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¿Llevar a la cárcel a todo el país?

Giovanni Fratti
11 de diciembre, 2017

Las autoridades de la SAT, hace solo unos días, presentaron ante la opinión pública y en conferencia de prensa, al mejor estilo CICIG-MP, sin haberlos vencido primero en juicio ante juez competente, a una serie de presuntos evasores de impuestos, personas jurídicas e individuales, según tengo entendido.

Es posible que algunos o todos los 140 contribuyentes sean o no culpables de algún delito o falta administrativa tributaria. Inclusive es posible que muchos o la mayoría de ellos sean hallados culpables, luego de las instancias judiciales y que el derecho de defensa se ejerza y sean vencidos en proceso penal o administrativo.

Lo que es increíble es que supuestos exfiscales del MP y altas autoridades y abogados guatemaltecos, que fueron litigantes y expertos en derecho procesal penal garantista, violen la presunción de inocencia y el debido proceso exponiendo públicamente listados de empresas con supuestos o probables problemas con el fisco antes de derrotarlos en juicio.

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Aun al peor culpable del mundo le asisten derechos constitucionales y procesales que deben ser respetados por la SAT y cualquier autoridad, y el hacer cobranza fiscal por los medios de comunicación y por la presión mediática, aun si son culpables los contribuyentes acusados públicamente, es ilegal, inconstitucional y en contra del debido proceso y los derechos humanos universales.

¿Por qué, preguntarán algunos, la insistencia de este comentarista de opinión en esas garantías procesales y constitucionales? Pues incluso si solo uno de los acusados es inocente y aun si los 140 son hallados culpables, no es posible que la autoridad pública viole una vez más flagrantemente la Constitución y los derechos procesales y garantías de cualquier acusado.

Como un chiste cruel y cínico, también me pareció la afirmación de algún burócrata que en entrevista dijo que le interesa ¡el crecimiento económico! A la par de plantear una cacería judicial, sean o no culpables el o los ciudadanos acusados ¡¡¡por la autoridad tributaria!!!

Esa misma autoridad tributaria, en abierta violación también del Derecho Diplomático y la Convención de Viena, en varias ocasiones ha tratado de violar dicho secreto diplomático queriendo revisar ilegalmente los registros contables de las embajadas con las que esa autoridad ¡no comparte ideología o postura pública!

¿Para qué existe la autoridad? ¿Para amedrentar y destruir el crecimiento económico y ahuyentar la inversión nacional y extranjera? ¿O está para hacer valer la ley respetando el debido proceso y las garantías constitucionales?

¿Será que la caída de más de un 1% del PIB de la economía (más de seis mil millones de quetzales menos de crecimiento económico para 2017) no le importa a nadie en el gobierno?

¿Cómo va la economía de Guatemala a generar los más de 200 mil empleos formales que son necesarios para absorber los cientos de miles de jóvenes que entran año con año al mercado laboral guatemalteco?

No es posible que con fallos ilegales de la CSJ y la CC ni con una persecución totalmente arbitraria de las autoridades tributarias o judiciales logremos el crecimiento económico necesario para generar ¡la estabilidad y crecimiento necesario!

Si los contribuyentes son culpables de evasión, deben ser perseguidos penalmente sin circos mediáticos y menos desprestigiando a nadie ante la opinión pública. ¿Cómo mejorará la recaudación fiscal en Guatemala?

#GuatemalaEsNuestraRecuperemosla

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

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Giovanni Fratti
11 de diciembre, 2017

Las autoridades de la SAT, hace solo unos días, presentaron ante la opinión pública y en conferencia de prensa, al mejor estilo CICIG-MP, sin haberlos vencido primero en juicio ante juez competente, a una serie de presuntos evasores de impuestos, personas jurídicas e individuales, según tengo entendido.

Es posible que algunos o todos los 140 contribuyentes sean o no culpables de algún delito o falta administrativa tributaria. Inclusive es posible que muchos o la mayoría de ellos sean hallados culpables, luego de las instancias judiciales y que el derecho de defensa se ejerza y sean vencidos en proceso penal o administrativo.

Lo que es increíble es que supuestos exfiscales del MP y altas autoridades y abogados guatemaltecos, que fueron litigantes y expertos en derecho procesal penal garantista, violen la presunción de inocencia y el debido proceso exponiendo públicamente listados de empresas con supuestos o probables problemas con el fisco antes de derrotarlos en juicio.

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Aun al peor culpable del mundo le asisten derechos constitucionales y procesales que deben ser respetados por la SAT y cualquier autoridad, y el hacer cobranza fiscal por los medios de comunicación y por la presión mediática, aun si son culpables los contribuyentes acusados públicamente, es ilegal, inconstitucional y en contra del debido proceso y los derechos humanos universales.

¿Por qué, preguntarán algunos, la insistencia de este comentarista de opinión en esas garantías procesales y constitucionales? Pues incluso si solo uno de los acusados es inocente y aun si los 140 son hallados culpables, no es posible que la autoridad pública viole una vez más flagrantemente la Constitución y los derechos procesales y garantías de cualquier acusado.

Como un chiste cruel y cínico, también me pareció la afirmación de algún burócrata que en entrevista dijo que le interesa ¡el crecimiento económico! A la par de plantear una cacería judicial, sean o no culpables el o los ciudadanos acusados ¡¡¡por la autoridad tributaria!!!

Esa misma autoridad tributaria, en abierta violación también del Derecho Diplomático y la Convención de Viena, en varias ocasiones ha tratado de violar dicho secreto diplomático queriendo revisar ilegalmente los registros contables de las embajadas con las que esa autoridad ¡no comparte ideología o postura pública!

¿Para qué existe la autoridad? ¿Para amedrentar y destruir el crecimiento económico y ahuyentar la inversión nacional y extranjera? ¿O está para hacer valer la ley respetando el debido proceso y las garantías constitucionales?

¿Será que la caída de más de un 1% del PIB de la economía (más de seis mil millones de quetzales menos de crecimiento económico para 2017) no le importa a nadie en el gobierno?

¿Cómo va la economía de Guatemala a generar los más de 200 mil empleos formales que son necesarios para absorber los cientos de miles de jóvenes que entran año con año al mercado laboral guatemalteco?

No es posible que con fallos ilegales de la CSJ y la CC ni con una persecución totalmente arbitraria de las autoridades tributarias o judiciales logremos el crecimiento económico necesario para generar ¡la estabilidad y crecimiento necesario!

Si los contribuyentes son culpables de evasión, deben ser perseguidos penalmente sin circos mediáticos y menos desprestigiando a nadie ante la opinión pública. ¿Cómo mejorará la recaudación fiscal en Guatemala?

#GuatemalaEsNuestraRecuperemosla

República es ajena a la opinión expresada en este artículo