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Invasiones en El Estor golpean a pequeños propietarios

Luis Gonzalez
28 de julio, 2017

La falta de acción de las autoridades sigue propiciando que grupos vinculados al Comité de Unidad Campesina (CUC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), invadan propiedades en El Estor, Izabal, y destruyan todo, sin temor a ser castigados por sus acciones delincuenciales.

Los dirigentes de los usurpadores, Daniel Pascual y el diputado Leocadio Juracán, no contentos con haber destruido la inversión de grandes empresas como el ingenio Chabil Utzaj y atentar contra otras compañías que generan cientos de trabajos en el área, ahora se dedican a invadir pequeños terrenos, el único medio de sustento de sus propietarios.

Uno de los casos es el de Stela Klein. Su propiedad fue usurpada el 13 de febrero de este año por 20 familias de la comunidad Sepur Zarco. Al enterarse del hecho, ella llegó al sitio y trató de dialogar con los dirigentes para que abandonaran los terrenos, pero fue inútil.

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Los invasores alegan que tienen un “derecho ancestral” sobre la propiedad, lo que seguro es transmitido por su líder, Leocadio Juracán y otros dirigentes del CCDA, que manejan ese discurso.

Una historia de atentados y crímenes

Lo que ahora padece Stela Klein es apenas uno de los tantos tragos amargos que ha sufrido su familia durante los últimos 33 años. El primer golpe fue el asesinato de un empleado de la finca que en ese entonces dirigía su papá, en 1984. Este crimen presuntamente fue cometido por la guerrilla.

Un año más tarde, en 1985, de nuevo el grupo armado volvió a llegar a la finca y quemó la casa patronal donde se encontraba Guillermo, de 33 años, el hermano mayor de Stela y el candidato a alcalde de Panzós, quien estaba de visita en el lugar.

Los reportes de los medios de comunicación del 24 de octubre de 1985, con las limitaciones de la distancia, dieron a conocer el hecho que fue condenado por el Partido de Cooperación Nacional (PDCN) y el Partido Revolucionario (PR), al cual pertenecía el político.

Quienes se encontraban en la finca huyeron para evitar ser asesinados y otro de los hermanos se salvó porque ese día estaba fuera de la propiedad. Guillermo, en cambio, dejó dos niñas huérfanas, de 10 y ocho años.

Stela recuerda que intentó que este hecho quedará registrado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), pero no la tomaron en cuenta.

Luchó hasta el final

Luego de estas dos tragedias, el papá de Stela prefirió alejar a la familia de la finca. Construyó otra casa, pero de nuevo, en junio de 1986, volvieron a atacarlos. Esta vez las víctimas mortales fueron el encargado de la propiedad, Genaro de la Cruz y su sobrino René. Además, quemaron la nueva edificación.

Esto no detuvo a don Guillermo que siguió trabajando su finca, pero el 15 de diciembre de 1987 también fue asesinado. Ninguno de estos crímenes fue esclarecido y este último ataque cambió por completo la vida de la familia que había ya había soportado tantas fatalidades.

La propiedad todavía fue administrada unos diez añosmás por la familia Klein hasta que fue arrendada para la crianza de ganado. El sueño de don Erwin Hoones, quien adquirió la finca en 1945, de pronto se derrumbó por los constantes ataques de grupos supuestamente relacionados con la guerrilla.

Una nueva pesadilla

Pasaron 30 años y de nuevo la familia sufre otro atropello. Stela rentó el terreno, pero el 13 de febrero de este año fue invadido por el grupo que lidera el diputado Leocadio Juracán, quien este año presentó un proyecto de ley para expropiar tierras.

Te sugerimos leer:

Los usurpadores se identificaron como de la aldea Sepur Zarco y así, sin pena y sin temor a ser castigados, el día que Stela llegó a verificar lo sucedido, le indicaron que “en la comunidad son demasiados” y “como su propiedad no da alimentos, ellos la necesitan”, y por eso la invadieron.

Amenazaron con retenerla hasta que se estableciera una “mesa de diálogo”. Entonces, por el peligro, se retiró y presentó la denuncia en el Ministerio Público (MP) que ya verificó lo sucedido y ahora solo está a la espera de la orden de desalojo, otro dolor de cabeza para los propietarios de los terrenos usurpados.

Pero mientras esto se resuelve, los invasores ya causaron un daño calculado en unos Q100 mil. Quemaron el pasto especial para el ganado, talaron un bosque de caoba y vendieron la madera, además construyeron casas que no habitan.

Los usurpadores talaron los árboles y vendieron la madera.

Quemaron el pasto especial para el ganado y sembraron maíz.

Sin consuelo

En el Estor hay varias propiedades invadidas. Solo este año se han registrado ocho usurpaciones y aunque los casos han avanzado, todo se entrampa cuando debe efectuarse el desalojo.

La Policía Nacional Civil presenta cualquier excusa para no meterse en problemas porque los invasores son considerados por las autoridades como “actores sensibles” y cuando realizan los operativos y ven altos riesgos, porque en algunos casos son recibidos a balazos, se retiran del lugar.

Un hecho reciente, en octubre de 2016, fue el intento de desalojo de la finca Murciélago. Dos agentes fueron baleados y la jueza canceló la diligencia.

Los usurpadores obran con impunidad y algunos de ellos manifiestan que “no le temen a la cárcel”, mientras los afectados, como el caso de Stela, ya no cuentan con la única fuente de ingresos, la propiedad adquirida de manera legal, para sostener a su familia.

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Invasiones en El Estor golpean a pequeños propietarios

Luis Gonzalez
28 de julio, 2017

La falta de acción de las autoridades sigue propiciando que grupos vinculados al Comité de Unidad Campesina (CUC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), invadan propiedades en El Estor, Izabal, y destruyan todo, sin temor a ser castigados por sus acciones delincuenciales.

Los dirigentes de los usurpadores, Daniel Pascual y el diputado Leocadio Juracán, no contentos con haber destruido la inversión de grandes empresas como el ingenio Chabil Utzaj y atentar contra otras compañías que generan cientos de trabajos en el área, ahora se dedican a invadir pequeños terrenos, el único medio de sustento de sus propietarios.

Uno de los casos es el de Stela Klein. Su propiedad fue usurpada el 13 de febrero de este año por 20 familias de la comunidad Sepur Zarco. Al enterarse del hecho, ella llegó al sitio y trató de dialogar con los dirigentes para que abandonaran los terrenos, pero fue inútil.

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Los invasores alegan que tienen un “derecho ancestral” sobre la propiedad, lo que seguro es transmitido por su líder, Leocadio Juracán y otros dirigentes del CCDA, que manejan ese discurso.

Una historia de atentados y crímenes

Lo que ahora padece Stela Klein es apenas uno de los tantos tragos amargos que ha sufrido su familia durante los últimos 33 años. El primer golpe fue el asesinato de un empleado de la finca que en ese entonces dirigía su papá, en 1984. Este crimen presuntamente fue cometido por la guerrilla.

Un año más tarde, en 1985, de nuevo el grupo armado volvió a llegar a la finca y quemó la casa patronal donde se encontraba Guillermo, de 33 años, el hermano mayor de Stela y el candidato a alcalde de Panzós, quien estaba de visita en el lugar.

Los reportes de los medios de comunicación del 24 de octubre de 1985, con las limitaciones de la distancia, dieron a conocer el hecho que fue condenado por el Partido de Cooperación Nacional (PDCN) y el Partido Revolucionario (PR), al cual pertenecía el político.

Quienes se encontraban en la finca huyeron para evitar ser asesinados y otro de los hermanos se salvó porque ese día estaba fuera de la propiedad. Guillermo, en cambio, dejó dos niñas huérfanas, de 10 y ocho años.

Stela recuerda que intentó que este hecho quedará registrado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), pero no la tomaron en cuenta.

Luchó hasta el final

Luego de estas dos tragedias, el papá de Stela prefirió alejar a la familia de la finca. Construyó otra casa, pero de nuevo, en junio de 1986, volvieron a atacarlos. Esta vez las víctimas mortales fueron el encargado de la propiedad, Genaro de la Cruz y su sobrino René. Además, quemaron la nueva edificación.

Esto no detuvo a don Guillermo que siguió trabajando su finca, pero el 15 de diciembre de 1987 también fue asesinado. Ninguno de estos crímenes fue esclarecido y este último ataque cambió por completo la vida de la familia que había ya había soportado tantas fatalidades.

La propiedad todavía fue administrada unos diez añosmás por la familia Klein hasta que fue arrendada para la crianza de ganado. El sueño de don Erwin Hoones, quien adquirió la finca en 1945, de pronto se derrumbó por los constantes ataques de grupos supuestamente relacionados con la guerrilla.

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Pasaron 30 años y de nuevo la familia sufre otro atropello. Stela rentó el terreno, pero el 13 de febrero de este año fue invadido por el grupo que lidera el diputado Leocadio Juracán, quien este año presentó un proyecto de ley para expropiar tierras.

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Amenazaron con retenerla hasta que se estableciera una “mesa de diálogo”. Entonces, por el peligro, se retiró y presentó la denuncia en el Ministerio Público (MP) que ya verificó lo sucedido y ahora solo está a la espera de la orden de desalojo, otro dolor de cabeza para los propietarios de los terrenos usurpados.

Pero mientras esto se resuelve, los invasores ya causaron un daño calculado en unos Q100 mil. Quemaron el pasto especial para el ganado, talaron un bosque de caoba y vendieron la madera, además construyeron casas que no habitan.

Los usurpadores talaron los árboles y vendieron la madera.

Quemaron el pasto especial para el ganado y sembraron maíz.

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En el Estor hay varias propiedades invadidas. Solo este año se han registrado ocho usurpaciones y aunque los casos han avanzado, todo se entrampa cuando debe efectuarse el desalojo.

La Policía Nacional Civil presenta cualquier excusa para no meterse en problemas porque los invasores son considerados por las autoridades como “actores sensibles” y cuando realizan los operativos y ven altos riesgos, porque en algunos casos son recibidos a balazos, se retiran del lugar.

Un hecho reciente, en octubre de 2016, fue el intento de desalojo de la finca Murciélago. Dos agentes fueron baleados y la jueza canceló la diligencia.

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