Resulta que algunos diputados de la actual legislatura salieron más “listos que bonitos”, parafraseando el dicho popular, al proponer mediante una moción aprobar de urgencia nacional, una iniciativa que pretendía modificar la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo.

En dicha iniciativa, la 5259, aducen que no existen procedimientos claros a seguir en las contrataciones de personal y que a pesar de que la misma ley manda a emitir manuales, éstos no han logrado su propósito de establecer los procedimientos además de que no reflejan la estructura administrativa del Legislativo. Por si estos lamentos, titulados como considerandos, no fueran suficientes exponen que dichos manuales ni siquiera fueron emitidos oportunamente.

Ante semejante descontrol y desconcierto, algunos diputados, nueve para ser exactos, presentaron la iniciativa que pretendía modificar un párrafo del artículo 100 de la anterior Ley.  La iniciativa consta de cinco páginas y tres artículos. El primer artículo no tiene desperdicio si queremos entender hasta dónde puede llegar el absurdo y el descaro de algunos diputados, también es muy útil para ejemplificar la “legislorrea” que emana de algunos de ellos.

Según la iniciativa “Se reconoce la validez jurídica de TODOS los actos Legislativos realizados durante el periodo 2,008 a la presente fecha”, aclaro que las mayúsculas son mías.  Pero ¿Por qué tan tímidos y sólo desde el 2,008? ¿Por qué no todos los periodos? ¿Qué diferencia hay entre perdonar de un año, cinco o diez atrás? ¿Será que por esas fechas no eran legisladores?

No contentos con esa absolución, el artículo continúa con “se reconoce la validez Jurídica, Administrativa y Laboral de todos los contratos laborales y/o administrativos realizados bajo los renglones presupuestarios 011, 022, 029 suscritos con el Congreso…” Es decir, por decreto, cualquier pacto colectivo firmado del 2008 a la fecha sería válido. No importa si se violó alguna ley, si no había presupuesto, si excede el gasto razonable por el tipo de trabajo que desempeñan o si son plazas para fantasmas. 

“Además se valida y reconoce como legales todas aquellas acciones desarrolladas por la junta directiva, bloques legislativos, comisiones de trabajo y de parlamentarios…especialmente las reuniones, citaciones y/o interpelaciones a funcionarios públicos dentro del periodo 2008 a la fecha”. Entonces ¿las denuncias contra el diputado Giordano y su camarilla por presunta presión a gobernadores queda inválida? ¿Las citaciones a puerta cerrada con funcionarios son legales? ¿Ese es el combate a la corrupción que tanto dijeron apoyar?

Si usted consideraba que el antejuicio era un privilegio, las prerrogativas que otorga el antejuicio palidecen ante las que se recetan estos politiqueros. En lugar de revisar los manuales, exigir procedimientos claros y utilizar el sentido común prefieren declararse inmaculados por decreto. 

Es muy probable que hayamos pagado una fortuna por dichos manuales que aseguran no sirven. Es muy probable que tan sólo sea un pretexto para enterrar casos de corrupción y malversación en las contrataciones de personal en el Congreso. ¿Cuántos familiares hay contratados? ¿Cuántas plazas para fantasmas fueron cobradas? ¿Cuántos favores políticos se pagaron mediante plazas?

El intento, afortunadamente, fallido de pasar de urgencia nacional dicha iniciativa muestra que aún existe algo de razón y prudencia en el resto de diputados. Este caso es un claro ejemplo de la “legislorrea” que padecen muchos diputados. Que creen que su productividad se mide por el número de iniciativas que presenten sin importar el contenido de las mismas.

La iniciativa 5259 erosiona el Estado de Derecho, va en contra de la moral y se otorgan el poder de un dictador al declararse infalibles y por consiguiente inmaculados. La iniciativa 5259 quedará, espero, en los anales de la historia como un recuerdo de que el Estado de Derecho se debe fortalecer y proteger todos los días, en especial, de aquéllos que sueñan con ser inmaculados por Decreto. 

@Md30

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