La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), presentó una denuncia contra el sindicalista Bernardo Caal Xól, a quien acusan de “desestabilizar al sector hidroeléctrico y generar conflicto, poniendo en riesgo al sector industrial del país, pero sobre todo, transgrediendo artículos de la Constitución, donde se declara que la energía es de urgencia nacional”.
De acuerdo con los denunciantes, el aludido comete los delitos tipificados como “actividades contra la seguridad interior de la nación”, según el Código Penal, “ya que continuamente ha ejecutado actos que tienen por objeto la paralización o perturbaci´pon de las empresas productoras de energía renovable”.
La CIG señala que con esta acción buscan proteger a las comunidades beneficiadas con proyectos hidroeléctricos, ya que las empresas generan empleo digno y desarrollo sostenible, derechos protegidos en los artículos 101 y 102 de la Constitución.
Con orden de captura
Caal ya es investigado por el Ministerio Público y tiene orden de captura, acusado de estafar al Estado porque en 2012 cobró salarios sin presentarse a sus labores como docente en una escuela de Alta Verapaz.
Asimismo, en 2013 fue destituido por el Ministerio de Educación por ese motivo, pues abandonó sus labores como maestro en la escuela ubicada en la aldea Semoch de Santa María Cahabón.
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), presentó una denuncia contra el sindicalista Bernardo Caal Xól, a quien acusan de “desestabilizar al sector hidroeléctrico y generar conflicto, poniendo en riesgo al sector industrial del país, pero sobre todo, transgrediendo artículos de la Constitución, donde se declara que la energía es de urgencia nacional”.
De acuerdo con los denunciantes, el aludido comete los delitos tipificados como “actividades contra la seguridad interior de la nación”, según el Código Penal, “ya que continuamente ha ejecutado actos que tienen por objeto la paralización o perturbaci´pon de las empresas productoras de energía renovable”.
La CIG señala que con esta acción buscan proteger a las comunidades beneficiadas con proyectos hidroeléctricos, ya que las empresas generan empleo digno y desarrollo sostenible, derechos protegidos en los artículos 101 y 102 de la Constitución.
Con orden de captura
Caal ya es investigado por el Ministerio Público y tiene orden de captura, acusado de estafar al Estado porque en 2012 cobró salarios sin presentarse a sus labores como docente en una escuela de Alta Verapaz.
Asimismo, en 2013 fue destituido por el Ministerio de Educación por ese motivo, pues abandonó sus labores como maestro en la escuela ubicada en la aldea Semoch de Santa María Cahabón.