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Libertad, igualdad y fraternidad: la implementación 2NDA parte

Warren Orbaugh
07 de noviembre, 2017

En mis artículos anteriores propuse que si vamos a iniciar un diálogo nacional para construir la república, convendría partir de aquellos principios en los que todos estemos de acuerdo para luego discutir las distintas interpretaciones y formas de instaurarlos. Afirmé que suponía que estamos de acuerdo en los principios republicanos declarados por los revolucionarios de la Ilustración: Libertad, igualdad y fraternidad.

El gobierno, que se establece con el propósito de proteger los derechos individuales de los ciudadanos, debe amparar y respetar la libertad de cada persona a determinar su propio proyecto de vida y al igual que la justicia y la igualdad que se basa en la igual dignidad de las personas.

Sin un sistema efectivo de justicia que proteja los derechos de cada uno por igual y sin una conducta fraternal de respeto mutuo entre ciudadanos es difícil ejercer uno su libertad plena.

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El hombre para deliberar y decidir su mejor curso de acción económica se basa en la información que le provee el sistema de precios que le indica como productor si se requiere o no determinado producto y en qué cantidad. Al comparar la información con la de su costo podrá saber (mediante el cálculo económico) si le conviene o no dedicar su energía a producir tal o cual producto –pues la riqueza es el resultado del intercambio de productos demandados. Si produce productos no demandados lo que habrá elaborado es basura tan sólo. Su ganancia se deriva de la diferencia entre el valor de lo producido y el costo de producirlo. El cálculo de costos es pues, un instrumento mental para la acción –es una planificación deliberada para aprovechar mejor los recursos disponibles para la provisión de futuras necesidades.

Cuando el gobierno, violando el principio para el que fue creado -proteger y respetar la libertad de cada persona a determinar su propio proyecto de vida y al igual que la justicia y la igualdad que se basa en la igual dignidad de las personas– interviene en el sistema de precios, distorsiona la comunicación entre los individuos llevándolos a tomar decisiones económicas equivocadas a partir la información falsa que recibieron. El gobierno habrá irrespetado la libertad de cada uno de actuar de acuerdo a su mejor juicio al deformar la información sobre la que el ciudadano juzga; habrá irrespetado su dignidad como humano al obligarlo a actuar mediante engaño en contra de su mejor juicio; habrá irrespetado su igualdad ante la ley al haber decretado privilegios que pretenden beneficiar a unos en perjuicio de otros, pero que a la larga, perjudican a todos; y la conducta de los gobernantes no será fraternal al no respetar el proyecto de vida de cada quien al manipularlo para que viva, no de acuerdo a su mejor juicio, sino que de acuerdo al juicio arbitrario de los gobernantes.

Por eso es esencial que si el gobierno va a respetar y amparar los principios de libertad, igualdad y fraternidad, se establezca la separación total del Estado y de la economía, permitiendo a cada ciudadano vivir su proyecto de vida de acuerdo a su mejor juicio.

Este principio –separación del Estado y la economía– se aplica, no sólo a evitar la distorsión de la información de oferta y demanda, sino que a la libertad de comerciar de cada ciudadano. Los individuos intercambian bienes y servicios porque les resulta provechoso dicho intercambio –de lo contrario no lo harían. La transacción comercial es una armonización de intereses entre dos negociantes que obtienen, cada uno, un valor de la misma. El precio acordado es el precio justo –no existe otra forma de establecerlo. Es una interrelación gana-gana.

El Estado viola el principio de proteger y respetar los derechos de los ciudadanos –el principio de respetar y amparar a cada individuo el poder actuar correctamente, rectamente de acuerdo a su derecha razón, a su mejor juicio– cuando se entromete como tercero entre la interrelación comercial de dos negociantes. Haciendo caso omiso de que el intercambio comercial se da siempre y sólo entre individuos y que lo hacen por el provecho mutuo que en él encuentran, los gobernantes intervienen imponiendo barreras arancelarias, aduanas, aranceles proteccionistas, políticas de fomento, el “derecho a la ganancia justa”, y el “derecho al trabajo”. Lo hacen bajo la errónea idea de que el comercio también se da entre naciones, cuyos intereses son conflictivamente irreconciliables, por lo que un país sólo puede prosperar a costa de los demás –conciben el intercambio comercial como una relación gana-pierde.

Estas políticas públicas son ejemplos de expoliación legal, es decir, injusticia organizada. Promueven la desigualdad en la medida en que despoja a unos para enriquecer a otros –creando privilegios– convirtiendo la ley en instrumento de expoliación. Impiden al consumidor comprar al mejor precio pues éste está distorsionado por tasas arbitrarias; al productor competir en igualdad de circunstancias pues algunos se ven beneficiados con privilegios –exoneración de impuestos; al negociante establecer el precio justo pues éste está establecido por el gobierno. Las aduanas corrompen el sistema al darle poder a un burócrata de imponer arbitrariamente arbitrios y la oportunidad al corrupto de extorsionar al comerciante mediante la dilación indefinida de su transacción comercial. Se vulnera de esta manera la libertad y la propiedad.

Es imperativo pues, si hemos de crear una república justa, basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que el principio de separación entre Estado y economía contemple la abstención del Estado de intervenir entre el libre intercambio entre negociantes. La función del Estado es solamente velar porque se cumplan los contratos.

Continuará.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

Libertad, igualdad y fraternidad: la implementación 2NDA parte

Warren Orbaugh
07 de noviembre, 2017

En mis artículos anteriores propuse que si vamos a iniciar un diálogo nacional para construir la república, convendría partir de aquellos principios en los que todos estemos de acuerdo para luego discutir las distintas interpretaciones y formas de instaurarlos. Afirmé que suponía que estamos de acuerdo en los principios republicanos declarados por los revolucionarios de la Ilustración: Libertad, igualdad y fraternidad.

El gobierno, que se establece con el propósito de proteger los derechos individuales de los ciudadanos, debe amparar y respetar la libertad de cada persona a determinar su propio proyecto de vida y al igual que la justicia y la igualdad que se basa en la igual dignidad de las personas.

Sin un sistema efectivo de justicia que proteja los derechos de cada uno por igual y sin una conducta fraternal de respeto mutuo entre ciudadanos es difícil ejercer uno su libertad plena.

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El hombre para deliberar y decidir su mejor curso de acción económica se basa en la información que le provee el sistema de precios que le indica como productor si se requiere o no determinado producto y en qué cantidad. Al comparar la información con la de su costo podrá saber (mediante el cálculo económico) si le conviene o no dedicar su energía a producir tal o cual producto –pues la riqueza es el resultado del intercambio de productos demandados. Si produce productos no demandados lo que habrá elaborado es basura tan sólo. Su ganancia se deriva de la diferencia entre el valor de lo producido y el costo de producirlo. El cálculo de costos es pues, un instrumento mental para la acción –es una planificación deliberada para aprovechar mejor los recursos disponibles para la provisión de futuras necesidades.

Cuando el gobierno, violando el principio para el que fue creado -proteger y respetar la libertad de cada persona a determinar su propio proyecto de vida y al igual que la justicia y la igualdad que se basa en la igual dignidad de las personas– interviene en el sistema de precios, distorsiona la comunicación entre los individuos llevándolos a tomar decisiones económicas equivocadas a partir la información falsa que recibieron. El gobierno habrá irrespetado la libertad de cada uno de actuar de acuerdo a su mejor juicio al deformar la información sobre la que el ciudadano juzga; habrá irrespetado su dignidad como humano al obligarlo a actuar mediante engaño en contra de su mejor juicio; habrá irrespetado su igualdad ante la ley al haber decretado privilegios que pretenden beneficiar a unos en perjuicio de otros, pero que a la larga, perjudican a todos; y la conducta de los gobernantes no será fraternal al no respetar el proyecto de vida de cada quien al manipularlo para que viva, no de acuerdo a su mejor juicio, sino que de acuerdo al juicio arbitrario de los gobernantes.

Por eso es esencial que si el gobierno va a respetar y amparar los principios de libertad, igualdad y fraternidad, se establezca la separación total del Estado y de la economía, permitiendo a cada ciudadano vivir su proyecto de vida de acuerdo a su mejor juicio.

Este principio –separación del Estado y la economía– se aplica, no sólo a evitar la distorsión de la información de oferta y demanda, sino que a la libertad de comerciar de cada ciudadano. Los individuos intercambian bienes y servicios porque les resulta provechoso dicho intercambio –de lo contrario no lo harían. La transacción comercial es una armonización de intereses entre dos negociantes que obtienen, cada uno, un valor de la misma. El precio acordado es el precio justo –no existe otra forma de establecerlo. Es una interrelación gana-gana.

El Estado viola el principio de proteger y respetar los derechos de los ciudadanos –el principio de respetar y amparar a cada individuo el poder actuar correctamente, rectamente de acuerdo a su derecha razón, a su mejor juicio– cuando se entromete como tercero entre la interrelación comercial de dos negociantes. Haciendo caso omiso de que el intercambio comercial se da siempre y sólo entre individuos y que lo hacen por el provecho mutuo que en él encuentran, los gobernantes intervienen imponiendo barreras arancelarias, aduanas, aranceles proteccionistas, políticas de fomento, el “derecho a la ganancia justa”, y el “derecho al trabajo”. Lo hacen bajo la errónea idea de que el comercio también se da entre naciones, cuyos intereses son conflictivamente irreconciliables, por lo que un país sólo puede prosperar a costa de los demás –conciben el intercambio comercial como una relación gana-pierde.

Estas políticas públicas son ejemplos de expoliación legal, es decir, injusticia organizada. Promueven la desigualdad en la medida en que despoja a unos para enriquecer a otros –creando privilegios– convirtiendo la ley en instrumento de expoliación. Impiden al consumidor comprar al mejor precio pues éste está distorsionado por tasas arbitrarias; al productor competir en igualdad de circunstancias pues algunos se ven beneficiados con privilegios –exoneración de impuestos; al negociante establecer el precio justo pues éste está establecido por el gobierno. Las aduanas corrompen el sistema al darle poder a un burócrata de imponer arbitrariamente arbitrios y la oportunidad al corrupto de extorsionar al comerciante mediante la dilación indefinida de su transacción comercial. Se vulnera de esta manera la libertad y la propiedad.

Es imperativo pues, si hemos de crear una república justa, basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que el principio de separación entre Estado y economía contemple la abstención del Estado de intervenir entre el libre intercambio entre negociantes. La función del Estado es solamente velar porque se cumplan los contratos.

Continuará.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo