“Debes asumir responsabilidad personal. No puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero te puedes cambiar a ti mismo. Eso es algo que tienes a tu cargo”.-Jim Rohn
Se llega al circulo vicioso de la inversión en los centros educativos privados. Para sostener una digna infraestructura que las normativas y los padres de familia exigen, es necesaria la constante inversión, no solo en la modernización en el aspecto tecnológico, también en cumplimiento de las nuevas, y no tan nuevas, normativas de seguridad ocupacional que evitan las posibles accidentes, y crean los protocolos de posible respuesta y rescate. Todo esto se une a la capacitación constante de los docentes, y se llega a una inversión permanente, no solo en infraestructura física por el desgaste de la convivencia de la comunidad educativa, también por los azares del clima y extremos y la modernización que se tiene que aplicar.
Existen integrantes de esta comunidad educativa, específicamente algunos padres de familia, que por diversas razones, no saldan sus compromisos adquiridos y pactados por medio de un contrato privado, y por el contrato de adhesión de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO. El padre de familia está debidamente informado al inscribir a su hijo de cuál fuese la cuota a saldarse para así asegurar la gestión efectiva y eficiente del centro educativo privado. A pesar de los compromisos legales adquiridos voluntariamente, hay padres de familia que simplemente dejan de saldar su compromiso y hasta finalizan el año sin pagar.
Las medidas de presión usadas son variadas; y estas son hacia los padres de familia quienes adquirieron el compromiso, no a los alumnos. La educación privada es un servicio prestado a los alumnos, forma parte de la empresa privada, y por ende puede cobrar la tarifa aceptada, y su falta es meritoria de alguna sanción.
Al llegar al fin del ciclo escolar, generalmente a los padres de familia insolventes no serán recibidos en el centro educativo al cual adeudan. Por ello deberán buscar otro centro educativo, y para su ingreso deben presentar su expediente escolar, con todos los certificaciones de los años completados. Adicionalmente se solicita una carta de buena conducta y de solvencia, aunque no son obligatorias pero si acostumbradas.
La manera de exigir el pago de lo adeudado es contra la documentación. Y aunque hayan firmado los convenios, los cobros judiciales, si es que se llegan a hacerse, demoran más de lo práctico y es más eficiente exigir el pago contra entrega. Muchos padres de familia agencian saldar la deuda; algunos sin titubear, van a instancias superiores para exigir su entrega, porque si no, se alega que se le está vedando la educación al niño.
Como se ha comentado, el ejercicio presupuestario de los centros educativos privados es muy particular. Se cobran diez mensualidades para saldar catorce salarios por colaborador; el mantenimiento de la infraestructura; las capacitaciones; las inversiones por tecnología; todo debe ser previsto dentro de estas cuotas, las cuales son la base para la formulación del presupuesto anual. Las cuotas no se pueden modificar a medio año, podría hacerse hasta el ciclo escolar siguiente.
Si un padre de familia deja de saldar sus compromisos, afecta al funcionamiento del centro educativo. Si varios padres de familia dejan de saldar sus compromisos, afectan a la gestión del mismo. Y el limitante de recursos financieros afecta a la calidad del servicio prestado por posible insolvencia de pagos de planilla, alquileres y costos fijos adquiridos.
Cuando llegan los insolventes a las instancias oficiales, éstas apoyan al padre de familia, sin tomar en consideración cómo se afecta el funcionamiento del colegio. Insisten en la entrega de la papelería oficial sin tomar en consideración cómo sufre el presupuesto por los faltantes. Es claro el Acuerdo Gubernativo 52-2015 de no poder retener la papelería; pero MINEDUC debe apoyar a su aliada, que es la educación privada, y promover los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los padres de familia en los convenios. Así se asegura la calidad educativa.
Compromiso es deuda, de nuevo.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
“Debes asumir responsabilidad personal. No puedes cambiar las circunstancias, las estaciones o el viento, pero te puedes cambiar a ti mismo. Eso es algo que tienes a tu cargo”.-Jim Rohn
Se llega al circulo vicioso de la inversión en los centros educativos privados. Para sostener una digna infraestructura que las normativas y los padres de familia exigen, es necesaria la constante inversión, no solo en la modernización en el aspecto tecnológico, también en cumplimiento de las nuevas, y no tan nuevas, normativas de seguridad ocupacional que evitan las posibles accidentes, y crean los protocolos de posible respuesta y rescate. Todo esto se une a la capacitación constante de los docentes, y se llega a una inversión permanente, no solo en infraestructura física por el desgaste de la convivencia de la comunidad educativa, también por los azares del clima y extremos y la modernización que se tiene que aplicar.
Existen integrantes de esta comunidad educativa, específicamente algunos padres de familia, que por diversas razones, no saldan sus compromisos adquiridos y pactados por medio de un contrato privado, y por el contrato de adhesión de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO. El padre de familia está debidamente informado al inscribir a su hijo de cuál fuese la cuota a saldarse para así asegurar la gestión efectiva y eficiente del centro educativo privado. A pesar de los compromisos legales adquiridos voluntariamente, hay padres de familia que simplemente dejan de saldar su compromiso y hasta finalizan el año sin pagar.
Las medidas de presión usadas son variadas; y estas son hacia los padres de familia quienes adquirieron el compromiso, no a los alumnos. La educación privada es un servicio prestado a los alumnos, forma parte de la empresa privada, y por ende puede cobrar la tarifa aceptada, y su falta es meritoria de alguna sanción.
Al llegar al fin del ciclo escolar, generalmente a los padres de familia insolventes no serán recibidos en el centro educativo al cual adeudan. Por ello deberán buscar otro centro educativo, y para su ingreso deben presentar su expediente escolar, con todos los certificaciones de los años completados. Adicionalmente se solicita una carta de buena conducta y de solvencia, aunque no son obligatorias pero si acostumbradas.
La manera de exigir el pago de lo adeudado es contra la documentación. Y aunque hayan firmado los convenios, los cobros judiciales, si es que se llegan a hacerse, demoran más de lo práctico y es más eficiente exigir el pago contra entrega. Muchos padres de familia agencian saldar la deuda; algunos sin titubear, van a instancias superiores para exigir su entrega, porque si no, se alega que se le está vedando la educación al niño.
Como se ha comentado, el ejercicio presupuestario de los centros educativos privados es muy particular. Se cobran diez mensualidades para saldar catorce salarios por colaborador; el mantenimiento de la infraestructura; las capacitaciones; las inversiones por tecnología; todo debe ser previsto dentro de estas cuotas, las cuales son la base para la formulación del presupuesto anual. Las cuotas no se pueden modificar a medio año, podría hacerse hasta el ciclo escolar siguiente.
Si un padre de familia deja de saldar sus compromisos, afecta al funcionamiento del centro educativo. Si varios padres de familia dejan de saldar sus compromisos, afectan a la gestión del mismo. Y el limitante de recursos financieros afecta a la calidad del servicio prestado por posible insolvencia de pagos de planilla, alquileres y costos fijos adquiridos.
Cuando llegan los insolventes a las instancias oficiales, éstas apoyan al padre de familia, sin tomar en consideración cómo se afecta el funcionamiento del colegio. Insisten en la entrega de la papelería oficial sin tomar en consideración cómo sufre el presupuesto por los faltantes. Es claro el Acuerdo Gubernativo 52-2015 de no poder retener la papelería; pero MINEDUC debe apoyar a su aliada, que es la educación privada, y promover los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los padres de familia en los convenios. Así se asegura la calidad educativa.
Compromiso es deuda, de nuevo.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo