El Comité de Unidad Campesina (CUC), liderado por Daniel Pascual y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), cuya cabeza visible es el diputado Leocadio Juracán, promueven invasiones en el Valle del Polochic, según las pancartas colocadas en los terrenos ocupados ilegalmente.
Aparte de los rótulos, los invasores desarrollan una logística que intimida a cualquier persona que se acerca a las propiedas usurpadas, no importa si son fiscales del Ministerio Público o agentes de la Policía Nacional Civil, lo cual indica que “su organización no es local”, indica uno de las personas afectadas por los invasores.
En el valle del Polochic, aparte del CUC y el CCDA, también operan otras organizaciones vinculadas con grupos de izquierda y Organizaciones No Gubernamentales, que promueven los actos ilícitos.
- También puedes leer: Crimen organizado tras ingobernabilidad en valle del Polochic
En esta pancarta se lee que este grupo es parte del CUC que dirige Daniel Pascual.
El diputado del “Decreto 900”
El diputado Juracán, de la bancada Convergencia, cobró notoriedad en días recientes cuando presentó su “Ley de Tierras”, la cual busca, entre otros puntos, expropiar tierras para entregarlas a grupos de campesinos.
Según la iniciativa del legislador, con esta normativa se busca garantizar la seguridad alimentaria y mediante procedimientos legales, otorgar terrenos a los campesinos, pero lo que no queda claro es que si en su propuesta ya incluye las propiedades invadidas por el grupo al cual representa.
“Con una mano agita las invasiones, mientras con la otra intenta legalizarlas”, comentan los afectados.
Leocadio Juracán dirige el Comité Campesino Del Altiplano y Daniel Pascual el Comite de Unidad Campesina.
Tierra de nadie
En el Valle del Polochic es tan grave la situación que los invasores han logrado el cierre de empresas como el ingenio Chabil Utzaj, que generó hasta tres mil empleos en el área, pero que no pudo seguir operando porque los terrenos fueron usurpados por grupos con respaldo de organizaciones como el CUC.
En El Estor, Izabal, durante los últimos cuatro meses aumentaron las invasiones antes la pasividad del Estado, pero tanto en este municipio, como en Panzós, Alta Verapaz, las comunidades afectadas se han organizado para defender sus empleos y propiedades.
Grupos como Una Voz por El Estor emprendieron acciones legales contra los invasores y están dispuestos a defender legalmente su patrimonio, llevando ante la justicia a los que están detrás de estas acciones ilícitas.
En Panzós, las comunidades que se quedaron sin trabajo tras la invasión de la finca Palestina, reaccionaron y presionaron a los invasores para recuperar sus empleos para sostener a sus familias.
Sin la intervención del Estado, al que poco o nada le ha importado lo que sucede con los miles de desempleados por estos hechos fuera de la ley, las comunitarios afectados por el cierre de la finca Venecia, también han logrado recuperar sus empleos mediante la exigencia a los invasores de dejarlos trabajar.
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Aparte de los rótulos, los invasores desarrollan una logística que intimida a cualquier persona que se acerca a las propiedas usurpadas, no importa si son fiscales del Ministerio Público o agentes de la Policía Nacional Civil, lo cual indica que “su organización no es local”, indica uno de las personas afectadas por los invasores.
En el valle del Polochic, aparte del CUC y el CCDA, también operan otras organizaciones vinculadas con grupos de izquierda y Organizaciones No Gubernamentales, que promueven los actos ilícitos.
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Tierra de nadie
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En Panzós, las comunidades que se quedaron sin trabajo tras la invasión de la finca Palestina, reaccionaron y presionaron a los invasores para recuperar sus empleos para sostener a sus familias.
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