Los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II frenaron operaciones el 17 de febrero por un amparo provisional que ejerció la Corte de Constitucionalidad. Bernardo Caal es el líder que se encontraba detrás de este proceso legal. El miércoles 29 de marzo el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz, ordenó la detención de Caal por el delito de caso especial de estafa y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.
Ana Rutilia Ical Choc ha sido su apoyo en planificar y participar las manifestaciones que se han creado en contra de las hidroeléctricas. Rutilia ha sido acusada de arrebatar una propiedad a sus padres, Pedro Ical y Sofía Choc, quienes la demandaron por arrebato bajo engaño a varios inmuebles.
Lo importante en ambos es considerar y cuestionar su legitimidad, ¿podemos considerarlos legítimos si ambos han atentado contra el Estado de Derecho para lograr sus fines propios? Seguramente la legitimidad de estas acciones dependería de que ambos cumplieran con las leyes para llevar a cabo sus manifestaciones, sin embargo, lo único que han hecho ambos es quebrantarlas.
El problema con los dos líderes es que suplantan a las poblaciones y no reflejan un interés general, estas minorías organizadas se imponen sobre mayorías silenciosas.
La gobernabilidad de un Estado radica fundamentalmente en su Estado de Derecho, en la certeza de la aplicación imparcial de la ley. El estado guatemalteco debe ser capaz de defender a su ciudadanía y buscar el bien común, cuando esto se altera, se entran en crisis generando desajustes sociales como sucede en estos casos.
Lamentablemente el Estado sigue sin cumplir con sus funciones y la gobernabilidad aumenta, otro ejemplo de esto es lo que está sucediendo en el Estor. El pasado jueves, el alcalde de El Estor pidió auxilio al Estado porque no puede controlar la situación dentro del municipio.
Es importante que se considere declarar estado de sitio, sin embargo, no han hecho nada por actuar, mientras pueden morir miles de personas por la situación tan inestable dentro del municipio.
Una vez más vemos la ingobernabilidad del papel del Estado, la poca viabilidad del gobierno para alcanzar objetivos y ejercer sus responsabilidades para garantizar el bienestar social. La crisis de gestión por parte del gobierno continúa y el apoyo político a los ciudadanos se degrada cada vez más.
Por último, 27 aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos por la Procuraduría de Derechos Humanos para el proceso de selección para sustituir a Jorge de León Duque.
Es importante que el proceso mediante el cual el nuevo procurador será electo sea transparente. El problema es que para la elección de dicha persona los miembros de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron una tabla de gradación después de haber recibido las currícula de los candidatos. Lo correcto es elaborar la tabla de gradación y definir el perfil que tendrá el candidato, antes de recibir currícula de los aspirantes.
Ahora quedan dudas sobre el procedimiento de cómo se elaboró dicha tabla, además de que no se consideraron las sugerencias de la sociedad civil para realizarla. El problema es que un puesto como lo es la elección del procurador debe ser transparente, puesto que de él depende algo tan importante como velar por los derechos de la ciudadanía.
Los proyectos hidroeléctricos Oxec I y Oxec II frenaron operaciones el 17 de febrero por un amparo provisional que ejerció la Corte de Constitucionalidad. Bernardo Caal es el líder que se encontraba detrás de este proceso legal. El miércoles 29 de marzo el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz, ordenó la detención de Caal por el delito de caso especial de estafa y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.
Ana Rutilia Ical Choc ha sido su apoyo en planificar y participar las manifestaciones que se han creado en contra de las hidroeléctricas. Rutilia ha sido acusada de arrebatar una propiedad a sus padres, Pedro Ical y Sofía Choc, quienes la demandaron por arrebato bajo engaño a varios inmuebles.
Lo importante en ambos es considerar y cuestionar su legitimidad, ¿podemos considerarlos legítimos si ambos han atentado contra el Estado de Derecho para lograr sus fines propios? Seguramente la legitimidad de estas acciones dependería de que ambos cumplieran con las leyes para llevar a cabo sus manifestaciones, sin embargo, lo único que han hecho ambos es quebrantarlas.
El problema con los dos líderes es que suplantan a las poblaciones y no reflejan un interés general, estas minorías organizadas se imponen sobre mayorías silenciosas.
La gobernabilidad de un Estado radica fundamentalmente en su Estado de Derecho, en la certeza de la aplicación imparcial de la ley. El estado guatemalteco debe ser capaz de defender a su ciudadanía y buscar el bien común, cuando esto se altera, se entran en crisis generando desajustes sociales como sucede en estos casos.
Lamentablemente el Estado sigue sin cumplir con sus funciones y la gobernabilidad aumenta, otro ejemplo de esto es lo que está sucediendo en el Estor. El pasado jueves, el alcalde de El Estor pidió auxilio al Estado porque no puede controlar la situación dentro del municipio.
Es importante que se considere declarar estado de sitio, sin embargo, no han hecho nada por actuar, mientras pueden morir miles de personas por la situación tan inestable dentro del municipio.
Una vez más vemos la ingobernabilidad del papel del Estado, la poca viabilidad del gobierno para alcanzar objetivos y ejercer sus responsabilidades para garantizar el bienestar social. La crisis de gestión por parte del gobierno continúa y el apoyo político a los ciudadanos se degrada cada vez más.
Por último, 27 aspirantes cumplieron con los requisitos establecidos por la Procuraduría de Derechos Humanos para el proceso de selección para sustituir a Jorge de León Duque.
Es importante que el proceso mediante el cual el nuevo procurador será electo sea transparente. El problema es que para la elección de dicha persona los miembros de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron una tabla de gradación después de haber recibido las currícula de los candidatos. Lo correcto es elaborar la tabla de gradación y definir el perfil que tendrá el candidato, antes de recibir currícula de los aspirantes.
Ahora quedan dudas sobre el procedimiento de cómo se elaboró dicha tabla, además de que no se consideraron las sugerencias de la sociedad civil para realizarla. El problema es que un puesto como lo es la elección del procurador debe ser transparente, puesto que de él depende algo tan importante como velar por los derechos de la ciudadanía.