Luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolviera levantar la suspensión de operaciones de Mina San Rafael el jueves anterior, se pensó que todo volvería a la normalidad para que los trabajadores regresaran a sus labores normales.

Pero no fue así. El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) apeló la decisión. Por consiguiente, se mantiene en suspenso la resolución hasta que la Corte de Constitucionalidad resuelva.

La CSJ revocó el amparo otorgado el 22 de junio que suspendía las licencias de operación El Escobal en 2013 y Juan Bosco en 2012. Estas son las que permiten operar a Mina San Rafael. Cerca de 85 mil pobladores de San Rafael Las Flores son afectados por la suspensión de la empresa.

Esta es la resolución de la CSJ:

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Fijan plazo a Energía y Minas

La Corte también dio al Ministerio de Energía y Minas un plazo de 12 meses para realizar la Consulta a los Pueblos Indígenas de la zona de Santa Rosa y Jalapa. Eso con el fin cumplir con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para el abogado de CALAS, Rafael Maldonado, la minera debe seguir suspendida. “Esperamos por unos seis meses hasta que la Corte de Constitucionalidad emita la resolución respectiva”, dijo.

Acerca de la resolución de la CSJ en la que ordena al Ministerio de Energía y Minas realizar la Consulta a los Pueblos Indígenas, afirma:”Esa es la visión de la Corte y uno solo puede acatar o apelarla. Nosotros la hemos apelado este lunes“.

“Lo que buscamos es que la Corte revoque la parte en donde indica que los deje trabajar”, recalcó Maldonado.

Por el otro lado, el ministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang, recalcó que hasta el momento la Mina San Rafael ha entregado Q210 millones producto de regalías obligatorias y voluntarias, así como canon de superficie.

En relación con la apelación planteada en la CC, el funcionario expresó: “Tenemos conocimiento del recurso interpuesto. Será la CC la que resuelva”.

“Solo buscan cerrar empresas”

“Estas acciones legales de Calas demuestran cuál es la verdadera intención de ellos: cerrar las empresas para hacer daño. No les interesa el tema de la consulta indígena o defender a los pueblos Xincas. No les importa si hay 1 mil 600 personas sin trabajo y cientos de proveedores afectados. Porque su razón de existir es que siga la conflictividad”, opina Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS).

“Nos alegra la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Se apega a la sentencia en el caso de Oxec. Sienta una jurisprudencia para que cuando estos vividores de la conflictividad accionen legalmente, las Cortes resuelvan de inmediato sin cerrar las empresas. Porque esto daña a los empleados, a las empresas y al país”, enfatiza la entrevistada.

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