Se trata del peor momento por el que ha pasado la emisión de pasaportes en la historia moderna guatemalteca. Una fatiga diaria que viven un centenar de personas cuando, en alguna de las escasas cuatro delegaciones de pasaportes que existen en todo el país, la espera para ser atendidos sobrepasa las cinco horas. Suciedad, incertidumbre, inseguridad y presión por parte de individuos que ofrecen medidas ilegales para la obtención del documento, acompañan a las víctimas de un trámite que, por razones políticas y económicas que responden a intereses particulares, han transformado un simple proceso en un martirio; un martirio que algunos han bautizado como una tragedia: la tragedia de los pasaportes.

Víctimas del sistema

Son las tres de la mañana y las afueras de la Dirección General de Migración (DGM), en la zona 4 capitalina, comienza a llenarse. Personas descienden de buses, autos particulares o llegan a pie, pero siempre a paso ligero para asegurarse algún espacio frente a las puertas del lugar antes de que salga el sol, que ya cuenta con una larga fila de guatemaltecos preocupados.

Este escenario ya no es novedad. La DGM se ha encargado de que el panorama en esta dependencia luzca tenso, desolador y frustrante. No hay sonrisas en la fila. Las personas están preocupadas. Una de ellas es Silvia Arriaza, que espera desde hace más de cinco horas en una fila que, lejos de comodidades, pareciera no tener fin. No ha venido sola, viene acompañada de niños, pero la compañía nada neutraliza la situación.

La situación de Arriaza no es única. Sin embargo, ella goza de una ventaja sobre Guillermo Álvarez: es de la capital y su odisea por tramitar el pasaporte ha iniciado esa mañana. Pero para Álvarez, que vive en Santa Cruz del Quiché, Quiché, la tediosa aventura ha iniciado desde el día anterior, cuando abandonó el departamento del norte para viajar a la capital. Esto debido a la falta de dependencias en todo el país. Él conoce el martirio del pasaporte y por eso ha programado sacarlo en dos o tres días.

El guatemalteco que viaja desde el interior además de pagar los Q225.00 (US$30.00) para obtener su pasaporte. Gasta otros Q200 aproximadamente en transporte, más los gastos que haga con relación a alimentación. Pero este no es el peor escenario de pérdidas económicas. Hay quienes dependen de su pasaporte para trabajar. Sin pasaporte, no hay trabajo y sin trabajo no hay ingresos. 

Tramitadores: cazadores de fortunas

Pero el panorama desolador ha resultado en una oportunidad para los denominados “tramitadores”. Ellos han hecho de la desesperanza de las personas un negocio. Así han sido bautizadas las personas que se dedican a cobrar por un espacio en la fila y acortar el tiempo de espera. Hay quienes cuyos servicios van más allá de reservar lugar: sus oficios incluyen también el trámite del pasaporte completo. Claro con una costosa remuneración a cambio y un silencio absoluto. 

“Nosotros llegamos (a la DGM) tipo siete, ocho de la noche. Ahí dormimos y así apartamos los lugares (…) a la gente le cobramos entre Q75 y Q100, pero si son negociables. Lo que pasa es que no tanto porque también uno pasa la noche aquí y todo va (sic.)”, comenta un tramitador a las afueras de la DGM.

El tramitador (cuyo nombre fue omitido por petición) reveló que sobre el “otro negocio”, ellos también realizan el trámite de pasaporte, pero que “éste es más caro”. Le cobran a los interesados entre Q300 y Q350.

A pesar de haber sido denunciados por los usuarios y colocarse señales afuera del establecimiento que aconsejan a la población no aceptar ningún trámite fuera de la institución, los tramitadores, siguen ofreciendo sus servicios. Aunque cada vez de manera más discreta.

El director adjunto de Migración, Marco Hernández, dijo a un medio de comunicación que ellos “están recibiendo apoyo de la Policía Nacional Civil para evitar esos cobros por espacios en la fila”. Además que “a las personas que pretenden colocarse en la fila para reservar espacio se les retira, solo al usuario se le permite entrar y se le entrega un número para mantener el orden”.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones hay una pregunta que todavía no ha sido resuelta: ¿Qué hacen entonces los tramitadores para conseguir los pasaportes si, como asegura la DGM, no cuentan con su ayuda? Porque el “negocio” continúa.

Un Estado ineficiente

La DGM, a través del Departamento de Comunicación Social y el Departamento de Relaciones Públicas, se ha excusado en múltiples ocasiones al ser cuestionada. Múltiples notas de diversos medios de comunicación han registrado todas las justificaciones de la entidad con relación al servicio. Ya sea por fallos en el sistema, temporada alta o por falta de cartillas, el servicio ha sido irregular, la culpa siempre es de alguien o algo más.

Según las declaraciones de la DGM, las experiencias de los usuarios y sondeos realizados por República, esto es lo que cuesta y tarda tramitar un pasaporte en Guatemala:

• El costo del documento es de Q225.00 (US$30.00)
• El tiempo aproximado de emisión es de 18 a 26 minutos por persona en la ventanilla.
• La espera afuera de las instalaciones es de cinco a ocho horas en época alta (marzo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre) y entre una a tres horas en temporada normal.
• La emisión diaria de pasaportes ronda entre 1,300 y 1,400, sin embargo estos no son entregados automáticamente.
• Sólo se cuentan con cuatro delegaciones en todo el país, distribuidas en Quetzaltenango, Petén, Chiquimula y Guatemala.
• El usuario debe esperar un mes aproximadamente para obtener su documento. 

Adela Camacho de Torrebiarte, quien fungió como ministra de Gobernación de 2007 a 2008, considera que el problema actual se debe a varios factores, entre ellos la ineficiencia del Estado para poder adquirir material para la producción de pasaportes. Ello y los constantes cambios de directivos que han sido contraproducentes para la entidad.

Licitaciones fallidas y la llegada del Partido Patriota

Pero la tragedia de los pasaportes no siempre fue un calvario para los usuarios. Hace no más de seis años, el trámite funcionaba sin peculiaridades, sin colas de ocho horas y sin tramitadores. Desde 1999 hasta 2011, la encargada de la emisión de pasaportes era una empresa privada, Corporación Inmobiliaria La Luz, S.A.

Carlos Menocal, que fungió como Ministro de Gobernación de 2010 a 2012 bajo la administración de Álvaro Colom, recuerda que “la crisis” de pasaportes es algo actual, derivado de los gobiernos posteriores al de Colom.

Conseguir los materiales para la producción de los pasaportes tampoco era una faena como ahora. La ex ministra recuerda que el proceso funcionaba y que, además, los pasaportes eran muy seguros.

De acuerdo con la información del portal de Guatecompras, desde 2006 hasta 2011, La Luz proveía el material para la producción del documento.

Los últimos años de vida de Corporación Inmobiliaria La Luz S.A coincidieron con los últimos meses del gobierno de Álvaro Colom. El contrato de la empresa vencía en 2011, mismo año que Carlos Menocal fungió como Ministro de Gobernación. Según el exministro, la UNE inició un proceso de licitación y la batalla por el control de la emisión de pasaportes inició.

En 2013, el Juzgado Tercero de Instancia Penal ligó a proceso y envío a prisión preventiva a José Alberto de León Gramajo, jefe de la delegación de pasaportes del Centro de Emisión de Pasaportes de la Dirección General de Migración (DGM), y a José Antonio Samayoa Cano, exrepresentante de Corporación Inmobiliaria La Luz, S.A.  Ellos fueron sindicados de integrar una organización criminal dedicada a la falsificación de pasaportes y al tránsito ilegal de personas.

“Es cierto y no lo podemos negar. Con la anterior empresa hubo excesos y hubo abusos y eso nos llevó a que el Estado asumiera todo el servicio. Pero esto tampoco funcionó”, dice la exministra de gobernación.

Menocal asegura que, debido a esto, entre 2010 y 2011 se realizó todo “un andamiaje para comenzar un proceso de licitación pública”.  El equipo a cargo del ex ministro recogió la experiencia de varios países que tenían pasaportes activos y seguros a nivel mundial, entre ellos Estados Unidos, Alemania y México.

Al llegar los “patriotas” al poder, el proceso de licitación se extinguió y la emisión de pasaportes pasó a manos del Estado de la noche a la mañana.

Según información proporcionada por el portal de Guatecompras, el proceso de licitación se hizo público el 13 de octubre de 2011 bajo el nombre “Suministro de Libretas de Pasaporte y prestación de servicios integrales para la captura de datos (enrolamiento), personalización, administración de procesos y servicios relacionados, para ciudadanos de la República de Guatemala”.  El 28 de febrero de 2012, es la fecha de finalización del mismo. El estatus de la licitación aparece como “Finalizado anulado (prescindido)”.

La resolución publicada por la DGM con fecha de 28 de febrero resuelve “Prescindir por causa de fuerza mayor del evento de Licitación Pública número DGM-EL-002-2011”. Es firmada por el interventor Fredy Viana Ruano.

¿Roxana Baldetti?

Menocal asegura que las intenciones del Partido Patriota respondían más a un interés particular que grupal; un interés con nombre y apellido: Roxanna Baldetti.

Camacho, quien actualmente es la comisionada presidencial para la reforma policial de Guatemala, coincide con que fue a partir del año 2012, iniciando el gobierno patriota en que la DGM comenzó a decaer.

Una solución “en equipo”

La salida a la tragedia de los pasaportes podría estar en una relación entre la iniciativa privada y el Estado. Así lo ven usuarios, economistas y ex funcionarios.

Para Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el Estado debe apoyarse en la iniciativa privada para brindar ciertos servicios, como el de los pasaportes que “si puede ser brindado exitosamente por medio de una empresa privada, como sucede con las licencias”.

Menocal señala que aunque las empresas pudieran cometer errores, “las crisis” no existen al nivel que vivimos con los pasaportes. Considera que primero hay que analizar la capacidad del Estado para la prestación de cualquier servicio. En el caso de Guatemala, “el Estado no tiene esa capacidad”. El ex funcionario propone un servicio “de tipo mixto”. En este el Estado se encarga de los datos sensibles, como la información de los pasaportes y la iniciativa privada brinda el servicio, logística y producción de los mismos.

Adela Camacho de Torrebiarte apuesta por un modelo parecido, una “combinación” y trabajo en equipo entre “la iniciativa privada y el Estado”.

Además, la exministra sugiere que la solución también está en la capacitación de las personas que trabajen en estos lugares.

“Creo que hay que capacitar a la gente, hacer una cartera. Por eso es que la ley de Servicio Civil es tan importante. Entonces podemos capacitar gente para trabajar en estos lugares y lograr así la certeza jurídica y esa agilidad del servicio. Creo que son los dos grandes temas que hoy no se tienen”, sugiere Camacho.

Pero mientras las soluciones son escuchadas y ejecutadas por las autoridades, el trámite continuará siendo un calvario para quienes necesitan un documento tan vital como el pasaporte.

Quizás llegue el día en que, lejos de intereses político-económicos de dudosa intención, quienes están detrás de este servicio le den el protagonismo y atención requerida al guatemalteco que sigue de pie, allá afuera, esperando ser atendido.