Ante la confirmación por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC), de suspender provisionalmente las operaciones de Minera San Rafael, AmCham expresa su preocupación ante las pérdidas económicas, fiscales y laborales para el país que esta decisión ha provocado. Esto afectando a inversionistas, proveedores, empleados, municipalidades en el área de influencia del proyecto y al Estado de Guatemala.
“Desde el año 2014 Minera San Rafael, una de las minas de plata y oro más grandes del mundo, ha realizado fuertes inversiones y promovido un desarrollo sustancial no solo a nivel de la comunidad, sino también a nivel nacional. La suspensión temporal de sus licencias operativas no solo afecta a la mina, sino que también acarrea un impacto directo en el desarrollo socioeconómico del país. Como Estado se esté desincentivando y enviando un mensaje negativo a cualquier potencial inversionista que tenga la intención de mover capital al país”, expresó Juan Pablo Carrasco, Presidente de AmCham
A pesar del cese de operaciones, Minera San Rafael ha continuado cumpliendo sus acuerdos, e incluso en este mes ha pagado regalías a la Municipalidad de San Rafael las Flores por un monto de 6 millones 246 mil quetzales.
Hay un precedente
La CC ya estableció un precedente en el caso OXEC, el cual se debería considerar en aras de fortalecer la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en el país.
Con esta suspensión de operaciones se ha puesto en riesgo más de 17,000 empleos directos. De estos dependen más de 85 mil guatemaltecos. Esto sin mencionar los más de 5 millones que dejan de ingresar diariamente al país por la operación, y los más de 120 millones de dólares en inversión anual y pago a proveedores.
“Desde la perspectiva del inversionista, la acción tomada ha causado una pérdida del 45% del valor en bolsas internacionales de la entidad Tahoe Resources, Inc. propietaria de la Minera San Rafael. Es de suma importancia mencionar que, al contar con capital estadounidense, es una empresa amparada bajo el Capítulo X de Inversión del DR-CAFTA. Esto la habilita para plantear una demanda internacional millonaria de protección al inversionista en contra del país”, agregó Carrasco.
Este tipo de demandas se plantean ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI-. En los casos de TECO y FERROVIAS, el Estado de Guatemala fue condenado al pago de 16 millones y 18.6 millones de dólares, en concepto de indemnización por los daños causados al inversionista. Aparte de las pérdidas socioeconómicas que la suspensión en sí conlleva, es preocupante ver que el caso de Minera San Rafael pueda resultar en una demanda internacional que potencialmente representará una indemnización millonaria en contra del país.
Ante la confirmación por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC), de suspender provisionalmente las operaciones de Minera San Rafael, AmCham expresa su preocupación ante las pérdidas económicas, fiscales y laborales para el país que esta decisión ha provocado. Esto afectando a inversionistas, proveedores, empleados, municipalidades en el área de influencia del proyecto y al Estado de Guatemala.
“Desde el año 2014 Minera San Rafael, una de las minas de plata y oro más grandes del mundo, ha realizado fuertes inversiones y promovido un desarrollo sustancial no solo a nivel de la comunidad, sino también a nivel nacional. La suspensión temporal de sus licencias operativas no solo afecta a la mina, sino que también acarrea un impacto directo en el desarrollo socioeconómico del país. Como Estado se esté desincentivando y enviando un mensaje negativo a cualquier potencial inversionista que tenga la intención de mover capital al país”, expresó Juan Pablo Carrasco, Presidente de AmCham
A pesar del cese de operaciones, Minera San Rafael ha continuado cumpliendo sus acuerdos, e incluso en este mes ha pagado regalías a la Municipalidad de San Rafael las Flores por un monto de 6 millones 246 mil quetzales.
Hay un precedente
La CC ya estableció un precedente en el caso OXEC, el cual se debería considerar en aras de fortalecer la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en el país.
Con esta suspensión de operaciones se ha puesto en riesgo más de 17,000 empleos directos. De estos dependen más de 85 mil guatemaltecos. Esto sin mencionar los más de 5 millones que dejan de ingresar diariamente al país por la operación, y los más de 120 millones de dólares en inversión anual y pago a proveedores.
“Desde la perspectiva del inversionista, la acción tomada ha causado una pérdida del 45% del valor en bolsas internacionales de la entidad Tahoe Resources, Inc. propietaria de la Minera San Rafael. Es de suma importancia mencionar que, al contar con capital estadounidense, es una empresa amparada bajo el Capítulo X de Inversión del DR-CAFTA. Esto la habilita para plantear una demanda internacional millonaria de protección al inversionista en contra del país”, agregó Carrasco.
Este tipo de demandas se plantean ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones -CIADI-. En los casos de TECO y FERROVIAS, el Estado de Guatemala fue condenado al pago de 16 millones y 18.6 millones de dólares, en concepto de indemnización por los daños causados al inversionista. Aparte de las pérdidas socioeconómicas que la suspensión en sí conlleva, es preocupante ver que el caso de Minera San Rafael pueda resultar en una demanda internacional que potencialmente representará una indemnización millonaria en contra del país.