Normar la tasa por cobro de alumbrado público a nivel nacional y eliminar la discrecionalidad que para ello tienen las municipalidades buscan los organismos Ejecutivo y Legislativo. Para ello instalaron una mesa técnica que busca consensos para elaborar una iniciativa de ley que corrija dicho problema.
“En la actualidad, de 296 municipios en el aérea de cobertura de Deocsa y Deorsa, existen 240 tasas de alumbrado público distintas, que van desde Q.0 hasta Q78 mensuales. Por ello, 6 de cada 10 guatemaltecos pagan más por el servicio de alumbrado que por su consumo residencial de electricidad”, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
En la primera reunión de la mesa técnica, en donde participan representantes del MEM, del Ejecutivo y asesores y diputados del Congreso de la República, se habló de la necesidad de definir una metodología, un cálculo matemático que debería aplicarse al cobro del arbitrio.
Entre las propuestas que han sobresalido, por el momento, está que el pago del alumbrado público sea proporcional al consumo, que exista una efectiva contraprestación del servicio; es decir, que los usuarios que no cuentan con el servicio no paguen o bien que las municipalidades estén obligadas a iluminar las calles de las comunidades y que se incluya en el cobro a los grandes usuarios.
Normar la tasa por cobro de alumbrado público a nivel nacional y eliminar la discrecionalidad que para ello tienen las municipalidades buscan los organismos Ejecutivo y Legislativo. Para ello instalaron una mesa técnica que busca consensos para elaborar una iniciativa de ley que corrija dicho problema.
“En la actualidad, de 296 municipios en el aérea de cobertura de Deocsa y Deorsa, existen 240 tasas de alumbrado público distintas, que van desde Q.0 hasta Q78 mensuales. Por ello, 6 de cada 10 guatemaltecos pagan más por el servicio de alumbrado que por su consumo residencial de electricidad”, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
En la primera reunión de la mesa técnica, en donde participan representantes del MEM, del Ejecutivo y asesores y diputados del Congreso de la República, se habló de la necesidad de definir una metodología, un cálculo matemático que debería aplicarse al cobro del arbitrio.
Entre las propuestas que han sobresalido, por el momento, está que el pago del alumbrado público sea proporcional al consumo, que exista una efectiva contraprestación del servicio; es decir, que los usuarios que no cuentan con el servicio no paguen o bien que las municipalidades estén obligadas a iluminar las calles de las comunidades y que se incluya en el cobro a los grandes usuarios.