La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) solicita a la Corte de Constitucionalidad mantener el criterio legal que ha prevalecido en resoluciones de casos similares a los de Mina San Rafael.
Los industriales recuerdan a los magistrados que la empresa acató los fallos anteriores y a partir del 8 de septiembre buscó reiniciar las operaciones, pero privilegiando con el diálogo con las comunidades.
Por ello esperan que en su fallo definitivo, la Corte fortalezca “la democracia y el estado derecho” y se cumplan los plazos establecidos en la ley.
Impacto económico
El sector industrial también llama a reflexionar acerca del impacto negativo que significa para el país que la mina no opere.
Estiman que el Estado ha dejado de percibir unos Q600 millones durante los cuatro meses que la mina no ha operado.
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Estos son datos hechos públicos por la Mina San Rafael
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