País está en la posición 97 de 113 países en Índice de Estado de Derecho
A nivel internacional no existe una definición clara sobre qué es Estado de Derecho por lo que la institución Proyecto para la Justicia Global (WJP por sus siglas en inglés) trabaja sobre ciertos principios universales: a. El gobierno y sus oficiales así como individuos privados, son responsables ante la ley, b. Las leyes son claras, públicas, estables y justas, se aplican a todos por igual y protegen los derechos inalienables como la seguridad de las personas y la propiedad privada, c. El proceso mediante el cual las leyes son redactadas, administradas y aplicadas es accesible, imparcial y eficiente, d. La justicia es impartida por representantes competentes, éticos, neutros e independientes, que son suficientes tanto en número, cuentan con los recursos necesarios y reflejan la composición de las comunidades a las que sirven.
Al leer detenidamente esos cuatro principios nos podemos dar cuenta que en el país todavía estamos muy lejos de tener el Estado de Derecho al que todos los guatemaltecos aspiramos. Incluso yendo más allá en la evaluación y profundizando en el informe vemos que existen ocho factores que se toman en cuenta: 1. Límites a los poderes del Gobierno, 2. Ausencia de Corrupción, 3. Gobierno Abierto, 4. Derechos fundamentales, 5. Orden y Seguridad, 6. Aplicación regulatoria, 7. Justicia Civil, 8. Justicia Criminal.
Los factores en los que el país está más bajo en relación al resto, se relacionan con la falta de orden y seguridad, vaga aplicación regulatoria, limitada justicia civil, y una justicia criminal deficiente. Solo tomando en cuenta que tenemos 26 homicidios por cada 100,000 habitantes (que aunque ha mejorado todavía es una tasa muy alta para estándares internacionales), aplicación selectiva de regulaciones cuando se trata de inversiones intensivas en capital, tiempo que tarda un juicio en resolver una disputa comercial (1402 días), y un sistema de justicia criminal con un 12.6 por ciento de eficiencia, sabemos que nos falta mucho por recorrer.
Es por ello que la prioridad del fortalecimiento del Estado de Derecho pasa por mejorar la eficiencia del sistema de justicia criminal. Es un esfuerzo que involucra a todas las instituciones rectoras: Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Público Penal y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Si no se toma en cuenta que el fortalecimiento debe ser integral, se limita la capacidad de actuar de manera sistémica. Por lo tanto, a la hora de definir los presupuestos, el aumento en los recursos destinados debe contar con una definición clara de las metas a lograr para mejorar la eficiencia del sistema. Fuente: https://worldjusticeproject.org/ @jczapata_s
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
País está en la posición 97 de 113 países en Índice de Estado de Derecho
A nivel internacional no existe una definición clara sobre qué es Estado de Derecho por lo que la institución Proyecto para la Justicia Global (WJP por sus siglas en inglés) trabaja sobre ciertos principios universales: a. El gobierno y sus oficiales así como individuos privados, son responsables ante la ley, b. Las leyes son claras, públicas, estables y justas, se aplican a todos por igual y protegen los derechos inalienables como la seguridad de las personas y la propiedad privada, c. El proceso mediante el cual las leyes son redactadas, administradas y aplicadas es accesible, imparcial y eficiente, d. La justicia es impartida por representantes competentes, éticos, neutros e independientes, que son suficientes tanto en número, cuentan con los recursos necesarios y reflejan la composición de las comunidades a las que sirven.
Al leer detenidamente esos cuatro principios nos podemos dar cuenta que en el país todavía estamos muy lejos de tener el Estado de Derecho al que todos los guatemaltecos aspiramos. Incluso yendo más allá en la evaluación y profundizando en el informe vemos que existen ocho factores que se toman en cuenta: 1. Límites a los poderes del Gobierno, 2. Ausencia de Corrupción, 3. Gobierno Abierto, 4. Derechos fundamentales, 5. Orden y Seguridad, 6. Aplicación regulatoria, 7. Justicia Civil, 8. Justicia Criminal.
Los factores en los que el país está más bajo en relación al resto, se relacionan con la falta de orden y seguridad, vaga aplicación regulatoria, limitada justicia civil, y una justicia criminal deficiente. Solo tomando en cuenta que tenemos 26 homicidios por cada 100,000 habitantes (que aunque ha mejorado todavía es una tasa muy alta para estándares internacionales), aplicación selectiva de regulaciones cuando se trata de inversiones intensivas en capital, tiempo que tarda un juicio en resolver una disputa comercial (1402 días), y un sistema de justicia criminal con un 12.6 por ciento de eficiencia, sabemos que nos falta mucho por recorrer.
Es por ello que la prioridad del fortalecimiento del Estado de Derecho pasa por mejorar la eficiencia del sistema de justicia criminal. Es un esfuerzo que involucra a todas las instituciones rectoras: Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Público Penal y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Si no se toma en cuenta que el fortalecimiento debe ser integral, se limita la capacidad de actuar de manera sistémica. Por lo tanto, a la hora de definir los presupuestos, el aumento en los recursos destinados debe contar con una definición clara de las metas a lograr para mejorar la eficiencia del sistema. Fuente: https://worldjusticeproject.org/ @jczapata_s
República es ajena a la opinión expresada en este artículo