En el ambiente flotaba un olor a muerte y resonaban los gritos de dolor y auxilio de menores de edad que nunca debieron estar fuera de su hogar, menos encerradas para terminar sus vidas de una manera tan cruel y lejos de la protección del Estado que debía cuidarlas y defenderlas de los supuestos abusos de los que huyeron. Eran las primeras horas de un día miércoles que amaneció con un fuerte viento que se colaba por entre la ropa y hacía sentir frío.

La tragedia se pudo evitar si se hubieran tomando en cuenta las alertas realizadas con años de anticipación, pero ninguna autoridad, en especial la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP), les prestó atención. La tragedia de muchos menores fue anunciada y nadie impidió el sufrimiento.

A las ocho de la mañana del 8 de marzo, los bomberos Voluntarios recibieron la llamada de socorro y 15 minutos más tarde salió a toda velocidad y con la sirena abierta, una motobomba de la estación ubicada en San José Pinula, pero al llegar al Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado también en ese municipio y bajo la responsabilidad de la SBSP, se dieron cuenta que necesitaban refuerzos.

En total se desplazaron el lugar cinco motobombas, 20 ambulancias y 30 bomberos, según Mario Cruz, portavoz de ese cuerpo de socorro.

“Ya era poco el fuego, tardamos unos 15 minutos en controlarlo y se utilizaron alrededor de 500 a 800 galones de agua. No había más material combustible, solo las colchonetas”, afirma el bombero.

El jueves por la noche, decenas de ciudadanos protestaron frente al Palacio Nacional y la Casa Presidencial para pedir justicia para las víctimas.

Recuento de los daños

Tras apagarse las llamas empezó a emerger la magnitud de la tragedia, una de las peores registradas en el país. Fue hasta poco después del mediodía que se dio a conocer la cifra de fallecidos en ese lugar: 19.

Sin embargo, 18 más dejaron de existir en los centros de atención hospitalaria a donde fueron llevadas por los socorristas. El trabajo de traslado a los centros de atención médica terminó a eso de las cinco de la tarde, según Cruz.

Los reportes médicos y forenses dan cuenta que las menores de edad dejaron de existir por inhalación de monóxido de carbono y por las graves quemaduras, algunas de las cuáles incluso llegaron hasta los huesos.

“Cuando ingresamos en el área, las menores aún estaban conscientes, personas que se encontraban adentro nos ayudaron a sacar a más pacientes del cuarto que se encuentra al fondo. Se sentía el olor a carne quemada, aún se escuchaban lamentos de algunas menores de edad que estaban afuera porque ya las empezaban a sacar. Nunca había vivido una situación así. Hubo ocasiones en que nos han dicho que hay personas adentro (de un incendio) pero han sido uno o dos, pero no la cantidad que encontramos ahí”, cuenta Daniel Percuá, uno de los socorristas que estuvo en el lugar.

Lecciones no aprendidas

La versión oficial señala que un grupo de internas  le prendió fuego a unas colchonetas y ese fue el inicio del incendio. No fue, sin embargo, el primero. Ya había ocurrido otro en 2013 y en ambas situaciones se evidenció la inexistencia de una protocolo de seguridad en casos de accidentes.

En agosto 2013, según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), se registró un incendio en el módulo 8, donde se encontraban las niñas madres. Ello causó “un ambiente tenso, tornándose una situación caótica, que escapaba al control de las autoridades, siendo necesario que llegaron los bomberos”, según una resolución de la magistratura de conciencia de fecha 26 de octubre de dicho año. Una de las conclusiones hecha en términos generales en esa ocasión fue “la inexistencia de planes de abordaje en situaciones de crisis”.

Los manifestantes culpan al Estado por no atender las voces que alertaron de que el lugar no era adecuado para los menores.

Los días previos a la tragedia

Las protestas por el supuesto maltrato de los monitores, las reiteradas fugas y riñas, fue la tónica marcó los días previos a la tragedia. El lunes, dos días antes, las menores de edad empezaron a manifestar su rechazo hacia los monitores a tal punto que fue necesario un despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), para resguardar el perímetro externo del Hogar Virgen de la Asunción.

Veinticuatro horas después y pasado el mediodía, según versiones oficiales, un grupo de internas empezó otra vez a protestar porque consideraban que eran objeto de malos tratos y en la noche hubo una riña colectiva que aprovecharon unos 60 menores para escapar. Varios fueron detenidos y devueltos al sitio.

Esa fue la antesala de la mañana del 8 de marzo, cuando ocurrió el incendio. Las fallecidas, según la PDH, supuestamente se encontraban bajo llave como castigo y prevención para que no continuarán alterando el orden.

Advertencias desde 2013

La PDH, especialmente, pero también el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), solicitaron desde hace años, el cierre progresivo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, debido a los antecedentes de maltratos, violaciones sexuales y agresiones entre adolescentes que llegaron incluso a la muerte, constantes fugas y la reclusión en el lugar de protección y abrigo de menores en conflicto con la ley.

En 2016 la PDH presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP), por la posible existencia de una red de trata, maltrato a niños, niñas y adolescentes en el hogar de abrigo y protección a cargo de la SBSP, pero igual, el lugar siguió funcionando.

El 14 de  noviembre, del 2016, la PDH aseguró que el Hogar Seguro “no contaba con personal técnico y profesional suficiente para la atención de niñez y adolescencia albergada; además, por falta de presupuesto, no cumple con las condiciones mínimas que garanticen la atención integral de estos”.

Y tres días antes había solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidiera al Estado otorgar medidas cautelares a favor de los niños, niñas y adolescentes de este establecimiento y de los cuatro centros juveniles de privación de libertad administrados y dirigidos por la SBSP.

Pero no fue la única voz que se alzó para pedir que se protegiera a los menores. El pasado 12 de diciembre el Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del  Área Metropolitana, ordenó una “transformación” del hogar de abrigo y protección.

Varios hechos dejaron en claro en 2013 que el hogar era inseguro y que representaba un peligro para los menores de edad ahí recluidos. En octubre de ese año una adolescente de 14 años fue asesinada por dos de sus compañeras, de 14 y 15, quienes la estrangularon con una bufanda.

El 31 de octubre de 2016 se escaparon de ese lugar 47 menores y el 14 de noviembre algunas adolescentes denuncian que son víctimas de maltrato.

La tragedia se veía venir y las autoridades no pueden argumentar desconocimiento de que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, era una bomba de tiempo, ahora es demasiado tarde para muchas víctimas que vieron cómo el Estado no prestó atención a sus ruegos de auxilio de hace muchos años, menos a los del miércoles por la mañana.