Es momento de evaluar la política de descentralización

La desarticulación de la red de Arnoldo Medrano ha vuelto a evidenciar el jineteo de fondos que acontece en las municipalidades. El caso del alcalde de Chinautla es paradigmático, pues su nombre ha sido sinónimo de los males propios de la cooptación del poder local: caciquismo, nepotismo, transfuguismo, y un modelo de gestión patrimonial en el cual su familia actuaba como beneficiaria final de la mayoría de negocios municipales. Sin embargo, la red Medrano-Osorio tan solo forma parte de una larga lista de jefes ediles que han administrado las municipalidades como negocios familiares, listado que incluye a Adolfo Vivar en La Antigua Guatemala, a la familia de Emilenne Mazariegos en Chicamán, Quiché, Mito Barrientos y Armando Paniagua en Quetzaltenango, Abel Sandoval en Oratorio, Santa Rosa, René Cun de Tucurú, Alta Verapaz, o la red de las sobrinas Torres en comunas de Huehuetenango y Quiché.

Hasta ahora, la discusión ha girado en torno a la corrupción municipal, sin reparar que quizá ha llegado el momento de evaluar los legados de la política de descentralización.

En materia de ejercicio de poder, es más evidente que el país se fragmenta en más de 300 cacicazgos. Cada uno gobernado por un cacique que utiliza el clientelismo para constituir bases de apoyo, que a su vez, se convierten en activos electorales para los partidos. La cooptación de la institucionalidad edil es un reflejo de las mismas dinámicas corruptas que hemos visto en los casos del Gobierno central: redes de negocios, vinculación entre contratistas con familiares de los alcaldes, el círculo vicioso de concebir el financiamiento electoral como un ticket de ingreso para acceder a los negocios municipales, entre otros males.

El abuso de poder está a la orden del día. Para nadie es un secreto la excesiva discrecionalidad con la que se conducen algunas alcaldías. Recordemos, la arbitrariedad en el cobro de la tasa de alumbrado municipal ha sido uno de los factores asociados a la conflictividad energética. O qué decir del intento de varias comunas de Alta Verapaz de gravar actividades mercantiles en sus municipios. O el caso de las municipalidades de la cuenca del Lago de Atitlán, que en ausencia de una regulación nacional, emiten sus propias prohibiciones sobre el uso de plásticos, PETs y otros productos.

En otros casos extremos, algunos jefes ediles incluso han formado comités de seguridad que operan cuales aparatos clandestinos. Por ejemplo, en noviembre del 2011, elPeriódico denunció al grupo de “Los Encapuchados” en Panajachel, que con el respaldo del alcalde, ejecutaba palizas, detenciones ilegales, torturas, linchamientos y desapariciones forzadas. O qué decir de la vinculación de jefes ediles con estructuras del narcotráfico: el caso de Jorge Rizzo en Puerto de San José constituye el paradigma de ello.

Estos ejemplos ponen en evidencia que los objetivos de promover una sana descentralización de la administración pública o aumentar la participación a nivel local, han quedado cortos. Por el contrario, en Guatemala se replica el modelo del feudalismo medieval: Un Estado central incapaz de ejercer control territorial, frente a las crecientes fuerzas centrífugas de unas corporaciones locales que operan con total emancipación del poder central. ¿Es este el modelo de descentralización al que aspiramos?

 

 

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