Pagando y en complicidad de dos oficiales y del juez de Primera Instancia de Salamá, Baja Verapaz, Román Raymundo López, dirigente del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), logró detener el proceso penal que se le sigue por hurto de fluidos, según el Ministerio Público (MP).

La denuncia contra el mencionado fue presentada por DEORSA en febrero de 2015 por los delitos de hurto de fluidos, atentado contra la seguridad de los servicios de utilidad pública, delito contra la actividad interior de la nación, instigación a delinquir y cualquier otro que resulte de la investigación, de acuerdo con la empresa afectada.

El MP investigaba al auxiliar judicial encargado de la programacion de audiencias por otras denuncias y descubrió que éste contactó a Román Raymundo para ponerse “apoyarlo a cambio de dinero”, retrasando la audiencia de primera declaración, añadió el MP.

“El caso tiene que ver con él y otras personas sindicadas hurto de fluidos en varias comunidades, investigación a cargo de la Agencia Metropolitana. No llevaron a cabo la audiencia, pese a que el personal del MP la estaba solicitando”, señaló Mayra Véliz, secretaria general del MP.

Solicitan quitar inmunidad

Asimismo, el MP presentó una solicitud de antejuicio contra el juez de Salamá, Jorge Luis Molina Muñoz, a quien señalan de recibir dinero a cambio de favorecer a Román Raymundo López y a otras personas investigadas por las autoridades.

La pesquisa inició el 26 de septiembre 2016, cuando denunciaron en el MP un cobro ilegal en un proceso jurídico.

Los apresados este día son acusados por los delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho activo y abuso de autoridad.