Washington, Estados Unidos | AFP |

Autoridades judiciales de varios estados aceleraban este lunes en Estados Unidos sus preparativos para interponer medidas que suspendan el nuevo decreto migratorio del presidente Donald Trump, que debería entrar en vigor el jueves.

Como ya había ocurrido con el decreto original, firmado por Trump el 27 de enero, el estado de Washington (oeste) se puso al frente de la resistencia a las restricciones al ingreso de personas de seis países de mayoría musulmana incluidas en la nueva versión del texto.

Bob Ferguson, el fiscal general del estado de Washington, espera obtener de tribunales federales una suspensión similar a la que había obtenido el 3 de febrero, que canceló los efectos del primer decreto migratorio firmado por el presidente.

En un documento al juez federal James Robart, Ferguson solicitó la convocatoria de una audiencia de urgencia el martes.

En un alegato de 16 páginas, Ferguson sostiene que este segundo decreto adopta “la misma política de base” del decreto original, y además incluye dos mecanismos que ya habían sido condenados por la justicia.

Al mismo tiempo, el estado de California (oeste) anunció este lunes que se sumará a la demanda judicial de Ferguson en Washington, formando así un bloque que incluye también a Minesota, Nueva York y Oregon.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, señaló en una nota que “el gobierno de Trump pudo haber modificado el texto de su ya desautorizado bloqueo al ingreso de musulmanes, pero no ha cambiado su naturaleza inconstitucional ni sus efectos”.

El Estado de Hawái ya presentó un recurso ante un tribunal federal contra el nuevo decreto, al tiempo que diversas organizaciones de defensa de los refugiados han encontrado el apoyo del fiscal del estado de Maryland.

Cortes federales en Hawái y Maryland ya agendaron audiencias este jueves sobre el nuevo decreto migratorio, en lo que se ya se perfila como una larga batalla de tribunales.

El nuevo decreto migratorio firmado por Trump cierra temporariamente las fronteras del país a los refugiados de seis países de mayoría musulmana. La medida veta, además, el ingreso de refugiados por un plazo de 120 días, y suspende por 90 días la emisión de visados para personas de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.

Se trata de una versión levemente atenuada del decreto firmado el 27 de enero, apenas una semana después de la investidura presidencial, y que ya había desatado una oleada global de indignación.