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El pulso de poder y el 2018

Redacción
06 de febrero, 2018

Arrancar el nuevo año tal y como terminó el pasado.

En el marco del proceso de transformación política que ha vivido Guatemala durante los últimos tres años, en el 2017 Guatemala vivió la materialización de la fase conocida como “el pulso de poder”. De acuerdo con el modelo estasiológico de Alexis de Tocqueville, dicha fase se caracteriza por la disputa entre las facciones políticas que promueven la transformación versus aquellas facciones que aspiran a mantener el statu quo o retornar al viejo sistema.

Durante el 2017, el pulso de poder tuvo cuatro grandes momentos: 1) la batalla por la declaratoria de non-grato al Comisionado Iván Velásquez; 2) el antejuicio contra el Presidente Morales por la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito; 3) el pacto de impunidad en el Congreso y la reacción social; 4) el antejuicio contra el alcalde Arzú y sus efectos políticos. En todos, la narrativa subyacente no es más que el enfrentamiento entre los actores que promueven la depuración de élites políticas iniciada en el 2015, a través de la ofensiva judicial contra la corrupción, frente a los actores que se resisten al cambio.

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El 2018 inició exactamente con la misma dinámica que el año pasado. Primero, la alianza pro-oficialista –y anti-CICIG– logró la concurrencia de ocho bloques para elegir una Junta Directiva presidida por Álvaro Arzú Escobar. En un movimiento más simbólico que de poder real, el Alcalde capitalino busca proyectar la idea que en sus manos descansa la llave del Congreso y el padrinaje sobre el Ejecutivo. Dicho movimiento simbólico tendría un objetivo claro: influenciar a la Sala de Apelaciones para que no le retiren el antejuicio. A ese movimiento se sumaron los recambios de funcionarios clave de la administración pública. La salida del Superintendente de SAT y el cambio en la cúpula de Gobernación se interpretaron bajo la dicotomía tocquevilliana.

Entretanto, MP y CICIG propinaron dos golpes judiciales: la apertura de la primera fase de Odebrecht permite desarticular la Red Político-Económica Ilícita de Manuel Baldizón, quizá uno de los estandartes del sistema patrimonial. Mientras que el caso de traficantes de influencias alcanzó a dos figuras relevantes: el vicepresidenciable de UNE, Mario Leal, y al diputado Felipe Alejos, Primer Vicepresidente del Congreso y articulador de la alianza que llevó a Arzú a la presidencia. A ello se sumó la resolución de la Corte de Constitucionalidad que dejó en suspenso la elección de Junta Directiva del Congreso.

Sin embargo, en este ir y venir de acciones, el evento más relevante tuvo lugar entre jueves y viernes pasado. En Washington y Nueva York, la solicitud de la canciller de retirar el apoyo a Iván Velásquez, cayó en oídos sordos. Por si fuera poco, Tom Shannon, el diplomático de mayor experiencia en el Departamento de Estado, amablemente le recordó que una condición no negociable del apoyo estadounidense a Guatemala es permitir el trabajo de CICIG. Mientras en Naciones Unidas, la respuesta a la solicitud de cambiar de Comisionado no solo fue rechazada in limine, sino que incluso, a estas alturas del proceso, las autoridades de ONU no comprenden siquiera cuál es la molestia del Gobierno con el trabajo de la Comisión.

Por si lo anterior fuera poco, el jueves pasado, el mismo Secretario de Estado, Rex Tillerson, expresó que el apoyo de Estados Unidos hacia CICIG continúa. La cabeza de la diplomacia norteamericana, incluso, ubicó a Guatemala como el primer gran ejemplo de avances en la lucha contra la corrupción. Y por si fuera poco, señaló que este 2018 debe ser “el año en que las instituciones de gobierno deben recuperar la confianza de sus ciudadanos”. Lo anterior es quizá la afirmación más tajante que la diplomacia norteamericana y Naciones Unidas han realizado en cuanto al respaldo al proceso guatemalteco. Su relevancia es muy sencilla: elimina de la ecuación el deseo de un sinfín de personajes, que ante la falta de sueño y la paranoia de las seis de la mañana, aspiraban a poner fin a la ofensiva judicial.

Pese a ello, el problema sustantivo se mantiene. El pulso entre reaccionarios y reformistas continuará siendo el motor de la coyuntura en las semanas por venir. Las salidas a esa dicotomía son dos: 1) que alguna de las facciones en contienda se imponga; 2) que se integre una alianza amplia de sectores reformistas, que mantengan la agenda de depuración del sistema político, pero que sobre todo, proponga una ruta estratégica para alcanzar el termidor.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo

El pulso de poder y el 2018

Redacción
06 de febrero, 2018

Arrancar el nuevo año tal y como terminó el pasado.

En el marco del proceso de transformación política que ha vivido Guatemala durante los últimos tres años, en el 2017 Guatemala vivió la materialización de la fase conocida como “el pulso de poder”. De acuerdo con el modelo estasiológico de Alexis de Tocqueville, dicha fase se caracteriza por la disputa entre las facciones políticas que promueven la transformación versus aquellas facciones que aspiran a mantener el statu quo o retornar al viejo sistema.

Durante el 2017, el pulso de poder tuvo cuatro grandes momentos: 1) la batalla por la declaratoria de non-grato al Comisionado Iván Velásquez; 2) el antejuicio contra el Presidente Morales por la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito; 3) el pacto de impunidad en el Congreso y la reacción social; 4) el antejuicio contra el alcalde Arzú y sus efectos políticos. En todos, la narrativa subyacente no es más que el enfrentamiento entre los actores que promueven la depuración de élites políticas iniciada en el 2015, a través de la ofensiva judicial contra la corrupción, frente a los actores que se resisten al cambio.

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El 2018 inició exactamente con la misma dinámica que el año pasado. Primero, la alianza pro-oficialista –y anti-CICIG– logró la concurrencia de ocho bloques para elegir una Junta Directiva presidida por Álvaro Arzú Escobar. En un movimiento más simbólico que de poder real, el Alcalde capitalino busca proyectar la idea que en sus manos descansa la llave del Congreso y el padrinaje sobre el Ejecutivo. Dicho movimiento simbólico tendría un objetivo claro: influenciar a la Sala de Apelaciones para que no le retiren el antejuicio. A ese movimiento se sumaron los recambios de funcionarios clave de la administración pública. La salida del Superintendente de SAT y el cambio en la cúpula de Gobernación se interpretaron bajo la dicotomía tocquevilliana.

Entretanto, MP y CICIG propinaron dos golpes judiciales: la apertura de la primera fase de Odebrecht permite desarticular la Red Político-Económica Ilícita de Manuel Baldizón, quizá uno de los estandartes del sistema patrimonial. Mientras que el caso de traficantes de influencias alcanzó a dos figuras relevantes: el vicepresidenciable de UNE, Mario Leal, y al diputado Felipe Alejos, Primer Vicepresidente del Congreso y articulador de la alianza que llevó a Arzú a la presidencia. A ello se sumó la resolución de la Corte de Constitucionalidad que dejó en suspenso la elección de Junta Directiva del Congreso.

Sin embargo, en este ir y venir de acciones, el evento más relevante tuvo lugar entre jueves y viernes pasado. En Washington y Nueva York, la solicitud de la canciller de retirar el apoyo a Iván Velásquez, cayó en oídos sordos. Por si fuera poco, Tom Shannon, el diplomático de mayor experiencia en el Departamento de Estado, amablemente le recordó que una condición no negociable del apoyo estadounidense a Guatemala es permitir el trabajo de CICIG. Mientras en Naciones Unidas, la respuesta a la solicitud de cambiar de Comisionado no solo fue rechazada in limine, sino que incluso, a estas alturas del proceso, las autoridades de ONU no comprenden siquiera cuál es la molestia del Gobierno con el trabajo de la Comisión.

Por si lo anterior fuera poco, el jueves pasado, el mismo Secretario de Estado, Rex Tillerson, expresó que el apoyo de Estados Unidos hacia CICIG continúa. La cabeza de la diplomacia norteamericana, incluso, ubicó a Guatemala como el primer gran ejemplo de avances en la lucha contra la corrupción. Y por si fuera poco, señaló que este 2018 debe ser “el año en que las instituciones de gobierno deben recuperar la confianza de sus ciudadanos”. Lo anterior es quizá la afirmación más tajante que la diplomacia norteamericana y Naciones Unidas han realizado en cuanto al respaldo al proceso guatemalteco. Su relevancia es muy sencilla: elimina de la ecuación el deseo de un sinfín de personajes, que ante la falta de sueño y la paranoia de las seis de la mañana, aspiraban a poner fin a la ofensiva judicial.

Pese a ello, el problema sustantivo se mantiene. El pulso entre reaccionarios y reformistas continuará siendo el motor de la coyuntura en las semanas por venir. Las salidas a esa dicotomía son dos: 1) que alguna de las facciones en contienda se imponga; 2) que se integre una alianza amplia de sectores reformistas, que mantengan la agenda de depuración del sistema político, pero que sobre todo, proponga una ruta estratégica para alcanzar el termidor.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo