En mi artículo anterior expuse la necesidad de un cambio profundo en el sistema electoral actual de Guatemala, así como los principios a los que esta eventual reforma debería atenerse para ser verdaderamente una democracia representativa, que es el ideal en una República. En esta segunda parte, expongo algunas de las cuestiones que considero deberían tanto establecerse en una Ley electoral como positivizarse, es decir, hacerse cumplir.

En primer lugar, es importante recordar que una verdadera reforma debe dirigirse no a la actual Ley, sino al actual sistema. En ese orden de ideas, no es concebible una reforma a la Ley, sino un reemplazo de la misma, que deje sin vigencia la actual y ponga a trabajar una nueva.

Dice Antonio García Trevijano, jurista y pensador citado también en el primer artículo, que una democracia representativa debe cumplir con:

“ 1. Similar número de electores en cada circunscripción.
2. Similar número de votos para ser elegido diputado.
3. Mandato imperativo del electorado.
4. Revocabilidad de la diputación en caso de deslealtad al mandato.”

Es importante, entonces, hacer énfasis en que la nueva ley, como primera parte debería contener el establecimiento de circunscripciones, como las llama García Trevijano, o Distritos, como los llamamos nosotros, que reflejen la situación demográfica y no solamente geográfica de la población que elige.

En cuanto al segundo punto, complementa García Trevijano, aseverando que “refrendar una de las listas de partido no es elegir.” Ciertamente, el sistema actual de listados nos obliga a elegir un partido entre varios: a votar un símbolo entre muchos, un color entre muchos. Y como sucede en una oligarquía de partidos como la nuestra, nunca por un representante. Es por eso que García Trevijano establece como requisito la elección uninominal, criticada por el hecho de dar poder irremovible al diputado.

No obstante, el pensador español se adelanta, señalando la importancia de la revocabilidad del mandato, cuestión que resultaría complicada, sin duda, pero necesaria para el buen funcionamiento del mecanismo democrático.

Además lo que indica García Trevijano, es importante tener en cuenta las siguientes cuestiones: los partidos políticos deben funcionar por la misma ley de la oferta y la demanda. Es imperativo que no se financien con fondos públicos y que dejen de ser quistes en el ejecutivo y el legislativo, y se financien por medios privados, y compitan en elecciones donde el votante sea quien escoja su permanencia, ingreso o salida del poder. Junto a esto, es sin duda ineludible eliminar muchas de las regulaciones del mercado que hoy causan que el financiamiento de los partidos políticos sea espurio.

De este modo con, por ejemplo, la des-regulación de las drogas debilitaría a los carteles y coadyuvaría al financiamiento de los partidos con la confianza de los empresarios honestos.

Por otro lado, no se puede obviar que aunque son muchos los inconformes con los candidatos, la opinión suya no tiene ninguna vinculación legal. Es por eso que es importante sumar a los conteos de votos aquellos en blanco, y comparar las proporciones de abstenciones con personas empadronadas. Esta acción, siendo vinculante, resultaría en una poderosa señal de inconformidad con las candidaturas, cuestión que resulta importante entendiendo que los candidatos deben sin duda alguna representar a sus electores.

Como último punto, considero válido alertar sobre los peligros de la paridad que tantas veces se ha propuesto. La paridad no es más que la peligrosa obligación de elegir a los representantes por proporcionalidad étnica o de género. Sin duda alguna, no se puede obligar a un ciudadano a elegir a una mujer, a un hombre, a un ladino a un indígena. La solución, como se ha expuesto, es hacer proporcionales los distritos, para que un distrito de ladinos tenga el mismo valor electoral que uno de garífunas, o uno de xincas; pero nunca obligar a un garífuna a votar en iguales cantidades por un ladino o un indígena, por ejemplo.

Al final, los puntos propuestos son solamente cuestiones vitales para aplicar en una ley que cambie el sistema de oligarquía de partidos a una democracia representativa. Una propuesta es siempre mejorable, y necesariamente “redactable” a términos jurídicos que observen las cuestiones constitucionales y los principios tanto jurídicos como democráticos.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo