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Paro de minera San Rafael le costará al país Q5 millones diarios

Allan Martinez
06 de julio, 2017

Con el paro de la Mina San Rafael se afecta la vida de 85 mil pobladores de San Rafael Las Flores que se benefician de los salarios de sus familiares que trabajan en la mina. 600 empresas proveedoras de materiales e insumos, 17 mil empleos directos, Q5 millones en impuestos diarios y 50 millones en regalías que recibe la municipalidad para invertirlo en el pueblo, son algunos de los daños cuantificados hasta el momento dejaría de recibir el país.

Ante el impacto económico que recibe el país y la mala imagen que se proyecta sobre la falta de certeza jurídica provocada por la Corte Suprema de Justicia, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se pronunció contra la resolución de la CSJ por la suspensión laboral de la minera.

También puede leer: CIG: Resolución de CSJ es nefasta y frustrante

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El sector empresarial organizado expresó su preocupación porque esta resolución, la cual tiene un impacto sobre los trabajadores, sus familias y las comunidades y pone en riesgos sus empleos, los ingresos y los beneficios económicos sociales para todo el país, expresó el presidente de Cacif, Antonio Malouf.

“El vocero de la mina, Andrés Dávila, agregó que Mina San Rafael ya había suspendido labores luego de los bloqueos en la carretera por parte de los pobladores de Casillas, ya que esta es la única entrada al municipio de San Rafael Las Flores y a la mina. Con la resolución de la CSJ solo se oficializó el la suspensión”, agregó.

También puede leer: Pobladores de San Rafael abogan a CSJ por sus empleos

Dávila también informó que una de las razones que sostiene el amparo interpuesto por Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) es que en San Rafael las Flores existe población Xinca que no fue consultada sobre la construcción de la Mina pero ya fue reconocido que no hay población indígena en el munipio. “El Parlamento Xinca ya reconoció que no existe población indígena de su etnia en San Rafael Las Flores. El Registro Nacional de Personas también reconoció la apreciación del parlamento.

Además mencionó que los pobladores de Casillas culpan a la minera de provocar los temblores que se sucedieron a principios del mes de junio en todo el país pese a que dicha suposición ya fue desmentida en un estudio realizado por el Instituto de Sismología Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Agregó el representante que han tenido el acompañamiento de CACIF para presentar el Memorial de Apelación a la Corte de Constitucionalidad y estarán a la espera que la suspensión sea retirada porque ya existe un precedente. (Caso Oxec I y II).

También puede leer: MEM afirma que Mina San Rafael cumple con la legislación y ha pagado 42.5 millones

El presidente Malouf agregó que no puede existir una contradicción entre las cortes cuando viene de visita del presidente y fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, que desea hacer una fuerte inversión en el país.

Momentos después del pronunciamiento, la cúpula empresarial hizo entrega de la Apelación de Amparo Provisional en la Corte de Constitucionalidad con la esperanza de una rápida resolución.

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Paro de minera San Rafael le costará al país Q5 millones diarios

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06 de julio, 2017

Con el paro de la Mina San Rafael se afecta la vida de 85 mil pobladores de San Rafael Las Flores que se benefician de los salarios de sus familiares que trabajan en la mina. 600 empresas proveedoras de materiales e insumos, 17 mil empleos directos, Q5 millones en impuestos diarios y 50 millones en regalías que recibe la municipalidad para invertirlo en el pueblo, son algunos de los daños cuantificados hasta el momento dejaría de recibir el país.

Ante el impacto económico que recibe el país y la mala imagen que se proyecta sobre la falta de certeza jurídica provocada por la Corte Suprema de Justicia, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se pronunció contra la resolución de la CSJ por la suspensión laboral de la minera.

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El sector empresarial organizado expresó su preocupación porque esta resolución, la cual tiene un impacto sobre los trabajadores, sus familias y las comunidades y pone en riesgos sus empleos, los ingresos y los beneficios económicos sociales para todo el país, expresó el presidente de Cacif, Antonio Malouf.

“El vocero de la mina, Andrés Dávila, agregó que Mina San Rafael ya había suspendido labores luego de los bloqueos en la carretera por parte de los pobladores de Casillas, ya que esta es la única entrada al municipio de San Rafael Las Flores y a la mina. Con la resolución de la CSJ solo se oficializó el la suspensión”, agregó.

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Dávila también informó que una de las razones que sostiene el amparo interpuesto por Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) es que en San Rafael las Flores existe población Xinca que no fue consultada sobre la construcción de la Mina pero ya fue reconocido que no hay población indígena en el munipio. “El Parlamento Xinca ya reconoció que no existe población indígena de su etnia en San Rafael Las Flores. El Registro Nacional de Personas también reconoció la apreciación del parlamento.

Además mencionó que los pobladores de Casillas culpan a la minera de provocar los temblores que se sucedieron a principios del mes de junio en todo el país pese a que dicha suposición ya fue desmentida en un estudio realizado por el Instituto de Sismología Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Agregó el representante que han tenido el acompañamiento de CACIF para presentar el Memorial de Apelación a la Corte de Constitucionalidad y estarán a la espera que la suspensión sea retirada porque ya existe un precedente. (Caso Oxec I y II).

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El presidente Malouf agregó que no puede existir una contradicción entre las cortes cuando viene de visita del presidente y fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, que desea hacer una fuerte inversión en el país.

Momentos después del pronunciamiento, la cúpula empresarial hizo entrega de la Apelación de Amparo Provisional en la Corte de Constitucionalidad con la esperanza de una rápida resolución.