La magistrada suspendida Blanca Aída Stalling decidió ejercer su profesión de abogada y consultora en el cuartel Mariscal Zavala, donde fue enviada a prisión preventiva por el caso de trafico de influencias.

Y es que según la propia jurista, “se dedicó” a dar asesorias a las demás reclusas para manejar sus casos. “Brindé asesorías a algunas personas sobre cómo manejar sus procesos judiciales”, indica.

Aunque la asesoría fue de forma gratuita, no quiso brindar detalles sobre a quienes y en qué circunstancias habló con las reclusas de ese centro detención.  La asesoría fue ocasional,  asegura.

Stalling fue arrestada el 8 de febrero pasado, cuando intentaba escapar de las autoridades, disfrazada con una peluca y ropa deportiva. Se le acusa de presionar a un juez para favorecer a su hijo, Otto Molina Stalling, quien es juzgado por otro caso de corrupción.

Un pasado lleno de dudas

Antes de ser magistrada, Stalling fue directora del Instituto de la Defensa Pública Penal por un período de 10 años. Durante esa gestión simpre destacaron las deficiencias en el servicio, escándalos por constantes viajes y confrontaciones directas con el sindicato.

Además, fue conserje de  una sala de apelaciones, fiscal del Ministerio Público y asistente de Acisclo Valladares cuando fungió como procurador general de la nación.  También ocupó por más de un año el cargo de asesora en la Secretaría General de la Presidencia, durante el mandato de Álvaro Arzú.

Fue hasta 2015 en mayo, cuando los casos en contra de ella vieron la luz, ya que involucraban a familiares de manera directa. Entre ellos está su hijo, Otto, quien enfrenta juicio por el caso IGSS-Pisa. El joven Molina Stalling es acusado de asociación ilícita, fraude, cohecho activo y cobro ilegal de comisiones. 

Recientemente fue favorecida con una medida sustitutiva que la mantiene ligada a proceso, pero con arresto domiciliario.