El pasado 17 de febrero de 2017, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la decisión de la Corte Suprema de Justicia que suspende provisionalmente las operaciones de las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II, con el argumento que las comunidades no habrían sido consultadas sobre la realización de ambos proyectos hidráulicos.

Tras este fallo, sucesivos campos pagados han sido publicados en diarios de circulación nacional por Energy Resources, firma propietaria de Oxec I y Oxec II, y organizaciones líderes de opinión en el país, como: Cámara de Industria, Cámara de Comercio, AGEXPORT, Cámara de Finanzas, Gremial Forestal, Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana, Cámara Guatemalteca de la Construcción, Asociación Nacional de Generadores (ANG) y Administrador del Mercado Mayorista (AMM), entre otras.

Los firmantes exponen las graves consecuencias para el desarrollo de Guatemala, el progreso de las comunidades, el acceso, abastecimiento, suministro y precio de la energía, la diversificación de la matriz energética, la integración eléctrica del país, el uso de energía limpia y renovable, la certeza jurídica, la generación de empleo y la atracción de inversión, en caso de que la CC suspenda definitivamente la operación de Oxec I y Oxec II.

Asimismo, en estos espacios publicitarios, Energy Resources ha sido enfática: de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es el Estado el único responsable en realizar las consultas comunitarias, mismas que sí fueron realizadas por las autoridades pertinentes tomando en consideración los enfoques de interculturalidad, género y participación que prevé este convenio.

“Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad… las comunidades del área de influencia esperan su respuesta… los guatemaltecos conscientes de los beneficios de una energía limpia esperan su respuesta”. Energy Resources asegura que el cese de las operaciones está provocando daños irreparables en las comunidades que se han beneficiado con los proyectos.

Una oportunidad comunicacional para Energy Resources sería solicitar a comunidades y “guatemaltecos conscientes” manifestarse públicamente a favor de Oxec I y Oxec II, con testimoniales en medios de comunicación, redes sociales, foros de opinión, columnas y otras instancias de comunicación.

Padres de familia, vecinos, comerciantes y empresarios del municipio de Santa María Cahabón y del departamento de Alta Verapaz; líderes comunitarios; líderes q’eqchies, organizaciones del ámbito ambiental, social y desarrollo sostenible en el país, tienen la posibilidad de conformar una “voz diferente” para que los magistrados de la CC también conozcan la opinión de los ciudadanos afectados por la suspensión.

Acciones como la de líderes de Rocjá Pontilá, quienes solicitaron el 20 de febrero de 2017 el reinicio de las operaciones de Oxec I y Oxec II porque benefician a sus comunidades. O la marcha de representantes de 11 comunidades vecinas hacia la Corte de Constitucionalidad para pedir la continuidad de estos proyectos hidroeléctricos (4 de noviembre de 2016), son positivas porque ayudan a mostrar nuevas aristas de esta problemática. Sin embargo, no han tenido mayor continuidad y visibilidad.

Sin un balance informativo, la estrategia comunicacional de los campos pagados podría estar transmitiendo, sin querer, un mensaje equivocado: una defensa metódica y organizada de intereses empresariales y sectoriales, cuando lo que en realidad está en juego es el desarrollo, futuro y progreso de Guatemala entera, a nivel país y comunidades.

La propia ONU afirma que “la energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todos es esencial”. http://www.un.org/es/sustainablefuture/energy.shtml

Es hora de hacer un mejor trabajo comunicacional que ciertos grupos que dicen representar legítimamente a las comunidades pero que, realmente, lo que buscan es seguir viviendo del “negocio de la conflictividad”. Individuos que, por un lado, exigen la nacionalización de la energía eléctrica sin decir cómo, cuándo ni a qué costo, pero por otro viajan en primera clase a Bruselas.

Pero algo sí hay que reconocerles a estas agrupaciones que se oponen a cualquier proyecto de desarrollo: su discurso ha logrado calar en comunidades, autoridades y organismos internacionales. Y, que conste, muy pocas veces utilizan los onerosos, sobrevalorados, unidireccionales y recargados campos pagados.

 

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