La Organización de Estados Americanos, por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió información a Guatemala acerca del estado en el que se encontraba el albergue Hogar Seguro Vírgen de La Asunción, donde se registró un incendio que causó la muerte de 40 niñas, sin obtener respuesta alguna, señala un artículo publicado en El País, de España.
El 31 de enero, la Comisión pidió información al gobierno de Jimmy Morales y exigió conocer las acciones para proteger la vida de las menores y garantizar su acceso a servicios médicos, pero hasta la fecha “el Estado de Guatemala no ha presentado su respuesta”, señala el punto 2.10 de un comunicado emitido este lunes por la CIDH, el cual se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/8-17MC958-16-GU.pdf
La entidad recordó que también se pidió información de las denuncias de trata de personas recibidas, pero tampoco hubo respuesta dentro de los 15 días habilitados para contestar.
El 8 de marzo ocurrió el incendio en el albergue ubicado en San José Pinula, una ciudad dormitorio 21 kilómetros al este de la capital. El centro acogía a niñas y adolescentes víctimas de violencia, con lguna discapacidad, o sufren de adicciones.
Tragedia fue anunciada
Muchas organizaciones habían denunciado el grave riesgo que corrían las niñas ahí encerradas, sin embargo, el de la OEA era el primer señalamiento que hace un organismo internacional.
La petición girada por la CIDH formaba parte de las diligencias efectuadas para conceder, o no, medidas cautelares al albergue, al considerar que la vida de los niños corría peligro, tal y como había solicitado la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala el 11 de noviembre.
80 días después de esa solicitud, la Comisión respondió pidiendo detalles a la COPREDEH, una comisión dependiente de la presidencia de Guatemala, encargada de atender los reclamos en materia de Derechos Humanos, sin obtener respuesta alguna, agrega el artículo.
Según los primeros indicios, las jóvenes fallecidas estaban encerradas bajo llave en una pequeña aula y originaron el fuego para protestar por las violaciones y agresiones que sufrían.
Medidas cautelares
Las medidas cautelares son un compendio de prácticas dirigidas a proteger la vida de alguien en peligro inminente. El artículo 25 del reglamento de la CIDH establece que el sentido de estas disposiciones, es actuar con inmediatez “ante situaciones de gravedad y urgencia que presenten un daño irreparable a los derechos humanos”.
En este sentido, Juan Carlos Gutiérrez, abogado experto en derecho internacional señala que el órgano internacional “tardó más de dos meses en solicitar información al Estado y, por otra parte, se observa la absoluta displicencia del Estado de Guatemala que ante la solicitud de información realizada en enero de 2017 por la CIDH no diera respuesta y hasta la fecha no lo haya realizado, vulnerando todas sus obligaciones internacionales” explica a este diario.
Finalmente, este lunes 13 de marzo, la Comisión aprobó finalmente medidas cautelares para proteger a los niños. En su medida cautelar, la CIDH solicitó al gobierno guatemalteco verificar que las condiciones en las que se encuentren las menores de edad en la casa hogar cumplan con estándares internacionales y que emprenda medidas para promover la reintegración a sus familias.
Abusos tras abusos
Desde hace años el centro ha estado envuelto en polémica. Decenas de denuncias por agresiones sexuales, físicas y maltratos se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta, un hecho que Morales achacó a la Fiscalía, el ente encargado de investigarlas, presentarlas a los juzgados y buscarles una solución.
Cuarenta niñas muertas después la justicia también respondió y tres exfuncionarios del Gobierno de Guatemala que eran responsables del albergue fueron detenidos este lunes, informó el Ministerio Público.
Los arrestados son el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia, Carlos Antonio Rodas Mejía, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del albergue, Santos Torres, quienes dejaron esos cargos tras la tragedia.
El comunicado recibido este lunes, confirma que también en COPREDH, dependiente de la presidencia de Morales, había recibido las denuncias sobre el mortífero lugar. El presidente Morales, que ha pedido ayuda al FBI para resolver las causas del incendio, tendría la respuesta mucho más cerca de lo que cree, concluye la nota de El País.
Carlos Rodas y Santos Torres, detenidos el lunes por la tarde.
La Organización de Estados Americanos, por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió información a Guatemala acerca del estado en el que se encontraba el albergue Hogar Seguro Vírgen de La Asunción, donde se registró un incendio que causó la muerte de 40 niñas, sin obtener respuesta alguna, señala un artículo publicado en El País, de España.
El 31 de enero, la Comisión pidió información al gobierno de Jimmy Morales y exigió conocer las acciones para proteger la vida de las menores y garantizar su acceso a servicios médicos, pero hasta la fecha “el Estado de Guatemala no ha presentado su respuesta”, señala el punto 2.10 de un comunicado emitido este lunes por la CIDH, el cual se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/8-17MC958-16-GU.pdf
La entidad recordó que también se pidió información de las denuncias de trata de personas recibidas, pero tampoco hubo respuesta dentro de los 15 días habilitados para contestar.
El 8 de marzo ocurrió el incendio en el albergue ubicado en San José Pinula, una ciudad dormitorio 21 kilómetros al este de la capital. El centro acogía a niñas y adolescentes víctimas de violencia, con lguna discapacidad, o sufren de adicciones.
Tragedia fue anunciada
Muchas organizaciones habían denunciado el grave riesgo que corrían las niñas ahí encerradas, sin embargo, el de la OEA era el primer señalamiento que hace un organismo internacional.
La petición girada por la CIDH formaba parte de las diligencias efectuadas para conceder, o no, medidas cautelares al albergue, al considerar que la vida de los niños corría peligro, tal y como había solicitado la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala el 11 de noviembre.
80 días después de esa solicitud, la Comisión respondió pidiendo detalles a la COPREDEH, una comisión dependiente de la presidencia de Guatemala, encargada de atender los reclamos en materia de Derechos Humanos, sin obtener respuesta alguna, agrega el artículo.
Según los primeros indicios, las jóvenes fallecidas estaban encerradas bajo llave en una pequeña aula y originaron el fuego para protestar por las violaciones y agresiones que sufrían.
Medidas cautelares
Las medidas cautelares son un compendio de prácticas dirigidas a proteger la vida de alguien en peligro inminente. El artículo 25 del reglamento de la CIDH establece que el sentido de estas disposiciones, es actuar con inmediatez “ante situaciones de gravedad y urgencia que presenten un daño irreparable a los derechos humanos”.
En este sentido, Juan Carlos Gutiérrez, abogado experto en derecho internacional señala que el órgano internacional “tardó más de dos meses en solicitar información al Estado y, por otra parte, se observa la absoluta displicencia del Estado de Guatemala que ante la solicitud de información realizada en enero de 2017 por la CIDH no diera respuesta y hasta la fecha no lo haya realizado, vulnerando todas sus obligaciones internacionales” explica a este diario.
Finalmente, este lunes 13 de marzo, la Comisión aprobó finalmente medidas cautelares para proteger a los niños. En su medida cautelar, la CIDH solicitó al gobierno guatemalteco verificar que las condiciones en las que se encuentren las menores de edad en la casa hogar cumplan con estándares internacionales y que emprenda medidas para promover la reintegración a sus familias.
Abusos tras abusos
Desde hace años el centro ha estado envuelto en polémica. Decenas de denuncias por agresiones sexuales, físicas y maltratos se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta, un hecho que Morales achacó a la Fiscalía, el ente encargado de investigarlas, presentarlas a los juzgados y buscarles una solución.
Cuarenta niñas muertas después la justicia también respondió y tres exfuncionarios del Gobierno de Guatemala que eran responsables del albergue fueron detenidos este lunes, informó el Ministerio Público.
Los arrestados son el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia, Carlos Antonio Rodas Mejía, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del albergue, Santos Torres, quienes dejaron esos cargos tras la tragedia.
El comunicado recibido este lunes, confirma que también en COPREDH, dependiente de la presidencia de Morales, había recibido las denuncias sobre el mortífero lugar. El presidente Morales, que ha pedido ayuda al FBI para resolver las causas del incendio, tendría la respuesta mucho más cerca de lo que cree, concluye la nota de El País.
Carlos Rodas y Santos Torres, detenidos el lunes por la tarde.