La necesidad de revisar el sistema de distritos y las listas de elección.
En recientes semanas, el Congreso de la República ha iniciado el proceso de discusión de la “segunda generación” de reformas electorales. Las mismas tienen como objetivo abordar el diseño estructural del sistema de elección de diputados, en aras de promover mayor balance entre la representatividad del sistema político, y la gobernabilidad.
En este sentido, todo proceso de reforma profunda debe partir de un esfuerzo por rediseñar el modelo de distritos electorales. Bajo la fórmula actual, el problema originario del sistema electoral es la asimetría en el tamaño de los distritos electorales: mientras la mayoría de distritos de oriente tienen una magnitud de entre uno y cuatro diputados; los distritos noroccidentales o del casco urbano tienen una magnitud de diez o más diputados.
La teoría indica que existe una correlación entre proporcionalidad y tamaño de distritos. En los distritos de magnitud pequeña (cuatro o menos diputados), el efecto es mayoritario; es decir, beneficia a los partidos grandes. Mientras los distritos de magnitud mayor (ocho o más diputados) fomentan la fragmentación, pues permiten a partidos pequeños alcanzar representación.
El efecto neto de la coexistencia de distritos pequeños con distritos excesivamente grandes en el sistema electoral guatemalteco, es la tendencia a integrar dos o tres bancadas grandes en el Congreso, al tiempo que se promueve una excesiva atomización partidaria (doce o más partidos que alcanzan
representación en el Congreso).
La alternativa pasa por el balance: encontrar una fórmula de redistritalización que permita que la mayoría de circunscripciones elija entre tres y cinco diputados. Mejor si se puede encontrar una fórmula para acercar la unidad geográfica base, de distritos departamentales, a subdistritos subregionales. Este modelo permitiría acercar territorialmente al representante con su cuerpo elector, al tiempo que posibilitaría encontrar un balance entre la necesidad de reducir la atomización partidaria, sin fomentar un sistema que promueva mayorías o aplanadoras.
El complemento a esta reforma es una modificación al sistema de elección por listados. Bajo el sistema actual, el modelo de listas cerradas favorece el poder monopólico de los partidos al momento de establecer el orden de postulación, y por ende, las posibilidades reales de un candidato de alcanzar una curul. Frente a ello, se propone un sistema de voto abierto o uninominal: sin embargo, hay que tener cuidado de no irse al otro extremo. En un contexto de política personalista como la guatemalteca, un sistema puramente uninominal podría terminar favoreciendo a caciques locales, y atomizando al extremo a los partidos políticos.
Una alternativa funcional es la aplicada en El Salvador: los listados semiabiertos. Bajo este formato, el elector tiene la facultad de votar por la lista del partido en pleno, o por reordenar dicho listado. De esta forma, se aspira a un balance: no matar a los partidos, pero darle al elector la facultad de premiar o castigar –en lo individual– a sus candidatos, situación que permite acercar más al elector con su diputado, sin debilitar la necesaria estructura partidista.
Al final de cuentas, la reforma electoral debe ser integral. Sin la modificación de los distritos o del modelo de listados, será imposible mejorar la gobernabilidad del sistema político.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
La necesidad de revisar el sistema de distritos y las listas de elección.
En recientes semanas, el Congreso de la República ha iniciado el proceso de discusión de la “segunda generación” de reformas electorales. Las mismas tienen como objetivo abordar el diseño estructural del sistema de elección de diputados, en aras de promover mayor balance entre la representatividad del sistema político, y la gobernabilidad.
En este sentido, todo proceso de reforma profunda debe partir de un esfuerzo por rediseñar el modelo de distritos electorales. Bajo la fórmula actual, el problema originario del sistema electoral es la asimetría en el tamaño de los distritos electorales: mientras la mayoría de distritos de oriente tienen una magnitud de entre uno y cuatro diputados; los distritos noroccidentales o del casco urbano tienen una magnitud de diez o más diputados.
La teoría indica que existe una correlación entre proporcionalidad y tamaño de distritos. En los distritos de magnitud pequeña (cuatro o menos diputados), el efecto es mayoritario; es decir, beneficia a los partidos grandes. Mientras los distritos de magnitud mayor (ocho o más diputados) fomentan la fragmentación, pues permiten a partidos pequeños alcanzar representación.
El efecto neto de la coexistencia de distritos pequeños con distritos excesivamente grandes en el sistema electoral guatemalteco, es la tendencia a integrar dos o tres bancadas grandes en el Congreso, al tiempo que se promueve una excesiva atomización partidaria (doce o más partidos que alcanzan
representación en el Congreso).
La alternativa pasa por el balance: encontrar una fórmula de redistritalización que permita que la mayoría de circunscripciones elija entre tres y cinco diputados. Mejor si se puede encontrar una fórmula para acercar la unidad geográfica base, de distritos departamentales, a subdistritos subregionales. Este modelo permitiría acercar territorialmente al representante con su cuerpo elector, al tiempo que posibilitaría encontrar un balance entre la necesidad de reducir la atomización partidaria, sin fomentar un sistema que promueva mayorías o aplanadoras.
El complemento a esta reforma es una modificación al sistema de elección por listados. Bajo el sistema actual, el modelo de listas cerradas favorece el poder monopólico de los partidos al momento de establecer el orden de postulación, y por ende, las posibilidades reales de un candidato de alcanzar una curul. Frente a ello, se propone un sistema de voto abierto o uninominal: sin embargo, hay que tener cuidado de no irse al otro extremo. En un contexto de política personalista como la guatemalteca, un sistema puramente uninominal podría terminar favoreciendo a caciques locales, y atomizando al extremo a los partidos políticos.
Una alternativa funcional es la aplicada en El Salvador: los listados semiabiertos. Bajo este formato, el elector tiene la facultad de votar por la lista del partido en pleno, o por reordenar dicho listado. De esta forma, se aspira a un balance: no matar a los partidos, pero darle al elector la facultad de premiar o castigar –en lo individual– a sus candidatos, situación que permite acercar más al elector con su diputado, sin debilitar la necesaria estructura partidista.
Al final de cuentas, la reforma electoral debe ser integral. Sin la modificación de los distritos o del modelo de listados, será imposible mejorar la gobernabilidad del sistema político.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo