Ciudad de Guatemala, Guatemala | AFP |

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, visitó este miércoles comunidades de Guatemala asentadas en la frontera no delimitada con Belice, escenario de varios incidentes armados por una centenaria disputa, informó la cancillería guatemalteca.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de un comunicado, señaló que Almagro recorrió cuatro de 36 comunidades en la llamada zona de adyacencia, en el norteño departamento de Petén, para conocer proyectos agrícolas que impulsa el gobierno guatemalteco con apoyo de la OEA y países donantes.

Almagro estuvo en las comunidades donde desde 2011 se “desarrollan proyectos de cultivo de xate, cacao, cardamomo, así como de crianza de peces y gallinas”, refirió el boletín.

Los proyectos “son fundamentales para mejorar las economías de las familias y generar empleo en esas comunidades alejadas de las zonas urbanas”, añadió el texto.

La falta de un acuerdo de delimitación fronteriza ha marcado una larga historia de conflictos entre Guatemala y Belice, que mantienen un litigio territorial desde hace más de 150 años.

De acuerdo con ONG humanitarias, las poblaciones en esa región no han recibido la atención del Estado guatemalteco y eso hace que se adentren en la zona de adyacencia administrada por Belice, dando lugar a los incidentes.

El gobierno guatemalteco recrimina a Belice que 10 campesinos guatemaltecos han muerto a manos de militares beliceños en los últimos 17 años, el último caso ocurrido en abril de 2016 con la muerte de un adolescente.

Aunque Guatemala señaló a soldados beliceños del ataque, un informe de la OEA descartó ese extremo y concluyó que las heridas fueron provocadas por disparos de ambientalistas que encontraron al menor junto a su padre y hermano realizando cacería ilegal.

Aunque Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, le reclama a su vecino 12.272 km2, equivalente al 50% del territorio de la excolonia británica, incluyendo varias islas y cayos.

Los dos países acordaron en 2008 elevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, pero antes se tiene que realizar una consulta popular sobre el tema en cada país, para lo cual falta definir fechas.