Conocer con “celeridad” el caso de la hidroeléctrica Oxec solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Para la cúpula empresarial “es grave que sumen ya 69 días de suspensión, a pesar de que el proyecto cumplió con los requerimientos legales para obtener las licencias de operación correspondientes”.
La vista pública se llevó a cabo el 22 de febrero y “dentro de los cinco días siguientes debió emitirse la sentencia definitiva. El retraso es condenable y conlleva serias consecuencias al desarrollo de Guatemala, pero particularmente para los trabajadores y colaboradores del proyecto”, según el Cacif, .
“Necesitamos celeridad para que el proceso se ágil y podamos darle respuesta a los inversionistas de lo que está sucediendo en su proyecto, también a los trabajadores que estaban esperanzados en un futuro mejor en esas áreas marginales que tienen necesidad de empleo”, afirmó durante una conferencia de prensa Antonio Malouf, presidente del Cacif.
La empresa ha dejado de generar empleo para decenas de personas que habitan en las comunidades cercanas al proyecto.
Otras demandas
El sector privado organizado insistió en la necesidad de reglamentar el proceso de consulta del Convenio 169 de forma pronta. En este sentido señalo que “no puede postergarse más, sobre todo cuando se hace necesario propiciar el progreso de las comunidades, el desarrollo de las familias y la certeza jurídica para las inversiones”.
Recalcó, además, que “es imperativo que el Estado trabaje en un proceso que permita proteger el derecho de las comunidades a ser consultadas, sin suspender proyectos que operan en toda legalidad y que representen el único ingreso y medio de vida para muchas familias. Asimismo, es fundamental reconocer los derechos de las inversiones que fueron realizadas de conformidad con ley y la normativa vigente en su momento”.
Conocer con “celeridad” el caso de la hidroeléctrica Oxec solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Para la cúpula empresarial “es grave que sumen ya 69 días de suspensión, a pesar de que el proyecto cumplió con los requerimientos legales para obtener las licencias de operación correspondientes”.
La vista pública se llevó a cabo el 22 de febrero y “dentro de los cinco días siguientes debió emitirse la sentencia definitiva. El retraso es condenable y conlleva serias consecuencias al desarrollo de Guatemala, pero particularmente para los trabajadores y colaboradores del proyecto”, según el Cacif, .
“Necesitamos celeridad para que el proceso se ágil y podamos darle respuesta a los inversionistas de lo que está sucediendo en su proyecto, también a los trabajadores que estaban esperanzados en un futuro mejor en esas áreas marginales que tienen necesidad de empleo”, afirmó durante una conferencia de prensa Antonio Malouf, presidente del Cacif.
La empresa ha dejado de generar empleo para decenas de personas que habitan en las comunidades cercanas al proyecto.
Otras demandas
El sector privado organizado insistió en la necesidad de reglamentar el proceso de consulta del Convenio 169 de forma pronta. En este sentido señalo que “no puede postergarse más, sobre todo cuando se hace necesario propiciar el progreso de las comunidades, el desarrollo de las familias y la certeza jurídica para las inversiones”.
Recalcó, además, que “es imperativo que el Estado trabaje en un proceso que permita proteger el derecho de las comunidades a ser consultadas, sin suspender proyectos que operan en toda legalidad y que representen el único ingreso y medio de vida para muchas familias. Asimismo, es fundamental reconocer los derechos de las inversiones que fueron realizadas de conformidad con ley y la normativa vigente en su momento”.