A partir del 27 de agosto las protestas volvieron a ser comunes en la capital. La declaración de persona “Non Grata” a Iván Velásquez, jefe de la CICIG, animó de nuevo a muchos ciudadanos a salir a las calles y este sábado la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó al Procurador de los Derechos Humanos (PDH) para garantizar el derecho a manifestar.
Pero, ¿que llevó al procurador Jordan Rodas a pedir la protección de la Corte si hasta ahora las protestas se realizan sin mayores incidentes? Según él, al temor de que esta garantía será restringida por las autoridades, basándose en lo que sus delegados han visto en las manifestaciones.
El funcionario deja entrever el interés de algunos grupos por infiltrar las marchas. Incluso habla de personas armadas que cometerían hechos violentos, lo cual sería la justificación del Ejecutivo para restringir las garantías de los ciudadanos.
La acción del PDH también ocurre previo a nuevos anuncios de marchas, incluso del llamado a un paro nacional para el 20 de septiembre.
Pero un breve repaso de lo sucedido hasta el momento en las protestas no ofrece señales de infiltrados o de personas interesadas en causar violencia, excepto el jueves 14 de septiembre cuando algunos arremetieron contra funcionarios y propiedad del Estado, pero todos los responsables están grabados y si se quisiera, podrían ser identificados para deducir responsabilidades.
Este fue el video presentado por el Ejecutivo por los daños causados el 14 de septiembre:
Cronología de protestas
La decisión del mandatario al declarar persona “Non Grata” a Iván Velásquez y expulsarlo del país, llevó a un grupo a rechazar la postura oficial, y a otro a manifestarse a favor de la salida del comisionado.
Estas dos reacciones se mantuvieron y se expresaban de manera pública frente al Palacio Nacional y Casa Presidencial o en el ingreso a la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ubicada en la zona 14.
Los bandos coincidieron en el Congreso el lunes 11 de septiembre cuando los diputados trataron la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, acusado por el Ministerio Público y la CICIG del delito de financiamiento electoral ilícito. Tras el resultado de la votación que favoreció al mandatario, unos se marcharon frustrados y otros satisfechos, sin saber que en 48 horas tendrían una causa común.
El día siguiente de la votación en el Congreso un nuevo hecho marcó la jornada. Se conoció que Jimmy Morales recibió pagos de parte del Ejército por ser el Comandante General de las fuerzas armadas, fueron cheques de Q50 mil que sumaron Q450 mil. Todo presagiaba una nueva ola de protestas ese día, pero no las hubo.
Miércoles para no olvidar
El martes en el Congreso algunos diputados comentaron que al día siguiente se aprobarían cambios a leyes para favorecer a congresistas señalados de ilegalidades, pero nada era claro; sin embargo, el miércoles el rumor creció y esto pasó a ser realidad en el hemiciclo.
Los guatemaltecos atentos a las noticias, escucharon asombrados y desconcertados que 107 legisladores aprobaron cambios al Código Penal para beneficio propio: quitaron responsabilidades penales para los secretarios generales de los partidos políticos y ampliaron los beneficios de medidas sustitutivas para los condenados.
La decisión causó inmediata indignación y rechazo de todos los sectores de la sociedad que de nuevo se volvieron a unir contra los diputados que tomaron una decisión sin discusión y de “urgencia nacional”, porque la nueva regulación fue vista como un beneficio inmediato para los secretarios generales Roberto Villate, de Líder; Orlando Blanco, de la UNE, y Jimmy Morales, de FCN-Nación, los tres acusados de financiamiento electoral ilícito.
No soportaron la presión
La actuación de los diputados llevó a pronunciamientos públicos y en redes sociales de grupos de la sociedad civil organizada, sector empresarial y estudiantes. Se plantearon recursos legales que la Corte de Constitucionalidad resolvió el jueves para dejar sin efecto las reformas al Código Penal.
Ya para entonces muchos legisladores manifestaron su “arrepentimiento” por apoyar los cambios y el ponente, Orlando Blanco, ofreció que el viernes se reunirían para dar marcha atrás. En efecto, fueron convocados el 15 de septiembre a las dos de la tarde.
Su llegada al Congreso fue difícil, por lo menos para quienes los manifestantes identificaron como uno de los 107 que votaron a favor de las reformas al Código Penal. Pero aún con todo el malestar de la ciudadanía, a lo más que llegaron fue a empujones, gritos y a tirar agua.
El orden impuesto por la Policía, que acordó los tres ingresos al Congreso, permitió que los legisladores entraran. También, de manera esporádica, algunos líderes se paraban en sillas, incluso subidos en un árbol, para pedir calma y respeto para las autoridades. Hubo llamados para apartar a los violentos o personas ebrias y no caer en provocaciones.
Lo que sí estaba claro, es que muchos manifestantes no querían dejar salir a los diputados o los retaban a asomarse, gritando que no abandonarían la protesta, dispuestos a amanecer. Algunos empleados del Congreso fueron confundidos con los parlamentarios cuando salieron y recibieron una lluvia de insultos y también de agua, pero no pasó a más.
La protesta fue tensa, pero pacífica. Familias con sus hijos menores de edad y adultos mayores participaron sin sobresaltos y todo transcurrió con respeto. Fue al final del día, cuando las fuerzas especiales de la PNC irrumpieron por el ingreso de la 9a. avenida para rescatar a los diputados, que hubo incidentes, pero no agresiones serias, como lo reconoció la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Guatemala.
Como prevención
El Procurador Jordan Rodas dice que planteó los recursos legales para prevenir algún intento por desvirtuar la “gesta ciudadana”. “El amparo pretende garantizar todas las garantías de los que participan y los que no participan”, subraya el funcionario.
Preocupación que ahora se justifica por los informes de los delegados de la PDH, aunque de manera evidente ha quedado demostrado el orden y respeto de la Policía Nacional Civil hacia los manifestantes y también de los ciudadanos hacia la autoridad, aunque prive el descontento y rechazo hacia la mayoría de diputados y otros funcionarios.
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Pero, ¿que llevó al procurador Jordan Rodas a pedir la protección de la Corte si hasta ahora las protestas se realizan sin mayores incidentes? Según él, al temor de que esta garantía será restringida por las autoridades, basándose en lo que sus delegados han visto en las manifestaciones.
El funcionario deja entrever el interés de algunos grupos por infiltrar las marchas. Incluso habla de personas armadas que cometerían hechos violentos, lo cual sería la justificación del Ejecutivo para restringir las garantías de los ciudadanos.
La acción del PDH también ocurre previo a nuevos anuncios de marchas, incluso del llamado a un paro nacional para el 20 de septiembre.
Pero un breve repaso de lo sucedido hasta el momento en las protestas no ofrece señales de infiltrados o de personas interesadas en causar violencia, excepto el jueves 14 de septiembre cuando algunos arremetieron contra funcionarios y propiedad del Estado, pero todos los responsables están grabados y si se quisiera, podrían ser identificados para deducir responsabilidades.
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La decisión del mandatario al declarar persona “Non Grata” a Iván Velásquez y expulsarlo del país, llevó a un grupo a rechazar la postura oficial, y a otro a manifestarse a favor de la salida del comisionado.
Estas dos reacciones se mantuvieron y se expresaban de manera pública frente al Palacio Nacional y Casa Presidencial o en el ingreso a la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ubicada en la zona 14.
Los bandos coincidieron en el Congreso el lunes 11 de septiembre cuando los diputados trataron la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, acusado por el Ministerio Público y la CICIG del delito de financiamiento electoral ilícito. Tras el resultado de la votación que favoreció al mandatario, unos se marcharon frustrados y otros satisfechos, sin saber que en 48 horas tendrían una causa común.
El día siguiente de la votación en el Congreso un nuevo hecho marcó la jornada. Se conoció que Jimmy Morales recibió pagos de parte del Ejército por ser el Comandante General de las fuerzas armadas, fueron cheques de Q50 mil que sumaron Q450 mil. Todo presagiaba una nueva ola de protestas ese día, pero no las hubo.
Miércoles para no olvidar
El martes en el Congreso algunos diputados comentaron que al día siguiente se aprobarían cambios a leyes para favorecer a congresistas señalados de ilegalidades, pero nada era claro; sin embargo, el miércoles el rumor creció y esto pasó a ser realidad en el hemiciclo.
Los guatemaltecos atentos a las noticias, escucharon asombrados y desconcertados que 107 legisladores aprobaron cambios al Código Penal para beneficio propio: quitaron responsabilidades penales para los secretarios generales de los partidos políticos y ampliaron los beneficios de medidas sustitutivas para los condenados.
La decisión causó inmediata indignación y rechazo de todos los sectores de la sociedad que de nuevo se volvieron a unir contra los diputados que tomaron una decisión sin discusión y de “urgencia nacional”, porque la nueva regulación fue vista como un beneficio inmediato para los secretarios generales Roberto Villate, de Líder; Orlando Blanco, de la UNE, y Jimmy Morales, de FCN-Nación, los tres acusados de financiamiento electoral ilícito.
No soportaron la presión
La actuación de los diputados llevó a pronunciamientos públicos y en redes sociales de grupos de la sociedad civil organizada, sector empresarial y estudiantes. Se plantearon recursos legales que la Corte de Constitucionalidad resolvió el jueves para dejar sin efecto las reformas al Código Penal.
Ya para entonces muchos legisladores manifestaron su “arrepentimiento” por apoyar los cambios y el ponente, Orlando Blanco, ofreció que el viernes se reunirían para dar marcha atrás. En efecto, fueron convocados el 15 de septiembre a las dos de la tarde.
Su llegada al Congreso fue difícil, por lo menos para quienes los manifestantes identificaron como uno de los 107 que votaron a favor de las reformas al Código Penal. Pero aún con todo el malestar de la ciudadanía, a lo más que llegaron fue a empujones, gritos y a tirar agua.
El orden impuesto por la Policía, que acordó los tres ingresos al Congreso, permitió que los legisladores entraran. También, de manera esporádica, algunos líderes se paraban en sillas, incluso subidos en un árbol, para pedir calma y respeto para las autoridades. Hubo llamados para apartar a los violentos o personas ebrias y no caer en provocaciones.
Lo que sí estaba claro, es que muchos manifestantes no querían dejar salir a los diputados o los retaban a asomarse, gritando que no abandonarían la protesta, dispuestos a amanecer. Algunos empleados del Congreso fueron confundidos con los parlamentarios cuando salieron y recibieron una lluvia de insultos y también de agua, pero no pasó a más.
La protesta fue tensa, pero pacífica. Familias con sus hijos menores de edad y adultos mayores participaron sin sobresaltos y todo transcurrió con respeto. Fue al final del día, cuando las fuerzas especiales de la PNC irrumpieron por el ingreso de la 9a. avenida para rescatar a los diputados, que hubo incidentes, pero no agresiones serias, como lo reconoció la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Guatemala.
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