Nuestra Guatemala está enferma. De una u otra forma, los ciudadanos nos hemos unido para levantarla de nuevo. Pero últimamente nos han estado recentando expectorante para un problema estomacal. Estamos tan desesperados por encontrar soluciones a nuestros problemas que nos tragamos la medicina sin cuestionamiento alguno.
Ciertamente nuestro país tiene problemas y debemos de trabajar fuertemente por corregirlos. Sin embargo, considero que ciertos liderazgos están abusando al recetar “medicinas” las cuales, lejos de ayudar, quizás hasta pueden ser agravantes a la enfermedad que se quiere curar. Las “soluciones” propuestas son ridículas e incongruentes: “suspendamos la operación de las hidroeléctricas y bajemos el costo de la energía eléctrica”, “aprobemos un fuero jurisdiccional que no está escrito, sin límite ni certeza alguna, para fortalecer las instituciones de justicia”, “volvamos al control estatal de aquellas cosas que han sido privatizadas para abaratar los costos”, etcétera. En esta ocasión, me quiero referir específicamente a medicinas “mágicas” que nos quieren recetar para el sistema eléctrico.
Hace 7 años, Mejoremos Guate se dio la tarea de entender los “cuellos de botella” para reducir la pobreza y definir una hoja de ruta para atender esas limitantes. Uno de esos “cuellos de botella” justamente fue el alto costo de la energía en nuestro país. Desde entonces, más de $5000 millones se han invertido en proyectos energéticos, entre los cuales están los hidroeléctricos. El resultado no solo es una reducción en los precios de energía de casi el 50% en los últimos cinco años, de $0.27 a $0.14 kilovatio por hora, sino también el incremento del porcentaje de la población conectada a la red de suministro eléctrico, de 47.8% a 91.96%. ¡Sin duda son enormes avances que debemos de celebrar!
Hoy se corre el riesgo de tirar todos los logros a la basura a raíz de una posible suspensión de la operación de los proyectos Oxec. El argumento es una supuesta falta al Convenio 169 de la OIT que, sea dicho de paso, aún no cuenta con un claro reglamento que regule su implementación o sus procesos de consulta. Según declaraciones del Ministerio de Energía y Minas así como de los pobladores de la localidad, sí se realizó una consulta de buena fe, tomando en cuenta a todas las comunidades involucradas y aplicando la metodología que contempla el Convenio. Las comunidades de los pueblos aledaños siguen mostrando su apoyo a los proyectos hidroeléctricos a raíz del empleo y otros beneficios que les traen. Sin embargo, grupos inescrupulosos se han dado la tarea de desprestigiar estos procesos. De esta manera, han logrado frenar las operaciones de las hidroeléctricas Oxec, gracias a un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad.
Y, ¿quién está detrás de estas acciones legales? Según un reciente reportaje en República es Bernardo Caal Xól, quien, de acuerdo con el Renap, reside en Chimaltenango y no una comunidad cercana a las hidroeléctricas, contrario a lo que él suele decir. Caal dice que habla en nombre de los pobladores de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, lugar donde se encuentran las hidroeléctricas. No obstante, los pobladores del lugar rechazan su liderazgo y dicen que lo desconocen como representante. Esto es importante porque, según el Convenio 169, se debe consultar a los pueblos interesados a quienes les “afecte directamente” el proyecto. Como el Sr. Caal no reside en áreas aledañas a las hidroeléctricas, este es un asunto que no le compete, ya que no tiene legitimación activa ni derecho a reclamar. La misma magistrada de la CC, Gloria Porras, reconoce lo importante y necesaria que es la legitimidad activa en cualquier caso. En una entrevista en 2015 dijo “uno de los primeros pasos antes de tomar una decisión (en la Corte) es revisar si la persona que presenta el amparo (la protesta) tiene legitimidad”. Por si esto fuera poco, en 2013, el Mineduc destituyó a Caal de su cargo de Maestro en Educación Primaria por faltas e irresponsabilidades en su trabajo. Todo ello deja en tela de duda las intenciones del Sr. Caal y, sobretodo, su credibilidad.
Ciertamente, nuestro país tiene grandes retos y un alto porcentaje de la población permanecen en la pobreza. Eso nos expone al riesgo de caer en las “soluciones mágicas” y, peor aún, dejarnos engañar por quienes pretenden enriquecerse al vendernos las mismas. Sin pretender ser constitucionalista, pareciera que el Estado ha tenido la voluntad de implementar el Convenio 169 pero se le limita su posibilidad de reglamentar una ley. Ese concepto es violatorio de nuestra soberanía y de la autoridad que la propia constitución le confiere al Ejecutivo. El propio Convenio no contempla la suspensión de licencias ya otorgadas como consecuencia de un incumplimiento por lo que se corre el riesgo de dictar una condena más severa de lo que la propia norma establece. El convenio lo que busca es mitigar afectaciones y buscar soluciones a problemáticas que se lleguen a presentar.
Los mercaderes de expectorante lucran de su venta, sabiendo perfectamente el daño que le hacen al paciente. Los doctores, cegados por un romanticismo inexplicable, parecen ignorar sus años de experiencia y formación para prestarse como tontos útiles. El responsable de la Consulta es el Estado. Todos vamos a pagar los daños y perjuicios derivados de esta sentencia. Pero además, sufriremos un incremento estimado de 35% en las tarifas eléctricas derivadas de #ElGranApagón. A eso debemos de sumar el costo indirecto en la estructura de costos de un restaurante, el salón de belleza, o las muchas otras cosas que consumimos y que se producen en nuestro país. Me pregunto entonces, ¿cuál es la lógica detrás de la suspensión de licencias? ¿Quién se beneficia de ello? ¿No debería de prevalecer nuestra soberanía y nuestro interés nacional? Nuestro país necesita medicamentos que atiendan nuestras enfermedades y no remedios “mágicos” que conlleven problemáticos efectos colaterales.
@salva_paiz
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Nuestra Guatemala está enferma. De una u otra forma, los ciudadanos nos hemos unido para levantarla de nuevo. Pero últimamente nos han estado recentando expectorante para un problema estomacal. Estamos tan desesperados por encontrar soluciones a nuestros problemas que nos tragamos la medicina sin cuestionamiento alguno.
Ciertamente nuestro país tiene problemas y debemos de trabajar fuertemente por corregirlos. Sin embargo, considero que ciertos liderazgos están abusando al recetar “medicinas” las cuales, lejos de ayudar, quizás hasta pueden ser agravantes a la enfermedad que se quiere curar. Las “soluciones” propuestas son ridículas e incongruentes: “suspendamos la operación de las hidroeléctricas y bajemos el costo de la energía eléctrica”, “aprobemos un fuero jurisdiccional que no está escrito, sin límite ni certeza alguna, para fortalecer las instituciones de justicia”, “volvamos al control estatal de aquellas cosas que han sido privatizadas para abaratar los costos”, etcétera. En esta ocasión, me quiero referir específicamente a medicinas “mágicas” que nos quieren recetar para el sistema eléctrico.
Hace 7 años, Mejoremos Guate se dio la tarea de entender los “cuellos de botella” para reducir la pobreza y definir una hoja de ruta para atender esas limitantes. Uno de esos “cuellos de botella” justamente fue el alto costo de la energía en nuestro país. Desde entonces, más de $5000 millones se han invertido en proyectos energéticos, entre los cuales están los hidroeléctricos. El resultado no solo es una reducción en los precios de energía de casi el 50% en los últimos cinco años, de $0.27 a $0.14 kilovatio por hora, sino también el incremento del porcentaje de la población conectada a la red de suministro eléctrico, de 47.8% a 91.96%. ¡Sin duda son enormes avances que debemos de celebrar!
Hoy se corre el riesgo de tirar todos los logros a la basura a raíz de una posible suspensión de la operación de los proyectos Oxec. El argumento es una supuesta falta al Convenio 169 de la OIT que, sea dicho de paso, aún no cuenta con un claro reglamento que regule su implementación o sus procesos de consulta. Según declaraciones del Ministerio de Energía y Minas así como de los pobladores de la localidad, sí se realizó una consulta de buena fe, tomando en cuenta a todas las comunidades involucradas y aplicando la metodología que contempla el Convenio. Las comunidades de los pueblos aledaños siguen mostrando su apoyo a los proyectos hidroeléctricos a raíz del empleo y otros beneficios que les traen. Sin embargo, grupos inescrupulosos se han dado la tarea de desprestigiar estos procesos. De esta manera, han logrado frenar las operaciones de las hidroeléctricas Oxec, gracias a un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad.
Y, ¿quién está detrás de estas acciones legales? Según un reciente reportaje en República es Bernardo Caal Xól, quien, de acuerdo con el Renap, reside en Chimaltenango y no una comunidad cercana a las hidroeléctricas, contrario a lo que él suele decir. Caal dice que habla en nombre de los pobladores de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, lugar donde se encuentran las hidroeléctricas. No obstante, los pobladores del lugar rechazan su liderazgo y dicen que lo desconocen como representante. Esto es importante porque, según el Convenio 169, se debe consultar a los pueblos interesados a quienes les “afecte directamente” el proyecto. Como el Sr. Caal no reside en áreas aledañas a las hidroeléctricas, este es un asunto que no le compete, ya que no tiene legitimación activa ni derecho a reclamar. La misma magistrada de la CC, Gloria Porras, reconoce lo importante y necesaria que es la legitimidad activa en cualquier caso. En una entrevista en 2015 dijo “uno de los primeros pasos antes de tomar una decisión (en la Corte) es revisar si la persona que presenta el amparo (la protesta) tiene legitimidad”. Por si esto fuera poco, en 2013, el Mineduc destituyó a Caal de su cargo de Maestro en Educación Primaria por faltas e irresponsabilidades en su trabajo. Todo ello deja en tela de duda las intenciones del Sr. Caal y, sobretodo, su credibilidad.
Ciertamente, nuestro país tiene grandes retos y un alto porcentaje de la población permanecen en la pobreza. Eso nos expone al riesgo de caer en las “soluciones mágicas” y, peor aún, dejarnos engañar por quienes pretenden enriquecerse al vendernos las mismas. Sin pretender ser constitucionalista, pareciera que el Estado ha tenido la voluntad de implementar el Convenio 169 pero se le limita su posibilidad de reglamentar una ley. Ese concepto es violatorio de nuestra soberanía y de la autoridad que la propia constitución le confiere al Ejecutivo. El propio Convenio no contempla la suspensión de licencias ya otorgadas como consecuencia de un incumplimiento por lo que se corre el riesgo de dictar una condena más severa de lo que la propia norma establece. El convenio lo que busca es mitigar afectaciones y buscar soluciones a problemáticas que se lleguen a presentar.
Los mercaderes de expectorante lucran de su venta, sabiendo perfectamente el daño que le hacen al paciente. Los doctores, cegados por un romanticismo inexplicable, parecen ignorar sus años de experiencia y formación para prestarse como tontos útiles. El responsable de la Consulta es el Estado. Todos vamos a pagar los daños y perjuicios derivados de esta sentencia. Pero además, sufriremos un incremento estimado de 35% en las tarifas eléctricas derivadas de #ElGranApagón. A eso debemos de sumar el costo indirecto en la estructura de costos de un restaurante, el salón de belleza, o las muchas otras cosas que consumimos y que se producen en nuestro país. Me pregunto entonces, ¿cuál es la lógica detrás de la suspensión de licencias? ¿Quién se beneficia de ello? ¿No debería de prevalecer nuestra soberanía y nuestro interés nacional? Nuestro país necesita medicamentos que atiendan nuestras enfermedades y no remedios “mágicos” que conlleven problemáticos efectos colaterales.
@salva_paiz
República es ajena a la opinión expresada en este artículo