Este viernes vence el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Congreso de la República, el cual tiene cláusulas que han indignado a la ciudadanía por los beneficios económicos que se otorgan a los empleados de ese organismo sin un respaldo financiero adecuado.
Frente a ello, los diputados esperan que los sindicalistas se muestren flexibles para una renegociación que, aunque no elimine todas las prerrogativas, sea más coherente con la realidad nacional.
El diputado de Alianza Ciudadana, Marvin Orellana, es quien lleva la batuta en la mesa de negociación y explicó que aunque el acuerdo se vence, las negociaciones continúan y se espera que en dos semanas ya existan resultados. El legislador está claro que el primer paso es eliminar el 10 por ciento.
“Vamos en buenos términos, han sido maduros con el tema y les he repetido que el 10 por ciento no puede continuar por la situación política y económica del país”, detalla el diputado y asegura que los sindicalistas parecen estar anuentes a renunciar a ese beneficio.
Alfredo Tumax lidera el sindicato mayoritario en el Congreso. Cuenta con un salario que supera los Q33 mil mensuales.
En pasillos parlamentarios se menciona que los sindicalistas estarían dispuestos a ceder en el 10 por ciento a cambio de otros beneficios tales como el bono de Semana Santa, el cual equivaldría a un salario completo para cada trabajador. Otro tema que quieren incluir en la negociación es que no se cumplan con las destituciones que inició la anterior Junta Directiva.
Otro beneficio que buscarían es blindar a las principales autoridades del Sindicato. Se quiso confirmar esos señalamientos con Alfredo Tumax del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor), pero no atendió las llamadas a su celular. El sindicalista es quien lleva la voz principal por liderar la organización más grande.
Aunque Orellana fue claro que escuchará las peticiones de los tres sindicatos, reconoció que la renegociación se hará con el grupo mayoritario.
Bajo la lupa
Desde que salió a luz la planilla de los trabajadores se prestó mayor atención al Pacto Colectivo ya que fue el aumento del 10 por ciento autorizado en 1999 lo que causó que los salarios se dispararan. Aunque los montos no se pueden disminuir, los diputados esperan que de ahora en adelante los ingresos vayan acorde con la realidad del país.
“No podemos bajar los salarios altos, pero al menos queremos que el tema se corrija y las personas que ingresen ganen lo que corresponda de acuerdo al trabajo que realizan”, declaró Orellana.
Otro punto que quieren aprovechar es que haya una reclasificación de puestos y salarios tal como lo establece la Ley de Servicio Civil y que las personas tengan la preparación para la plaza que ocuparán.
El acuerdo del Congreso junto con otras entidades son señaladas por tener beneficios que no contaron con una evaluación previa. Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) denominado La Amenaza de los Pactos Colectivos en el Sector Público, muestra que aunque la sindicalización y la negociación colectiva está garantizada en la Constitución, “no significa que no se deba limitar y racionalizar los beneficios”.
Este año será la oportunidad del Legislativo para enmendar los errores cometidos en el pasado, de lo contrario el rechazo ciudadano podría ir en aumento hasta obligar a las autoridades a cambiar las reglas del juego.
Este viernes vence el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Congreso de la República, el cual tiene cláusulas que han indignado a la ciudadanía por los beneficios económicos que se otorgan a los empleados de ese organismo sin un respaldo financiero adecuado.
Frente a ello, los diputados esperan que los sindicalistas se muestren flexibles para una renegociación que, aunque no elimine todas las prerrogativas, sea más coherente con la realidad nacional.
El diputado de Alianza Ciudadana, Marvin Orellana, es quien lleva la batuta en la mesa de negociación y explicó que aunque el acuerdo se vence, las negociaciones continúan y se espera que en dos semanas ya existan resultados. El legislador está claro que el primer paso es eliminar el 10 por ciento.
“Vamos en buenos términos, han sido maduros con el tema y les he repetido que el 10 por ciento no puede continuar por la situación política y económica del país”, detalla el diputado y asegura que los sindicalistas parecen estar anuentes a renunciar a ese beneficio.
Alfredo Tumax lidera el sindicato mayoritario en el Congreso. Cuenta con un salario que supera los Q33 mil mensuales.
En pasillos parlamentarios se menciona que los sindicalistas estarían dispuestos a ceder en el 10 por ciento a cambio de otros beneficios tales como el bono de Semana Santa, el cual equivaldría a un salario completo para cada trabajador. Otro tema que quieren incluir en la negociación es que no se cumplan con las destituciones que inició la anterior Junta Directiva.
Otro beneficio que buscarían es blindar a las principales autoridades del Sindicato. Se quiso confirmar esos señalamientos con Alfredo Tumax del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor), pero no atendió las llamadas a su celular. El sindicalista es quien lleva la voz principal por liderar la organización más grande.
Aunque Orellana fue claro que escuchará las peticiones de los tres sindicatos, reconoció que la renegociación se hará con el grupo mayoritario.
Bajo la lupa
Desde que salió a luz la planilla de los trabajadores se prestó mayor atención al Pacto Colectivo ya que fue el aumento del 10 por ciento autorizado en 1999 lo que causó que los salarios se dispararan. Aunque los montos no se pueden disminuir, los diputados esperan que de ahora en adelante los ingresos vayan acorde con la realidad del país.
“No podemos bajar los salarios altos, pero al menos queremos que el tema se corrija y las personas que ingresen ganen lo que corresponda de acuerdo al trabajo que realizan”, declaró Orellana.
Otro punto que quieren aprovechar es que haya una reclasificación de puestos y salarios tal como lo establece la Ley de Servicio Civil y que las personas tengan la preparación para la plaza que ocuparán.
El acuerdo del Congreso junto con otras entidades son señaladas por tener beneficios que no contaron con una evaluación previa. Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) denominado La Amenaza de los Pactos Colectivos en el Sector Público, muestra que aunque la sindicalización y la negociación colectiva está garantizada en la Constitución, “no significa que no se deba limitar y racionalizar los beneficios”.
Este año será la oportunidad del Legislativo para enmendar los errores cometidos en el pasado, de lo contrario el rechazo ciudadano podría ir en aumento hasta obligar a las autoridades a cambiar las reglas del juego.