El diputado Mario Velásquez Pérez, del distrito de San Marcos, ha sido arraigado este miércoles 26 de julio mediante solicitud realizada por el Ministerio Público (MP).
El ente investigador, quiere garantizar la presencia del diputado integrante de la bancada CREO, mientras se realiza una investigación en su contra donde lo señalan por delitos electorales.
Antecedentes del caso
El 16 de noviembre del año 2016, el MP recibió una denuncia en contra de Velásquez Pérez en donde fungía como Gerente General y Representante Legal de la entidad, “Comercial Velásquez”, S. A.
Dicha empresa supuestamente vendió insumos y era contratista del Estado por lo que se incurre en la prohibición contenida en el artículo 164 de la Constitución de la República de Guatemala.
Este artículo indica que no podrán ser diputados los contratistas de obras o empresas que reciban fondos públicos. Ante esta denuncia el MP presentó un solicitud de antejuicio en contra de Mario Velásquez.
Solicitud que fue evaluada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia y que fue declarada con lugar.
El diputado Mario Velásquez Pérez, del distrito de San Marcos, ha sido arraigado este miércoles 26 de julio mediante solicitud realizada por el Ministerio Público (MP).
El ente investigador, quiere garantizar la presencia del diputado integrante de la bancada CREO, mientras se realiza una investigación en su contra donde lo señalan por delitos electorales.
Antecedentes del caso
El 16 de noviembre del año 2016, el MP recibió una denuncia en contra de Velásquez Pérez en donde fungía como Gerente General y Representante Legal de la entidad, “Comercial Velásquez”, S. A.
Dicha empresa supuestamente vendió insumos y era contratista del Estado por lo que se incurre en la prohibición contenida en el artículo 164 de la Constitución de la República de Guatemala.
Este artículo indica que no podrán ser diputados los contratistas de obras o empresas que reciban fondos públicos. Ante esta denuncia el MP presentó un solicitud de antejuicio en contra de Mario Velásquez.
Solicitud que fue evaluada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia y que fue declarada con lugar.