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Propiedad privada, la institución vital para el desarrollo

Redacción República
07 de marzo, 2017

En los días recientes la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) presentó su trabajo sobre el Índice de Desarrollo Sostenible, un esfuerzo interesante, aunque desde varios puntos de vista, susceptible de crítica constructiva.

Empecemos por el término “desarrollo sostenible”, el cual a mi parecer es un pleonasmo, o expresión en la que aparecen dos términos redundantes. ¿Es posible llamar “desarrollo” a un conjunto de cambios o transformaciones, económicas y sociales principalmente, que fuesen insostenibles en el tiempo? El término es uno más, entre tantos, del marxismo cultural y su artificio de destrucción del lenguaje, que altera la sintaxis y la ortografía, para imponer una visión “políticamente correcta”. El desarrollo es, en tanto y en cuanto sea sostenible, no puede serlo diferente.

Pasando al tema de fondo, Fundesa generó un índice basado en un marco teórico cuestionable desde la fuente, el Banco Mundial y sus asesores (Kathy Lindert). Este marco teórico supone, a diferencia de las tres perspectivas clásicas (la social, la económica y la ambiental), tres nuevas dimensiones: la reducción de vulnerabilidades, la creación de oportunidades y el fortalecimiento institucional. Esta escuela conceptual plantea, de acuerdo a la presentación (http://bit.ly/FundesaIDS), un orden secuencial en su consecución, es decir, el primer paso consiste en reducir las vulnerabilidades, donde encontramos temas como salud, educación, seguridad, justicia y medio ambiente; luego corresponde crear oportunidades (fase 2, avance y tendencia), donde encontramos curiosamente “instituciones” como la propiedad privada, pero también variables como la infraestructura y, la fase de solidez y sostenibilidad, que consiste en el fortalecimiento institucional, donde encontramos la participación ciudadana y la continuidad de políticas públicas.

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Finalmente, y luego de hacer un ejercicio de cruzamiento de diversos índices en cada una de las etapas o procesos, Fundesa arriba a un Índice de Desarrollo Sostenible (IDS) para Guatemala: 51.6 puntos, el cual nos ubica en la posición 60 de 93 países. Sólo como referencia, Singapur es el país con el IDS más alto: 80 puntos y según Fundesa, la sostenibilidad se logra cuando se alcanza un índice mayor a 75 puntos.

Es evidente que el tema ha sido objeto de diversas escuelas de pensamiento, cada una con su propio lenguaje y andamiaje teórico. “Reconciliar” el crecimiento económico con el desempeño ambiental, el primer objetivo de los teóricos de la ONU cuando acuñaron el término en 1987, sencillamente no es posible ya que lo segundo es resultado del primero. Cuando el crecimiento económico ocurre en un marco de condiciones de gobierno limitado a sus funciones propias (seguridad, justicia e infraestructura), mercados realmente libres e irrestricto respeto a la propiedad privada, lo demás viene por añadidura. Y por lo demás me refiero a la reducción de vulnerabilidades (incluidas las ambientales) y a la creación de oportunidades. El ejemplo de Singapur es elocuente, pero también el de Estados Unidos y buena parte de la Europa occidental.

Lamentablemente, este ejercicio, como muchos otros, subestiman el valor de las “instituciones” como punto de partida, como pilar y fundamento de todo lo demás. En este sentido el aporte del Premio Nobel de Economía de 1993, Douglas North, es muy valioso: “Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la acción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico”. Para North, la definición de derechos de propiedad constituye el punto fundamental para el desarrollo de instituciones eficientes.

Fundesa lamentablemente no deja claro ni el rol de las instituciones ni el rol de los gobiernos en el proceso de desarrollo. Es más, entre líneas, les otorga funciones que no les corresponden (“reducir las vulnerabilidades” y “crear oportunidades”) y lamentablemente termina ratificando graves amenazas a la soberanía nacional al considera que el Convenio 169 de la OIT debe ser “reglamentado” en lugar de ser rescindido totalmente.

Igualmente, invito a conocer el estudio y a explorarlo a la luz de los principios que la Red de Amigos de la Naturaleza (Rana) en este sentido difunde en www.redrana.org.

______________

Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del CEES, del PERC y del Heartland Institute. Sus columnas se publican en varios medios digitales en América Latina. 

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

Propiedad privada, la institución vital para el desarrollo

Redacción República
07 de marzo, 2017

En los días recientes la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) presentó su trabajo sobre el Índice de Desarrollo Sostenible, un esfuerzo interesante, aunque desde varios puntos de vista, susceptible de crítica constructiva.

Empecemos por el término “desarrollo sostenible”, el cual a mi parecer es un pleonasmo, o expresión en la que aparecen dos términos redundantes. ¿Es posible llamar “desarrollo” a un conjunto de cambios o transformaciones, económicas y sociales principalmente, que fuesen insostenibles en el tiempo? El término es uno más, entre tantos, del marxismo cultural y su artificio de destrucción del lenguaje, que altera la sintaxis y la ortografía, para imponer una visión “políticamente correcta”. El desarrollo es, en tanto y en cuanto sea sostenible, no puede serlo diferente.

Pasando al tema de fondo, Fundesa generó un índice basado en un marco teórico cuestionable desde la fuente, el Banco Mundial y sus asesores (Kathy Lindert). Este marco teórico supone, a diferencia de las tres perspectivas clásicas (la social, la económica y la ambiental), tres nuevas dimensiones: la reducción de vulnerabilidades, la creación de oportunidades y el fortalecimiento institucional. Esta escuela conceptual plantea, de acuerdo a la presentación (http://bit.ly/FundesaIDS), un orden secuencial en su consecución, es decir, el primer paso consiste en reducir las vulnerabilidades, donde encontramos temas como salud, educación, seguridad, justicia y medio ambiente; luego corresponde crear oportunidades (fase 2, avance y tendencia), donde encontramos curiosamente “instituciones” como la propiedad privada, pero también variables como la infraestructura y, la fase de solidez y sostenibilidad, que consiste en el fortalecimiento institucional, donde encontramos la participación ciudadana y la continuidad de políticas públicas.

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Es evidente que el tema ha sido objeto de diversas escuelas de pensamiento, cada una con su propio lenguaje y andamiaje teórico. “Reconciliar” el crecimiento económico con el desempeño ambiental, el primer objetivo de los teóricos de la ONU cuando acuñaron el término en 1987, sencillamente no es posible ya que lo segundo es resultado del primero. Cuando el crecimiento económico ocurre en un marco de condiciones de gobierno limitado a sus funciones propias (seguridad, justicia e infraestructura), mercados realmente libres e irrestricto respeto a la propiedad privada, lo demás viene por añadidura. Y por lo demás me refiero a la reducción de vulnerabilidades (incluidas las ambientales) y a la creación de oportunidades. El ejemplo de Singapur es elocuente, pero también el de Estados Unidos y buena parte de la Europa occidental.

Lamentablemente, este ejercicio, como muchos otros, subestiman el valor de las “instituciones” como punto de partida, como pilar y fundamento de todo lo demás. En este sentido el aporte del Premio Nobel de Economía de 1993, Douglas North, es muy valioso: “Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la acción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico”. Para North, la definición de derechos de propiedad constituye el punto fundamental para el desarrollo de instituciones eficientes.

Fundesa lamentablemente no deja claro ni el rol de las instituciones ni el rol de los gobiernos en el proceso de desarrollo. Es más, entre líneas, les otorga funciones que no les corresponden (“reducir las vulnerabilidades” y “crear oportunidades”) y lamentablemente termina ratificando graves amenazas a la soberanía nacional al considera que el Convenio 169 de la OIT debe ser “reglamentado” en lugar de ser rescindido totalmente.

Igualmente, invito a conocer el estudio y a explorarlo a la luz de los principios que la Red de Amigos de la Naturaleza (Rana) en este sentido difunde en www.redrana.org.

______________

Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro del CEES, del PERC y del Heartland Institute. Sus columnas se publican en varios medios digitales en América Latina. 

República es ajena a la opinión expresada en este artículo