Alcaldes deben promover mecanismos legales para aumentar sus recursos
Por más de 20 años Guatemala no ha logrado crecer de manera sostenible por encima del 6 por ciento. El único año que logramos elevar el crecimiento económico por encima de dicha meta, plasmada en los Acuerdos de Paz, fue durante el último año del Gobierno del Presidente Berger, en el que el país llegó a crecer 6.3 por ciento.
Está claro que para lograr mayores niveles de bienestar y desarrollo sostenible, el país necesita plantearse metas más agresivas de crecimiento económico. Esto requiere indudablemente políticas públicas que prioricen los cuellos de botella en temas relacionados a la transparencia y procesos de servicio civil más eficientes, para reducir la corrupción; fortalecer el sistema de justicia, dotar a la población de mayor certeza jurídica; invertir más en procesos que mejoren la calidad y cobertura educativa; continuar el esfuerzo para ampliar y mejorar la red de servicios de salud y acelerar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.
El país claramente sufre de una gran centralización, en donde la mayor productividad está concentrada en municipios de los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez. Es por ello que para generar mejor calidad de servicios a la creciente urbanización del país, la Agenda Urbana para Guatemala, ha identificado nueve polos de desarrollo a través del sistema de enlaces funcionales de la red de Ciudades Intermedias.
Sabemos que el país va a tener una población cada vez más urbana, pasando de 53 por ciento que existe actualmente según las últimas proyecciones, a 79 por ciento en el año 2032. Con este fenómeno, también van a cambiar los patrones de consumo de la población. La migración de lo rural a lo urbano, aunado con un aumento de la edad de la población de 20 a 28 años, conlleva retos importantes a nivel de los nueve territorios identificados, para buscar mecanismos legales que permitan que los alcaldes se vuelvan promotores de la atracción de inversión y que los impuestos que paguen las empresas con las operaciones que realizan en sus territorios, una parte se invierta en la localidad donde se producen.
Los incentivos hoy a la descentralización, no están generando la inversión financiera que las ciudades requieren para poderse desarrollar. Guatemala debe aumentar la carga fiscal con la que cuenta el país y buscar mecanismos más ágiles para que los impuestos se traduzcan en proyectos que permitan generar ciudades sostenibles, que tengan las características de ser: incluyentes, ordenadas, resilientes y competitivas. Es allí donde los alcaldes deben dejar de ser actores pasivos y convertirse en catalizadores de iniciativas legales que fomenten el desarrollo local.
@jczapata_s
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Alcaldes deben promover mecanismos legales para aumentar sus recursos
Por más de 20 años Guatemala no ha logrado crecer de manera sostenible por encima del 6 por ciento. El único año que logramos elevar el crecimiento económico por encima de dicha meta, plasmada en los Acuerdos de Paz, fue durante el último año del Gobierno del Presidente Berger, en el que el país llegó a crecer 6.3 por ciento.
Está claro que para lograr mayores niveles de bienestar y desarrollo sostenible, el país necesita plantearse metas más agresivas de crecimiento económico. Esto requiere indudablemente políticas públicas que prioricen los cuellos de botella en temas relacionados a la transparencia y procesos de servicio civil más eficientes, para reducir la corrupción; fortalecer el sistema de justicia, dotar a la población de mayor certeza jurídica; invertir más en procesos que mejoren la calidad y cobertura educativa; continuar el esfuerzo para ampliar y mejorar la red de servicios de salud y acelerar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.
El país claramente sufre de una gran centralización, en donde la mayor productividad está concentrada en municipios de los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez. Es por ello que para generar mejor calidad de servicios a la creciente urbanización del país, la Agenda Urbana para Guatemala, ha identificado nueve polos de desarrollo a través del sistema de enlaces funcionales de la red de Ciudades Intermedias.
Sabemos que el país va a tener una población cada vez más urbana, pasando de 53 por ciento que existe actualmente según las últimas proyecciones, a 79 por ciento en el año 2032. Con este fenómeno, también van a cambiar los patrones de consumo de la población. La migración de lo rural a lo urbano, aunado con un aumento de la edad de la población de 20 a 28 años, conlleva retos importantes a nivel de los nueve territorios identificados, para buscar mecanismos legales que permitan que los alcaldes se vuelvan promotores de la atracción de inversión y que los impuestos que paguen las empresas con las operaciones que realizan en sus territorios, una parte se invierta en la localidad donde se producen.
Los incentivos hoy a la descentralización, no están generando la inversión financiera que las ciudades requieren para poderse desarrollar. Guatemala debe aumentar la carga fiscal con la que cuenta el país y buscar mecanismos más ágiles para que los impuestos se traduzcan en proyectos que permitan generar ciudades sostenibles, que tengan las características de ser: incluyentes, ordenadas, resilientes y competitivas. Es allí donde los alcaldes deben dejar de ser actores pasivos y convertirse en catalizadores de iniciativas legales que fomenten el desarrollo local.
@jczapata_s
República es ajena a la opinión expresada en este artículo