En 2005 y luego en 2014 tuve la oportunidad de visitar Costa Rica. La primera vez fui al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), en Turrialba; paradójicamente, a un curso sobre Cambio Climático, claro, desde la visión alarmista y estatista. (Por cierto, me cuenta un colega que estando allí, hace poco más de un año, fue testigo del férreo cuestionamiento público que lanzara uno de mis profesores sobre mi posición actual, la de Realista climático, de la cual se había enterado por intermedio de la Red de Amigos de la Naturaleza, Rana. ¡Aprovecho este pequeño espacio para agradecer el coraje de aquel colega y amigo porque en ese momento supo defender con objetividad y lealtad la postura académica disidente!).
De mis visitas concluyo que Costa Rica ha vendido muy bien la marca de país líder en conservación ambiental y de biodiversidad en la región. Ciertamente tiene lugares de mucha riqueza biológica, pero ciertamente también tiene graves problemas ambientales que eventualmente se desconocen y que me confirman amigos y colegas: ríos contaminados, basureros clandestinos, ciudades muy sucias y conflictividad social por minería, entre otros. Planteo la tesis de que la buena fama ha sido ganada a base de un excelente mercadeo gubernamental y oenegero irresponsable, que busca justificar sus millonarias “inversiones”. Hoy, ante las “dificultades de liquidez del gobierno para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales”, me provoca cuestionar el “éxito” tico en materia ambiental, el cual no solo ha abonado a esta crisis, sin duda, sino que constituye un mito que debemos abandonar.
Costa Rica, como Guatemala y cualquier otro país en América Latina, tiene una serie de instituciones ambientales que establecen un complejo régimen de permisos y privilegios: el MINAE o Ministerio de Ambiente y Energía; el FONAFIFO o Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, muy al estilo PINFOR o ProBosque, solo que “más innovador”; el SINAC o Sistema Nacional de Áreas de Conservación, equivalente al CONAP chapín; y una Oficina Nacional Forestal, equivalente al INAB (Instituto Nacional de Bosques).
El problema es que el “país modelo” ha caído en insolvencia, los gastos por concepto de publicidad y consultorías se ha exacerbado y, aunque lamentablemente no logré encontrar información que reflejase que el sector ambiental ha sido parte del festín por décadas, me atrevo a decir que efectivamente este rubro ha sido fuertemente financiado para aparentar un perfil de líder de la conservación. Claro, habremos de suponer que se han generado resultados, pero artificiales, pobres y lo que es peor, a costa de muchos, es decir, mediante el expolio legal (impuestos).
Todas estas instituciones, programas y proyectos tienen un asidero legal y por supuesto, un respaldo a manera de Convenio, protocolo, acuerdo o pacto internacional. Así es la confección de las leyes en nuestros países. Paradójicamente, surge la pregunta: ¿por qué Costa Rica siendo un país tan avanzado en materia ambiental y, en consecuencia, turística, no logra salir de la pobreza? Parte de la respuesta nos la da atinadamente el economista tico Juan Carlos Hidalgo, quien en su ensayo Crecimiento económico sin reducción de la pobreza: el caso de Costa Rica refiere muy bien que su país, como cualquier otro en América Latina, padece una fuerte dosis de mercantilismo. Este sistema económico, basado en proteccionismos y privilegios, se ha hecho patente en tres políticas de gobierno en las últimas 3 décadas: la monetaria, la agrícola y la regulatoria y fiscal.
A estas políticas mercantilistas no escapa el sector forestal y ambiental. Mecanismos como el FONAFIFO, el reciente Fondo de Biodiversidad Sostenible, entre muchos otros, y toda la agenda del cambio climático y equidad de género, al cual los “centros de investigación” tradicionales como el CATIE sencillamente no escapan, son privilegios o privilegiados, parte de un establishment y una agenda estatal que, finalmente usurpa las funciones (actividades), poderes (libertades) y recursos (dinero) a los ciudadanos y familias costarricenses.
Lamentablemente para los Pura Vida el tema ambiental ha sido puros cuentos. Y para los que anhelamos verdadera riqueza para nuestra América Central, necesitamos saber que Costa Rica no es la Suiza de América ni tampoco el “país modelo”. La crisis de hoy es el resultado del sistema estatista de las 3 últimas décadas. Y bueno la salida es la acción política, la que apuesta por un Capitalismo liberal, uno en el que efectivamente haya un gobierno limitado a sus funciones propias (seguridad, justicia e infraestructura), mercados realmente libres, sin privilegios, e irrestricto respeto a la propiedad privada, incluyendo los recursos naturales.
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Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro de Foro Liberal de América Latina y promotor de las 5 Reformas.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
En 2005 y luego en 2014 tuve la oportunidad de visitar Costa Rica. La primera vez fui al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), en Turrialba; paradójicamente, a un curso sobre Cambio Climático, claro, desde la visión alarmista y estatista. (Por cierto, me cuenta un colega que estando allí, hace poco más de un año, fue testigo del férreo cuestionamiento público que lanzara uno de mis profesores sobre mi posición actual, la de Realista climático, de la cual se había enterado por intermedio de la Red de Amigos de la Naturaleza, Rana. ¡Aprovecho este pequeño espacio para agradecer el coraje de aquel colega y amigo porque en ese momento supo defender con objetividad y lealtad la postura académica disidente!).
De mis visitas concluyo que Costa Rica ha vendido muy bien la marca de país líder en conservación ambiental y de biodiversidad en la región. Ciertamente tiene lugares de mucha riqueza biológica, pero ciertamente también tiene graves problemas ambientales que eventualmente se desconocen y que me confirman amigos y colegas: ríos contaminados, basureros clandestinos, ciudades muy sucias y conflictividad social por minería, entre otros. Planteo la tesis de que la buena fama ha sido ganada a base de un excelente mercadeo gubernamental y oenegero irresponsable, que busca justificar sus millonarias “inversiones”. Hoy, ante las “dificultades de liquidez del gobierno para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales”, me provoca cuestionar el “éxito” tico en materia ambiental, el cual no solo ha abonado a esta crisis, sin duda, sino que constituye un mito que debemos abandonar.
Costa Rica, como Guatemala y cualquier otro país en América Latina, tiene una serie de instituciones ambientales que establecen un complejo régimen de permisos y privilegios: el MINAE o Ministerio de Ambiente y Energía; el FONAFIFO o Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, muy al estilo PINFOR o ProBosque, solo que “más innovador”; el SINAC o Sistema Nacional de Áreas de Conservación, equivalente al CONAP chapín; y una Oficina Nacional Forestal, equivalente al INAB (Instituto Nacional de Bosques).
El problema es que el “país modelo” ha caído en insolvencia, los gastos por concepto de publicidad y consultorías se ha exacerbado y, aunque lamentablemente no logré encontrar información que reflejase que el sector ambiental ha sido parte del festín por décadas, me atrevo a decir que efectivamente este rubro ha sido fuertemente financiado para aparentar un perfil de líder de la conservación. Claro, habremos de suponer que se han generado resultados, pero artificiales, pobres y lo que es peor, a costa de muchos, es decir, mediante el expolio legal (impuestos).
Todas estas instituciones, programas y proyectos tienen un asidero legal y por supuesto, un respaldo a manera de Convenio, protocolo, acuerdo o pacto internacional. Así es la confección de las leyes en nuestros países. Paradójicamente, surge la pregunta: ¿por qué Costa Rica siendo un país tan avanzado en materia ambiental y, en consecuencia, turística, no logra salir de la pobreza? Parte de la respuesta nos la da atinadamente el economista tico Juan Carlos Hidalgo, quien en su ensayo Crecimiento económico sin reducción de la pobreza: el caso de Costa Rica refiere muy bien que su país, como cualquier otro en América Latina, padece una fuerte dosis de mercantilismo. Este sistema económico, basado en proteccionismos y privilegios, se ha hecho patente en tres políticas de gobierno en las últimas 3 décadas: la monetaria, la agrícola y la regulatoria y fiscal.
A estas políticas mercantilistas no escapa el sector forestal y ambiental. Mecanismos como el FONAFIFO, el reciente Fondo de Biodiversidad Sostenible, entre muchos otros, y toda la agenda del cambio climático y equidad de género, al cual los “centros de investigación” tradicionales como el CATIE sencillamente no escapan, son privilegios o privilegiados, parte de un establishment y una agenda estatal que, finalmente usurpa las funciones (actividades), poderes (libertades) y recursos (dinero) a los ciudadanos y familias costarricenses.
Lamentablemente para los Pura Vida el tema ambiental ha sido puros cuentos. Y para los que anhelamos verdadera riqueza para nuestra América Central, necesitamos saber que Costa Rica no es la Suiza de América ni tampoco el “país modelo”. La crisis de hoy es el resultado del sistema estatista de las 3 últimas décadas. Y bueno la salida es la acción política, la que apuesta por un Capitalismo liberal, uno en el que efectivamente haya un gobierno limitado a sus funciones propias (seguridad, justicia e infraestructura), mercados realmente libres, sin privilegios, e irrestricto respeto a la propiedad privada, incluyendo los recursos naturales.
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Jorge David Chapas es guatemalteco y empresario forestal. Fundador y CEO de Rana. Miembro de Foro Liberal de América Latina y promotor de las 5 Reformas.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo