Asesinato por motivos políticos, encarcelamientos injustos y persecución sistemática, esas son algunas de las acusaciones que el gobierno de Nicolás Maduro recibe de parte del observatorio de derechos humanos CASLA de Praga y que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
La entidad ya presentó en mayo de 2016 y enero de 2017, dos expedientes de torturas que afectarían a más de 600 personas.
El reporte presentado recientemente, contiene denuncias de acciones de supuesta tortura cometidas entre abril y junio de 2017, y que afectarían a no menos de 120 personas.
Entre los casos puntuales descritos están el maltrato al que sometido la abogada Yolibeth Colmenares, la violación de Cristian Jiménez atribuido a miembros de la Brigada 42 de la Guardia Nacional Bolivariana.
Lea también: Funcionarios de #Venezuela violan Derechos Humanos
Entre los acusados se encuentran el general Iván Hernández Dala, director de la División de Inteligencia Militar; y a Carlos Pérez, director de la Policía Nacional Bolivariana
Asesinato por motivos políticos, encarcelamientos injustos y persecución sistemática, esas son algunas de las acusaciones que el gobierno de Nicolás Maduro recibe de parte del observatorio de derechos humanos CASLA de Praga y que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
La entidad ya presentó en mayo de 2016 y enero de 2017, dos expedientes de torturas que afectarían a más de 600 personas.
El reporte presentado recientemente, contiene denuncias de acciones de supuesta tortura cometidas entre abril y junio de 2017, y que afectarían a no menos de 120 personas.
Entre los casos puntuales descritos están el maltrato al que sometido la abogada Yolibeth Colmenares, la violación de Cristian Jiménez atribuido a miembros de la Brigada 42 de la Guardia Nacional Bolivariana.
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Entre los acusados se encuentran el general Iván Hernández Dala, director de la División de Inteligencia Militar; y a Carlos Pérez, director de la Policía Nacional Bolivariana