Las hidroeléctricas son la mejor opción para que Guatemala avance en cambiar su matriz energética hacia fuentes renovables. Para lograr esto, los guatemaltecos debemos asumir primero que no existe una intervención humana que no tenga efectos en la naturaleza y segundo que necesitamos construir un modelo que sea económicamente eficiente, socialmente responsable y ambientalmente sostenible. Más fácil decirlo que hacerlo.
Guatemala ha dado algunos pasos en dejar atrás el combustible fósil para la generación de energía. Actualmente el país tiene una matriz energética mixta, para la segunda semana de febrero del 2017, el 54.88% de la energía generada provenía de fuentes renovables, principalmente hidroenergía y bio masa[1]. La diversificación de la matriz energética ha permitido también que los precios de la tarifa eléctrica disminuyan de manera paulatina. De mayo 2013 a mayo 2015 se aprecian reducciones que van desde un 9% hasta un 38% en los distintos esquemas de tarifa social, no social y las tres empresas distribuidoras[2].
Costa Rica nos lleva la delantera en este tema, el pasado 10 de enero celebraba con orgullo 271 días sin utilizar combustibles fósiles para la generación de energía[3]. El país centroamericano inauguró en 2016 la planta hidroeléctrica más grande de Centroamérica, la Hidroeléctrica Reventazón, llamada así por el río en el que se encuentra instalada; ésta es actualmente un orgullo del gobierno costarricense y ha sido llamada la “segunda mayor obra de infraestructura de la región centroamericana después del Canal de Panamá”[4].
El proyecto, diseñado en su totalidad por el Instituto Costarricense de Electricidad (una institución pública) y financiado por bancos nacionales y extranjeros, ayuda a Costa Rica a cubrir su demanda de energía renovable y le permite exportar energía al resto de países centroamericanos.
Debo aclarar que mi preocupación por las hidroeléctricas no es de carácter técnico sino político. A mi parecer lo más importante es buscar la manera de hacer viable la transformación de la matriz energética hacia fuentes renovables, en la menor cantidad de tiempo posible.
El sueño de una Guatemala que camine con energía renovable es posible, siempre y cuando el país logre resolver la conflictividad que ha rodeado a algunos de los grandes proyectos hidroeléctricos, conflictividad que suele tener un origen legítimo pero que algunas veces es estimulada por actores que operan en base a prejuicios, desconocimiento o intereses espurios.
El tema social es vital para lograr los objetivos de desarrollo que nos trazamos como país. Es una realidad que en las regiones en donde se realizan millonarias inversiones para la instalación de grandes proyectos hidroeléctricos, existen comunidades compuestas por población indígena y no indígena que se encuentran en una situación verdaderamente lamentable de pobreza y abandono.
Las desigualdades son visibles. Millonarias inversiones al lado de comunidades en las peores condiciones de vida. La situación es un caldo de cultivo para la conflictividad.
De allí que la opinión pública se debata entre la defensa de los derechos de las comunidades, como el de consulta expresado en el Convenio 169 de la OIT y la necesidad de tener proyectos hidroeléctricos que contribuyan a la construcción de una matriz energética limpia y renovable.
La discusión es necesaria y considero bienintencionada de ambos lados, tanto el inversionista está en su derecho de perseguir sus intereses como la comunidad de perseguir los suyos. No es culpa del empresario ni de la comunidad la falta de inversión en infraestructura, que lleve servicios básicos y eventualmente desarrollo.
El problema principal es que el modelo actual no permite que las comunidades se beneficien directamente de la instalación de los proyectos. El Estado recauda los impuestos generados por los proyectos, estos fondos terminan en el gran bolsón estatal y lo que logra escapar de la corrupción apenas llega a la región.
Es necesario que se piense en un modelo de políticas públicas dirigidas específicamente a invertir lo recaudado de los grandes proyectos en las áreas de incidencia de los mismos. Las poblaciones directamente afectadas por los proyectos hidroeléctricos debieran estar mejorando sus condiciones de vida, inicialmente a través de la inversión pública. No se puede esperar que las comunidades tengan una opinión favorable hacia los proyectos hidroeléctricos cuando les toca cargar con todo el costo social sin obtener ningún beneficio.
El Estado debe jugar un rol protagónico en el modelo de desarrollo del país, debe proporcionar certeza al inversionista, generar condiciones de desarrollo en las comunidades y velar porque tanto empresarios como comunitarios respeten el medio ambiente. Cuando el Estado es negligente, todos los actores ven afectados sus intereses y esto entorpece cualquier proceso de desarrollo.
[1] Fuente: CNEE, febrero 2017. Matriz energética de Guatemala.
[2] Fuente: Boletín CNEE del 28 de abril de 2015.
[3] Fuente: CNN, enero 2017.
[4] Fuente: La Prensa, Costa Rica, septiembre de 2016.
Las hidroeléctricas son la mejor opción para que Guatemala avance en cambiar su matriz energética hacia fuentes renovables. Para lograr esto, los guatemaltecos debemos asumir primero que no existe una intervención humana que no tenga efectos en la naturaleza y segundo que necesitamos construir un modelo que sea económicamente eficiente, socialmente responsable y ambientalmente sostenible. Más fácil decirlo que hacerlo.
Guatemala ha dado algunos pasos en dejar atrás el combustible fósil para la generación de energía. Actualmente el país tiene una matriz energética mixta, para la segunda semana de febrero del 2017, el 54.88% de la energía generada provenía de fuentes renovables, principalmente hidroenergía y bio masa[1]. La diversificación de la matriz energética ha permitido también que los precios de la tarifa eléctrica disminuyan de manera paulatina. De mayo 2013 a mayo 2015 se aprecian reducciones que van desde un 9% hasta un 38% en los distintos esquemas de tarifa social, no social y las tres empresas distribuidoras[2].
Costa Rica nos lleva la delantera en este tema, el pasado 10 de enero celebraba con orgullo 271 días sin utilizar combustibles fósiles para la generación de energía[3]. El país centroamericano inauguró en 2016 la planta hidroeléctrica más grande de Centroamérica, la Hidroeléctrica Reventazón, llamada así por el río en el que se encuentra instalada; ésta es actualmente un orgullo del gobierno costarricense y ha sido llamada la “segunda mayor obra de infraestructura de la región centroamericana después del Canal de Panamá”[4].
El proyecto, diseñado en su totalidad por el Instituto Costarricense de Electricidad (una institución pública) y financiado por bancos nacionales y extranjeros, ayuda a Costa Rica a cubrir su demanda de energía renovable y le permite exportar energía al resto de países centroamericanos.
Debo aclarar que mi preocupación por las hidroeléctricas no es de carácter técnico sino político. A mi parecer lo más importante es buscar la manera de hacer viable la transformación de la matriz energética hacia fuentes renovables, en la menor cantidad de tiempo posible.
El sueño de una Guatemala que camine con energía renovable es posible, siempre y cuando el país logre resolver la conflictividad que ha rodeado a algunos de los grandes proyectos hidroeléctricos, conflictividad que suele tener un origen legítimo pero que algunas veces es estimulada por actores que operan en base a prejuicios, desconocimiento o intereses espurios.
El tema social es vital para lograr los objetivos de desarrollo que nos trazamos como país. Es una realidad que en las regiones en donde se realizan millonarias inversiones para la instalación de grandes proyectos hidroeléctricos, existen comunidades compuestas por población indígena y no indígena que se encuentran en una situación verdaderamente lamentable de pobreza y abandono.
Las desigualdades son visibles. Millonarias inversiones al lado de comunidades en las peores condiciones de vida. La situación es un caldo de cultivo para la conflictividad.
De allí que la opinión pública se debata entre la defensa de los derechos de las comunidades, como el de consulta expresado en el Convenio 169 de la OIT y la necesidad de tener proyectos hidroeléctricos que contribuyan a la construcción de una matriz energética limpia y renovable.
La discusión es necesaria y considero bienintencionada de ambos lados, tanto el inversionista está en su derecho de perseguir sus intereses como la comunidad de perseguir los suyos. No es culpa del empresario ni de la comunidad la falta de inversión en infraestructura, que lleve servicios básicos y eventualmente desarrollo.
El problema principal es que el modelo actual no permite que las comunidades se beneficien directamente de la instalación de los proyectos. El Estado recauda los impuestos generados por los proyectos, estos fondos terminan en el gran bolsón estatal y lo que logra escapar de la corrupción apenas llega a la región.
Es necesario que se piense en un modelo de políticas públicas dirigidas específicamente a invertir lo recaudado de los grandes proyectos en las áreas de incidencia de los mismos. Las poblaciones directamente afectadas por los proyectos hidroeléctricos debieran estar mejorando sus condiciones de vida, inicialmente a través de la inversión pública. No se puede esperar que las comunidades tengan una opinión favorable hacia los proyectos hidroeléctricos cuando les toca cargar con todo el costo social sin obtener ningún beneficio.
El Estado debe jugar un rol protagónico en el modelo de desarrollo del país, debe proporcionar certeza al inversionista, generar condiciones de desarrollo en las comunidades y velar porque tanto empresarios como comunitarios respeten el medio ambiente. Cuando el Estado es negligente, todos los actores ven afectados sus intereses y esto entorpece cualquier proceso de desarrollo.
[1] Fuente: CNEE, febrero 2017. Matriz energética de Guatemala.
[2] Fuente: Boletín CNEE del 28 de abril de 2015.
[3] Fuente: CNN, enero 2017.
[4] Fuente: La Prensa, Costa Rica, septiembre de 2016.