarán los juicios en contra del Estado, por reparación de daños y perjuicios, ya que efectivamente obtuvieron una licencia para operar. El activismo en las cortes, destruirá la poca inversión y empleo que existe en el país.
@jczapata_s
República es ajena a la opinión expresada en este artículo