Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos acudió al Congreso de la República para apoyar la iniciativa de ley del diputado Raúl Romero del partido FUERZA que promueve la aplicación de la pena de muerte. Los universitarios se identificaron como el Comité de Huelga de la Facultad de Derecho.
“Como estudiantes consecuentes venimos para mostrar nuestro sentir por la crisis que atraviesa el país. El índice de violencia es alto y el gobierno no ha sido capaz de reducir la ola de violencia. Estamos de acuerdo con la iniciativa”, declaró uno de los dirigentes.
La propuesta, presentada el pasado 24 de febrero, busca reformar el Código Penal para que se elimine la figura del indulto o perdón presidencial. “Es necesario eliminar la figura del indulto de nuestro ordenamiento jurídico para que sean los órganos encargados de administrar justicia los que apliquen la pena de muerte o en su caso la pena de prisión.”, detalla la iniciativa.
La pena de muerte no se aplica en el país debido al vacío legal que existe en el indulto. En 2002, el entonces presidente Alfonso Portillo derogó el acuerdo que daba la potestad al mandatario para aplicar o no la pena capital. Desde entonces han sido presentadas varias propuestas que no han avanzado en su aprobación.
Un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos acudió al Congreso de la República para apoyar la iniciativa de ley del diputado Raúl Romero del partido FUERZA que promueve la aplicación de la pena de muerte. Los universitarios se identificaron como el Comité de Huelga de la Facultad de Derecho.
“Como estudiantes consecuentes venimos para mostrar nuestro sentir por la crisis que atraviesa el país. El índice de violencia es alto y el gobierno no ha sido capaz de reducir la ola de violencia. Estamos de acuerdo con la iniciativa”, declaró uno de los dirigentes.
La propuesta, presentada el pasado 24 de febrero, busca reformar el Código Penal para que se elimine la figura del indulto o perdón presidencial. “Es necesario eliminar la figura del indulto de nuestro ordenamiento jurídico para que sean los órganos encargados de administrar justicia los que apliquen la pena de muerte o en su caso la pena de prisión.”, detalla la iniciativa.
La pena de muerte no se aplica en el país debido al vacío legal que existe en el indulto. En 2002, el entonces presidente Alfonso Portillo derogó el acuerdo que daba la potestad al mandatario para aplicar o no la pena capital. Desde entonces han sido presentadas varias propuestas que no han avanzado en su aprobación.