Hace casi un mes, en República se hizo alusión a este líder cuyo nombre es Bernardo Caal, personaje que llamó la atención por presentarse continuamente a manifestar contra los proyectos hidroeléctricos.
Las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II frenaron sus operaciones el 17 de febrero del presente año, porque la Corte de Constitucionalidad restauró un amparo provisional concedido por la Corte Suprema de Justicia contra el Ministerio de Energía y Minas.
Las acciones legales hacían énfasis en que no se había realizado la consulta comunitaria que establece el Convenio 169 de la OIT. Quién se encontraba detrás de esto era Caal.
Al hablar de Bernardo Caal no podemos negar su liderazgo, pues aunque sea considerado negativo, es un líder. Este personaje evidentemente ha logrado la movilización de un grupo de personas. Lamentablemente, es un líder que solo ve por su interés y no por la población. Sin embargo, lo que sí podemos cuestionarle es su legitimidad, entendiendo esta palabra como “una cualidad o condición de legítimo, es decir, aquello que se encuentra en conformidad con las leyes y que, por ende, es lícito”.
En las notas de República se recalcó, primero, que las manifestaciones llevadas a cabo contra las hidroeléctricas incluían una logística y no eran para nada espontáneas. El financiamiento, según la investigación, provenía de Noruega y era administrado por el Colectivo Madre Selva.
Caal reconoció que recibía apoyo técnico de esta entidad. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, a Madre Selva se le otorga más de un millón de quetzales anuales. Además de ello, hicimosse hizo énfasis en las repercusiones que el cierre de proyectos hidroeléctricos podría traer a todos los guatemaltecos, pues generaría un impacto directo en el aumento de la tarifa eléctrica.
Sobre todo, se resaltó que si Oxec I y Oxec II frenaban sus operaciones, las empresas al retirarse, dejarían de apoyar con proyectos sociales a más de 300 comunidades y causarían desempleo, ya que estos presentan una fuente de ingresos para muchos comunitarios.
Un mes después de la publicación de estas notas, existía aún duda si Caal era representante o no de estas comunidades, pero el pasado miércoles 29 de marzo el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz, ordenó la detención de Caal por el delito de caso especial de estafa.
Y ahora, con esta orden de captura, surgen muchísimas dudas, la más importante: ¿cómo una persona que se encuentra acusada de estafa al Estado por el Juzgado de Alta Verapaz, puede representar a una comunidad que pertenece a este departamento?
Además, es importante recordar que el convenio 169 establece en su artículo 6, con claridad, que el gobierno debe “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”.

Según una certificación extendida por Renap, Caal vive en Chimaltenango. La palabra representatividad establecida en el artículo 6 del Convenio 169 es clave, porque ¿cómo puede alguien representar a una comunidad en donde no reside? Y por otro lado, ¿cuán legítimos pueden ser los amparos presentados contra los proyectos hidroeléctricos?
Caal está acusado de estafa, debido a que cobró el sueldo de un año sin presentarse a sus labores de maestro. En el año 2013 fue destituido de la escuela donde laboraba puesto que no se presentó a trabajar.


Cobró salarios no devengados al 31 de agosto por un monto total de Q104 mil 512. Es decir, Bernardo Caal estafó al Estado cobrando lo que no le correspondía. Es importante recalcar que NADIE es superior a la ley y que tarde temprano esta se aplica, no importa quién sea, pues el imperio de la legislación debe prevalecer siempre.
Dice mucho de Caal que aún no se haya presentado al Juzgado, pues no acudir a los tribunales deja dudas sobre su inocencia. Pero sobre todo, es importante que se cumpla con el debido proceso, que el caso avance y que se haga justicia. El Estado debe buscar proteger al individuo de las autoridades públicas y procurar en todo momento que se respete las formas del juicio.
Si Bernardo Caal resulta culpable, además de ser estafador, recordemos que recurrió a recursos que violentan los derechos de los demás, ya que con las manifestaciones bloqueó calles con lo cual afectó a miles de guatemaltecos.
¿En dónde radica la gobernabilidad de un Estado?, fundamentalmente en su Estado de derecho, en la certeza de la aplicación imparcial de la ley, por lo que el cumplir con esto es importante y debe ser acatado por todos los ciudadanos.
Si se quebranta la ley, es acabar con la gobernabilidad y por ello es vital que nuestros gobernantes la cumplan. El Estado guatemalteco debe ser capaz de defender a su ciudadanía y buscar el bien común, cuando esto se altera, se entra en crisis generando desajustes sociales, como sucede en estos casos. Salirse del Estado de Derecho para lograr fines propios como lo hizo Caal, es un reflejo de la falta de gobernabilidad.
En conclusión y lo más importante, es cuestionar la legitimidad de los amparos presentados por Caal contra los proyectos hidroeléctricos. ¿Podemos considerar estos legítimos, si este líder atentó contra el Estado de Derecho para lograr sus fines propios? ¿Se pueden considerar legítimos si Caal está acusado de estafa?
La legitimidad de estas acciones dependería de que este líder cumpliera con las leyes para que fuera lícito, sin embargo, lo único que hizo fue quebrantarlas.