…en la búsqueda de los mínimos acuerdos, podamos encontrar otro espacio, el del diálogo, la justicia, la paz y la reconciliación…

Guatemala está en una grave crisis. La crisis no se ha originado en los últimos quince días, ni siquiera en los últimos seis meses o en un año. La crisis es fruto del deterioro institucional, político, social y de justicia de los últimos 30 años. ¡Oh, casualmente, desde la era “democrática” iniciada en 1985!, en contraposición a otra era, también difícil, de las llamadas “dictaduras militares”.

El deterioro, gradual, pero impasible, debemos reconocer ha sido fruto de años de deterioro alrededor de una Constitución y una forma de hacer política, que se aleja tanto de los valores de desarrollo alrededor de la protección de los derechos individuales: vida, libertad, propiedad y familia, y de la instauración de un Estado de Derecho que los proteja, es decir, que haga justicia – que castigue al que violenta la ley, que dirima entre privados respetando los contratos, que libre al inocente de la injusticia y proteja a las víctimas.

Aunque nuestra Constitución tiene algunas secciones con muy buenos avances, otras partes han derivado en una idea errónea de las funciones del Estado, a veces con contradicciones. Debiera tener la prioridad sobre la discusión nacional lo referente a cómo se aplica la justicia y si logra los objetivos que toda sociedad necesita para desarrollarse. La parte fundamental, constitucional, para lograr una justicia imparcial, autónoma, certera, independiente, pronta, universal, está definida en su asignación presupuestaria, que aunque parecía reformada, nuestra historia ha demostrado que no lo es del todo. Pero, principalmente lo referente a la elección de jueces y magistrados, a través de unas maravillosas comisiones de postulación que pretendían resaltar lo mejor de nuestros representantes, haciéndolas ad-honorem, integradas por la academia, etc. El tiempo nos ha enseñado que las mejores intenciones no necesariamente derivan en los mejores resultados y que todo es susceptible de corromperse si los incentivos perversos se mantienen en contraposición a los incentivos y controles correctos.

Aunado a ello, otra ley de naturaleza electoral no permite que los ciudadanos nos sintamos representados, sobre todo en el Congreso, que al permitir las listas a candidatos de forma bloqueada y cerrada, responden a los intereses partidarias y en su razón última a los intereses de los financistas. La discusión se ha centrado en resolver los problemas y no las causas, incrementando un sinfín de soluciones, algunas antojadizas, otras contradictorias y que no resuelven el problema en esencia.

El sistema hizo que llegáramos a tal punto que nosotros mismos considerábamos que el Estado era fallido. La falta de presencia del Estado en grandes regiones del territorio, el control sobre muchas actividades y regiones del narcotráfico, pandillas, extorsionistas, crimen organizado y la corrupción lo demostraban. De ser un Estado fallido, llegamos a uno todavía más preocupante, que en su definición requiere de fuerzas y poderes extranjeros para lograr resultados iniciales y restablecer el orden y encaminar hacia el Estado de Derecho. El Estado llegó a ser un narcoestado y cleptocrático.

Desgraciadamente no logramos encontrar soluciones entre nosotros y en esa necesidad, y ante los ojos del mundo que nos veían como una amenaza prioritaria, nos intervienen a través de la novedosa y experimental Comisión Internacional para el Combate de la Impunidad en Guatemala – CICIG. Con paupérrimos logros en la administración de los dos primeros comisionados y a punto de ser denegada su renovación en 2015, inició una serie de resultados de investigación, acusación y enfrentamiento a juicio de varios actores que se habían aprovechado de ese deterioro nacional para generar riquezas impropias, corruptas y delincuenciales así como la concentración del poder.

Todavía falta y falta mucho. Con niveles de impunidad por arriba del 90%, estamos lejos, no del ideal, sino de la meta que nos direccione, que nos dé sentido hacia una sociedad llena de justicia, orientada al desarrollo y con frutos de paz.

Pero, ante los graves señalamientos contra varias personas que sí han estado involucradas en graves delitos, pero también ante la agenda que se aleja de una justicia imparcial, igual para todos, respetando los principios de inocencia, etc. las posiciones se han radicalizado.

Nos encontramos ante una grave crisis, como cúspide del deterioro constante, pero como león herido, los restauradores que les conviene un país como ha estado éste durante décadas, reaccionan visceralmente a todo intento de reforma, sobre todo ante la amenaza de aquellos que antagónicamente a aquellos, quieren que cambie todo, los radicales que quieren transformar el Estado desde su fundación, refundarlo, redefinirlo, etc.

¿Cómo hacemos para que las reformas se encaminan hacia la justicia y la paz? ¿Cómo hacemos para lograr esos valores que nos protejan a todos y nos permitan desarrollarse? Indudablemente, mientras unos se defienden y atacan, nos quedamos en medio del fuego. Un lugar complicado para estar porque en medio del fuego, allí están los caídos.

Habrá que salir de allí con acciones valientes y sin caer el juego de la descalificación, con ánimo de escuchar y reflexionar, en la búsqueda de los mínimos acuerdos, podamos encontrar otro espacio, el del diálogo, la justicia, la paz y la reconciliación…

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