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Gol de la izquierda

Betty Marroquin
30 de marzo, 2017

Ayer aprobaron el Artículo 4 de las Reformas Constitucionales que modifica el Artículo 205 de la Constitución de la República.

Ahora el Artículo 205 de la Constitución rezará: Garantías y principios del sistema de administración de justicia. Son garantías de la administración de justicia las siguientes: a) La independencia funcional y económica del Organismo Judicial; b) La carrera profesional basada en concursos públicos de oposición que garanticen la igualdad y la no discriminación; c) El respeto a la pluriculturalidad e igualdad en el acceso al sistema de justicia y las carreras profesionales; d) La asistencia legal gratuita, en todas las ramas de la administración de justicia, siempre y cuando se compruebe que el interesado carece de medios suficientes para sufragarla. La justicia se ejerce conforme los principios de oralidad, publicidad, celeridad, unidad, inmediación, economía procesal y acceso a las garantías del debido proceso, como fundamentales para todo proceso y procedimiento judicial o administrativo. La violación a la independencia judicial, el litigio malicioso y el abuso de derecho, serán sancionados conforme a la Ley.

Veamos este lenguaje, que sorpresas encierra, desde la perspectiva política. Suena muy bien que haya independencia funcional y económica del Organismo Judicial. Según el Artículo 213 de la Constitución de la República la Corte Suprema de Justicia formula el presupuesto del Organismo Judicial, con base al 2% que tiene asignado del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado. Este va entregado a la Tesorería del Organismo Judicial proporcionada mensualmente. Adicionalmente, cuenta con los denominados fondos privativos, que son los que derivan del ejercicio de sus funciones. Se supone que el Organismo Judicial debe rendir cuentas al Congreso cada cuatro meses sobre el uso y manejo de su presupuesto.

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El inciso bien, suena acertado. Que no haya nepotismo ni adjudicación de plazas de forma arbitraria y que sea una carrera basada en concurso público me parece idóneo.

¿Qué significa realmente el hablar de pluriculturalidad y de igualdad en el acceso a la justicia y a la oportunidad de hacer carrera en el Organismo Judicial? Significa esto ¿que si la víctima o el sindicado son de origen Maya pueden optar a jueces de su misma etnia? ¿Implicará esto que deben darse cuotas por etnia? Espero comenten los constitucionalistas.

Que se otorgue defensoría o asistencia legal gratuita es algo que se hace en todos los países civilizados, a un altísimo costo para el Estado. Esperamos esto no sea abusado, al manipular el sistema para ayudar parientes etcétera a obtener este beneficio gratuitamente, que dada la creatividad que hemos visto en otras áreas, ya no vendría a sorprenderme. Lo de “litigio malicioso y abuso del derecho” si aplicado objetiva e imparcialmente, podría ser positivo. Esperemos no venga utilizado para atacar a quienes defienden situaciones relativas a la propiedad privada.

Lo que es evidente es que el Congreso paró la aprobación de reformas por casi seis semanas, y dado el cese de “bulla” que se produjo al creer que ya no pasarían, quienes las impulsan lograron esto. Según comentarios recibidos de varias fuentes, la presión se elevó al ver que “la derecha” se durmió en sus laureles. Con el tiempo se verá si en verdad metieron gol, pero que da que pensar, sin duda, da que pensar, especialmente con lo manipulada que ha sido la administración de justicia en los últimos tiempos. Corrupto debiera ir preso, independientemente de su ideología, etnia, si viste o no uniforme, o de su afiliación política.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

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Betty Marroquin
30 de marzo, 2017

Ayer aprobaron el Artículo 4 de las Reformas Constitucionales que modifica el Artículo 205 de la Constitución de la República.

Ahora el Artículo 205 de la Constitución rezará: Garantías y principios del sistema de administración de justicia. Son garantías de la administración de justicia las siguientes: a) La independencia funcional y económica del Organismo Judicial; b) La carrera profesional basada en concursos públicos de oposición que garanticen la igualdad y la no discriminación; c) El respeto a la pluriculturalidad e igualdad en el acceso al sistema de justicia y las carreras profesionales; d) La asistencia legal gratuita, en todas las ramas de la administración de justicia, siempre y cuando se compruebe que el interesado carece de medios suficientes para sufragarla. La justicia se ejerce conforme los principios de oralidad, publicidad, celeridad, unidad, inmediación, economía procesal y acceso a las garantías del debido proceso, como fundamentales para todo proceso y procedimiento judicial o administrativo. La violación a la independencia judicial, el litigio malicioso y el abuso de derecho, serán sancionados conforme a la Ley.

Veamos este lenguaje, que sorpresas encierra, desde la perspectiva política. Suena muy bien que haya independencia funcional y económica del Organismo Judicial. Según el Artículo 213 de la Constitución de la República la Corte Suprema de Justicia formula el presupuesto del Organismo Judicial, con base al 2% que tiene asignado del Presupuesto de Ingresos Ordinarios del Estado. Este va entregado a la Tesorería del Organismo Judicial proporcionada mensualmente. Adicionalmente, cuenta con los denominados fondos privativos, que son los que derivan del ejercicio de sus funciones. Se supone que el Organismo Judicial debe rendir cuentas al Congreso cada cuatro meses sobre el uso y manejo de su presupuesto.

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El inciso bien, suena acertado. Que no haya nepotismo ni adjudicación de plazas de forma arbitraria y que sea una carrera basada en concurso público me parece idóneo.

¿Qué significa realmente el hablar de pluriculturalidad y de igualdad en el acceso a la justicia y a la oportunidad de hacer carrera en el Organismo Judicial? Significa esto ¿que si la víctima o el sindicado son de origen Maya pueden optar a jueces de su misma etnia? ¿Implicará esto que deben darse cuotas por etnia? Espero comenten los constitucionalistas.

Que se otorgue defensoría o asistencia legal gratuita es algo que se hace en todos los países civilizados, a un altísimo costo para el Estado. Esperamos esto no sea abusado, al manipular el sistema para ayudar parientes etcétera a obtener este beneficio gratuitamente, que dada la creatividad que hemos visto en otras áreas, ya no vendría a sorprenderme. Lo de “litigio malicioso y abuso del derecho” si aplicado objetiva e imparcialmente, podría ser positivo. Esperemos no venga utilizado para atacar a quienes defienden situaciones relativas a la propiedad privada.

Lo que es evidente es que el Congreso paró la aprobación de reformas por casi seis semanas, y dado el cese de “bulla” que se produjo al creer que ya no pasarían, quienes las impulsan lograron esto. Según comentarios recibidos de varias fuentes, la presión se elevó al ver que “la derecha” se durmió en sus laureles. Con el tiempo se verá si en verdad metieron gol, pero que da que pensar, sin duda, da que pensar, especialmente con lo manipulada que ha sido la administración de justicia en los últimos tiempos. Corrupto debiera ir preso, independientemente de su ideología, etnia, si viste o no uniforme, o de su afiliación política.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo