Se dijo mil veces: “después de la indignación y la propuesta, ¿qué?” 40 niñas perecieron a manos de un Estado inepto que intentó forzar su paternidad y falló como fallaría cualquiera que no tuviera las capacidades para dar a un niño los elementos afectivos, educacionales, alimenticios y salubres que necesita. Se dijo miles de veces que a pesar de lo mucho que nos molestara que sucedieran estas cosas, todo iba a seguir igual. Ojalá hubiera sido, por lo menos, así. Hoy estamos lejos de aprender la dura lección que recibimos.

Y es que nuestro Gobierno confunde las cosas que puede hacer con las cosas que debe hacer. Entiéndase: la Procuraduría General de la Nación puede tener la patria potestad de los menores si están en condición de abandono o peligro, pero, en el marco del supuesto interés superior del niño, no debería quitar de las manos de gente capacitada y dedicada únicamente a esa labor los niños que se encuentran en mejores condiciones que las que el Estado les puede dar.

El Hogar Rafael Ayau es una de esas manos. ¿Qué podrán ganar unas religiosas ortodoxas con cuidar niños desfavorecidos? Y, sobre todo, ¿qué hace creer al Gobierno de Guatemala que abusando de su autoridad y convirtiéndola en autoritarismo puede proveer de mejores condiciones un hogar fruto de la iniciativa privada?

La cosa es así de simple: si el Gobierno creyera en el principio de interés superior del niño que se predica desde el Código Civil, el razonamiento sería sencillamente que lo que interesa es que los niños estén en condiciones favorables. Y que si esto no supone que los niños estén a cargo de las instituciones estatales, está bien. Todo está bien si los niños están bien. Tal vez la Procuraduría General de la Nación puede explicarnos a dónde quiere llevar a los niños que hoy están en manos que les quieren.

Hay otro punto interesante: la Procuraduría General funge como “los abogados del Estado”. O sea que tramitan los procesos y participan en ellos para la defensa y asesoría legal de las instituciones del Ejecutivo.

Mandar una carta de extorsión donde obliguen a un Hogar privado a estatizarse no es un proceso. No es un derecho y menos una obligación. Si la PGN quiere el lugar en el que está el hogar, si el Gobierno quiere a los niños, que asista ante los tribunales. Así se procede. No se abusa de la autoridad que no tiene. Como si no le bastara con el escándalo de hace pocos días, hoy la PGN da patadas de ahogado.

Aquí va mi propuesta: “laissez faire”. Dejar hacer. Dejar ser libres. Dejar en las manos de los que pueden lo que el Gobierno ni puede ni debería. O si no, quedémonos como hasta hoy.

Hoy está perdiendo la libertad.

Hoy está perdiendo el interés superior del niño.

Hoy está perdiendo Guatemala.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo