El martes 9 de enero publicó Phillip Chicola una aguda reflexión, como acostumbra, sobre el momento actual de la justicia en Guatemala, bajo el título: “El árbitro de última instancia dentro del sistema político”.
Con respecto a esa observación querría recordar a mis lectores aquel concepto sui generis de los “Ilustrados” franceses del siglo XVIII sobre la “tiranía de los jueces”, contra la que reiteradamente reclamaron antes de la Revolución, y encabezados por Voltaire, que creyeron haber resuelto de una vez por todas con la Constitución de 1789 por ellos mismos redactada.
Por su parte, según parece sugerir Chicola, en Guatemala la tradición caudillista de otros tiempos derivó hacia una identificación del papel del ejército como último árbitro vigilante del poder político constituido. Y para ilustrarlo, se vale de un término recientemente acuñado para el léxico de la reflexión filosófica en torno a la política y los políticos por Samuel Huntington: el del “Pretorianismo”.
Lo que a su turno se reduce a una alusión a la historia de la progresiva decadencia de la República romana, así como más tarde hubo de suceder lo mismo, y más cruentamente, con el Imperio, y siempre por la misma razón: la ascendencia en el poder público de un puñado de “pretores” o guardianes militarizados a cargo de la protección de la persona del César de turno.
De estar en lo correcto Chicola, y siempre dentro del marco guatemalteco, los militares, por lo menos desde la revolución liberal de 1871, han fungido aquí a esa manera “pretoriana” hasta hace muy poco, en cuanto árbitros últimos capaces de poner o quitar gobernantes a su antojo, con lo que concuerdo en parte aunque la halle una interpretación demasiado simplista para mi gusto.
Porque del ejército profesional de Guatemala, es decir, de aquel derivado de las reformas liberales de la Revolución e iniciado y moldeado desde 1873 por Justo Rufino Barrios, sólo se podría decir que empezó a “pretorianizarse” de veras desde el gobierno del General Orellana cuando puso fin al prometedor movimiento unionista de su tiempo, y muy en especial otra vez desde la elección de Jacobo Árbenz Guzmán, aunque en lo sucesivo entre matices alternativos de mayor o menor profesionalismo y de injerencia en la cosa pública hasta desaparecer del todo a partir de la Constitución Política de 1985.
Aunque con el consiguiente desgaste de cualquier institución (que no sea el Poder Legislativo) que se haya tornado progresivamente “partidista”, léanse la USAC, las confederaciones gremiales de todo tipo tanto las de los asalariados (sindicatos) como las de confederaciones patronales (CACIF), o la misma Iglesia.
Pero también, según se desprende de lo dicho por Chicola, ahora ese supuesto gobierno “pretoriano” en las sombras se ha desplazado ilícitamente hacia la Corte de Constitucionalidad, pero en cuanto idea que plenamente comparto como algo de veras insólito y hasta monstruoso.
Por otra parte, el domingo 7 de enero también leí otro serio artículo de opinión de Cesar García que intituló: “El valor de la coherencia”, el cual creo poder utilizarlo como respuesta a otro no menos enjundioso, aunque algo burlón, de Ítalo Antoniotti, del 10 de enero, y que contradice en parte, probablemente sin saberlo, lo afirmado por Cesar García. O sea, precisamente sin esa coherencia como principio moral absoluto a la que había aludido García.
Todo ello armonizado me permite entender un poco mejor lo trágico de esa “pretorianización” de la Corte de Constitucionalidad, verdaderamente eco de a aquella tiranía consuetudinaria de los jueces de antaño.
Un ejemplo: la Magistrada de esa Corte, la licenciada Gloria Porras, inconstitucionalmente se auto recetó un “bono revolucionario” en el mes de octubre del 2016 (y que después hizo extensivo a los otros cuatro Magistrados titulares así como a los cinco suplentes y al resto del personal con el obvio propósito de ganarse su apoyo) pero que fue denunciado por dos de sus colegas honorables en cuanto una violación a la Constitución vigente y un abuso injustificable en el manejo del presupuesto asignado a la Corte.
Tal actuación permaneció impune porque la Contraloría de Cuentas, a su turno, tampoco cumplió con su deber constitucional.
Más tarde, esa misma Magistrada se arrogó de nuevo inconstitucionalmente el poder de inmiscuirse en la conducción de las política exterior del país que la Constitución vigente reserva con exclusividad al poder Ejecutivo, cuando este último había decidido declarar, con todo derecho, “persona non grata” a ese abusivo Comisionado de la CICIG, Iván Velázquez.
De paso ya había mostrado doña Gloria su quasi-analfabetismo económico con su disparatada orden de cierre de la mina “San Rafael”, que dejó sin empleo y sin sustento a 17,000 familias campesinas. Un buen curso del contemporáneo “análisis económico del Derecho” le vendría profesionalmente como anillo al dedo…
Y así se ha descubierto ella como una tuerca más de ese engranaje “tiránico” montado por Iván, con el respaldo de los extranjeros enemigos de Guatemala de siempre (y de algunos locales), como por ejemplo esa neurótica representante por el Partido Demócrata de California, Norma Torres.
Todo parecido a aquella muy corrupta persecución penal de Erwin Sperisen organizada desde aquí por Claudia Paz y Paz y Francisco Dall’Anese y ejecutada servilmente en el cantón de Ginebra por su “compañero de ruta” Yves Bertossa.
¿Acaso también ya se nos olvidó que la Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Veliz, encabezó las manifestaciones de masas para impedir que se izara la bandera nacional nada menos que el día conmemorativo de la Independencia y en la Plaza llamada “de la Constitución”?
La “tiranía de los jueces” está en Guatemala de regreso, un retroceso de más de dos siglos.
Gracias, Iván, por esa tu nefasta colaboración. Algún día lo habrá de pagar en suelo guatemalteco o en el colombiano que te vio nacer.
Sea dicho de paso, ¿A qué vino celebrar una vez más la Independencia el pasado 15 de septiembre?… Por incoherencia, amigo César.
(Continuará)
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
El martes 9 de enero publicó Phillip Chicola una aguda reflexión, como acostumbra, sobre el momento actual de la justicia en Guatemala, bajo el título: “El árbitro de última instancia dentro del sistema político”.
Con respecto a esa observación querría recordar a mis lectores aquel concepto sui generis de los “Ilustrados” franceses del siglo XVIII sobre la “tiranía de los jueces”, contra la que reiteradamente reclamaron antes de la Revolución, y encabezados por Voltaire, que creyeron haber resuelto de una vez por todas con la Constitución de 1789 por ellos mismos redactada.
Por su parte, según parece sugerir Chicola, en Guatemala la tradición caudillista de otros tiempos derivó hacia una identificación del papel del ejército como último árbitro vigilante del poder político constituido. Y para ilustrarlo, se vale de un término recientemente acuñado para el léxico de la reflexión filosófica en torno a la política y los políticos por Samuel Huntington: el del “Pretorianismo”.
Lo que a su turno se reduce a una alusión a la historia de la progresiva decadencia de la República romana, así como más tarde hubo de suceder lo mismo, y más cruentamente, con el Imperio, y siempre por la misma razón: la ascendencia en el poder público de un puñado de “pretores” o guardianes militarizados a cargo de la protección de la persona del César de turno.
De estar en lo correcto Chicola, y siempre dentro del marco guatemalteco, los militares, por lo menos desde la revolución liberal de 1871, han fungido aquí a esa manera “pretoriana” hasta hace muy poco, en cuanto árbitros últimos capaces de poner o quitar gobernantes a su antojo, con lo que concuerdo en parte aunque la halle una interpretación demasiado simplista para mi gusto.
Porque del ejército profesional de Guatemala, es decir, de aquel derivado de las reformas liberales de la Revolución e iniciado y moldeado desde 1873 por Justo Rufino Barrios, sólo se podría decir que empezó a “pretorianizarse” de veras desde el gobierno del General Orellana cuando puso fin al prometedor movimiento unionista de su tiempo, y muy en especial otra vez desde la elección de Jacobo Árbenz Guzmán, aunque en lo sucesivo entre matices alternativos de mayor o menor profesionalismo y de injerencia en la cosa pública hasta desaparecer del todo a partir de la Constitución Política de 1985.
Aunque con el consiguiente desgaste de cualquier institución (que no sea el Poder Legislativo) que se haya tornado progresivamente “partidista”, léanse la USAC, las confederaciones gremiales de todo tipo tanto las de los asalariados (sindicatos) como las de confederaciones patronales (CACIF), o la misma Iglesia.
Pero también, según se desprende de lo dicho por Chicola, ahora ese supuesto gobierno “pretoriano” en las sombras se ha desplazado ilícitamente hacia la Corte de Constitucionalidad, pero en cuanto idea que plenamente comparto como algo de veras insólito y hasta monstruoso.
Por otra parte, el domingo 7 de enero también leí otro serio artículo de opinión de Cesar García que intituló: “El valor de la coherencia”, el cual creo poder utilizarlo como respuesta a otro no menos enjundioso, aunque algo burlón, de Ítalo Antoniotti, del 10 de enero, y que contradice en parte, probablemente sin saberlo, lo afirmado por Cesar García. O sea, precisamente sin esa coherencia como principio moral absoluto a la que había aludido García.
Todo ello armonizado me permite entender un poco mejor lo trágico de esa “pretorianización” de la Corte de Constitucionalidad, verdaderamente eco de a aquella tiranía consuetudinaria de los jueces de antaño.
Un ejemplo: la Magistrada de esa Corte, la licenciada Gloria Porras, inconstitucionalmente se auto recetó un “bono revolucionario” en el mes de octubre del 2016 (y que después hizo extensivo a los otros cuatro Magistrados titulares así como a los cinco suplentes y al resto del personal con el obvio propósito de ganarse su apoyo) pero que fue denunciado por dos de sus colegas honorables en cuanto una violación a la Constitución vigente y un abuso injustificable en el manejo del presupuesto asignado a la Corte.
Tal actuación permaneció impune porque la Contraloría de Cuentas, a su turno, tampoco cumplió con su deber constitucional.
Más tarde, esa misma Magistrada se arrogó de nuevo inconstitucionalmente el poder de inmiscuirse en la conducción de las política exterior del país que la Constitución vigente reserva con exclusividad al poder Ejecutivo, cuando este último había decidido declarar, con todo derecho, “persona non grata” a ese abusivo Comisionado de la CICIG, Iván Velázquez.
De paso ya había mostrado doña Gloria su quasi-analfabetismo económico con su disparatada orden de cierre de la mina “San Rafael”, que dejó sin empleo y sin sustento a 17,000 familias campesinas. Un buen curso del contemporáneo “análisis económico del Derecho” le vendría profesionalmente como anillo al dedo…
Y así se ha descubierto ella como una tuerca más de ese engranaje “tiránico” montado por Iván, con el respaldo de los extranjeros enemigos de Guatemala de siempre (y de algunos locales), como por ejemplo esa neurótica representante por el Partido Demócrata de California, Norma Torres.
Todo parecido a aquella muy corrupta persecución penal de Erwin Sperisen organizada desde aquí por Claudia Paz y Paz y Francisco Dall’Anese y ejecutada servilmente en el cantón de Ginebra por su “compañero de ruta” Yves Bertossa.
¿Acaso también ya se nos olvidó que la Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Veliz, encabezó las manifestaciones de masas para impedir que se izara la bandera nacional nada menos que el día conmemorativo de la Independencia y en la Plaza llamada “de la Constitución”?
La “tiranía de los jueces” está en Guatemala de regreso, un retroceso de más de dos siglos.
Gracias, Iván, por esa tu nefasta colaboración. Algún día lo habrá de pagar en suelo guatemalteco o en el colombiano que te vio nacer.
Sea dicho de paso, ¿A qué vino celebrar una vez más la Independencia el pasado 15 de septiembre?… Por incoherencia, amigo César.
(Continuará)
República es ajena a la opinión expresada en este artículo