Las carreteras del país están en pésimo estado y deteriorándose rápidamente.  La inacción por parte del gobierno central debido a la ineficiencia del sistema y el miedo a firmar contratos y proceder está provocando que se destruya ese capital invertido porque no ha tenido el más mínimo mantenimiento, por un lado, que se incrementen los tiempos de movilización de un sitio a otro debido a que para circular entre los baches hay que hacerlo a una velocidad muy reducida y que se incremente el número de accidentes, heridos y muertos.

         ¿Cómo salir de esta situación que mantiene semiparalizado al país?  Definitivamente no es con más de lo mismo.  El sistema de construcción de infraestructura y carreteras dirigido y planificado desde el Ministerio de Comunicaciones es obsoleto y no da la talla.  Ante esto el gobierno ha propuesto declarar un Estado de Calamidad por el mal estado de las carreteras, pero no razón válida para ello puesto que no hay ningún fenómeno natural el que esté causando el daño en las carreteras.  El pésimo estado de las mismas se debe, como ya mencioné, a una pésima gestión del gobierno y un sistema obsoleto e ineficiente.  Adicionalmente, cada proyecto y trabajo que se tiene que hacer desde el Gobierno implica cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones y esto implica trabajo burocrático y tiempo.  No es correcto que por no haber hecho este trabajo a tiempo ahora el gobierno quiera gastar sin seguir estos procedimientos.  La solución que nos permitirá atraer capitales para la construcción de carreteras de muy buena calidad es la de las carreteras privadas a riesgo de los inversionistas y la forma en que éstas se paguen sería mediante peajes.

En el año 2005, el CEES (Centro de Estudio Económico Sociales) hizo una propuesta para mejorar las carreteras y puentes destruidos por el Huracán Stan, que era tan válida entonces como ahora y no necesita de ningún Estado de Calamidad.  Estos serían los objetivos de la propuesta:

        Evitar el aumento del déficit fiscal y el endeudamiento, con el pretexto de afrontar la crisis provocada por el mal estado de las carreteras.

        Proporcionar mejor servicio de carreteras y puentes, cobrando menos impuestos y que sean más bajos.

        Fortalecer y ampliar la cobertura de la infraestructura vial del país.

        No aumentar la carga impositiva con motivo de ninguna razón.

        No desalentar el crecimiento económico. 

La propuesta implicaría hacer algunos cambios importantes en leyes y la forma como actualmente se encarga de la infraestructura más importante del país:    

        Desnacionalizar carreteras, puentes, aeropuertos y puertos marítimos.

        Informar claramente a los ciudadanos que no hay ninguna ley que prohíba a la empresa privada construir carreteras y producir cualquier medio de comunicación.

        Invitar a los dueños del capital nacional invertido en el exterior a que lo inviertan en infraestructura en el país, y legislar para brindar seguridad en el largo plazo a tales inversiones.

        Eliminar cualquier prohibición que inhiba la inversión privada en nuevas carreteras, puentes, puertos y aeropuertos.

        Abolir el impuesto a la distribución de petróleo y sus derivados.

        Abolir el impuesto al transporte y a las comunicaciones.

        Abolir paulatinamente el subsidio al transporte público.

         Esta propuesta necesitaría también que recuperemos la confianza en las instituciones de justicia en el país puesto que últimamente no hemos tenido confianza en las mismas, se ha perdido la certeza ante la ley en vista de las últimas resoluciones arbitrarias contra una hidroeléctrica y una minera por parte de la CSJ (Corte Suprema de Justicia).  Si a la CSJ se le ocurriera hacer lo mismo con los que van a invertir en carreteras estaríamos fritos.

         Tampoco sería contradictorio sino complementario que pudiera haber alguna carretera en concesión.  Dado que el gobierno no puede vender ciertos activos del Estado entre ellas las carreteras actuales, entonces estas podrían darse en concesión a modo que el que la gane tenga que invertir y no que el gobierno tenga que usar fondos de los impuestos para la reconstrucción de las carreteras en mal estado existentes.

          La forma de cobro sería por peaje.  Cada quien paga según utilice la carretera.  El peaje se cobraría con tarifas diferenciadas para los diferentes vehículos.  No es lo mismo una moto que un carro o un camión.  Y también, para que sea más eficiente el uso de la misma se diferenciarían las tarifas en horas picos (más latas) y en horas valle (más bajas) a modo que el usuario escoja dependiendo de su costo de oportunidad. 

         Esta es una propuesta real y posible que cambia el sistema actual obsoleto y pasivo por uno nuevo que es dinámico y no requiere recursos de los tributarios.  ¿Por qué no probar?

 

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