A lo que Maduro llamó la “fiesta constituyente” representaba para la población venezolana el fin de la democracia y la consolidación de la dictadura.

El pasado domingo 30 de julio el presidente venezolano Nicolás Maduro celebró una elección fraudulenta para crear una Asamblea Constituyente y perpetuar su régimen socialista.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena proclamó los resultados de las elecciones convocadas por Maduro en las que solo participó el oficialismo. El 87.6% del país repudió el fraude de Maduro, pues solo 12.4% de la población votó.

La Unión Europea condenó el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante la jornada de votación, asegurando que la Asamblea Constituyente elegida en Venezuela no puede ser parte de la solución.

No solo la Unión Europea manifestó su molestia en contra de lo sucedido en Venezuela, el viernes Colombia y otros países como Paraguay, Perú, Argentina, Panamá, Brasil, Costa Rica, México, Suiza, Chile, España y Estados Unidos no reconocen los resultados de las elecciones para la Constituyente.

Existe posibilidad de que Donald Trump imponga sanciones económicas a Venezuela, lo cual dependerá de la exportación de petróleo a Estados Unidos.

La Organización de Estados Americanos, organizaciones no gubernamentales y el Parlamento Europeo se sumaron a este rechazo defendiendo los derechos humanos. Perú invitó a una reunión el próximo martes 8 de agosto en la sede de su Cancillería para evaluar la situación venezolana.

En casi cuatro meses según datos de The Economist han muerto más de 100 personas, además de que cientos de ciudadanos han sido encarcelados y encerrados por razones políticas.

La solución evidentemente sería lograr de que Maduro haga una transición negociada, que termine su mandato y respete la constitución. Además, es importante liberar a los presos políticos y garantizar elecciones regionales de manera justa, sin embargo, estos intentos han fracasado.

La comunidad internacional empieza a despertar, después de las muertes, la violación de derechos y la casi consolidación de la dictadura. Las sanciones, sin duda, pueden no tener efectos a corto plazo, sin embargo, a largo plazo Venezuela podrá sufrir aún más daños en su economía, la cual viene en crisis desde el 2012 y depende de las importaciones de otros países.

Países como Perú tienen una clara postura sobre la elección pues la misma viola normas de la Constitución venezolana y está en contra de la soberanía del pueblo. Es vital que la comunidad internacional se una para acabar con este régimen que viola los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.

Es lamentable que Guatemala mostrará una postura débil contra lo sucedido en Venezuela el domingo en su comunicado mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores:

Como se ve en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores solo demuestra su preocupación por las elecciones, sin embargo, no anuncia que no las reconoce y las considera nulas, a diferencia de otros gobiernos como el de Costa Rica:

El comunicado de la Cancillería guatemalteca, se muestra una postura débil, con poco carácter, a diferencia de otros países que han afirmado un rechazo a dichas elecciones.

Un gobierno como el nuestro solo sigue reflejando el poco liderazgo que tiene, frente a otros países de la comunidad latinoamericana que han decido rechazar la elección de la Constituyente que busca eliminar los frenos y contrapesos del Estado venezolano.

Es importante entender que las sanciones por parte de los países deben combinarse con ofertas negociadoras para llegar a soluciones con respecto a lo que sucede en Venezuela.

Sería bueno ver a la comunidad latinoamericana unida para hacerle frente a la situación del país, pero con comunicados como el nuestro, será difícil devolverles a los ciudadanos venezolanos la libertad que es tan valiosa para cualquier individuo y la cual solo podrá recuperarse con una transición pacífica al régimen democrático.