Un paso necesario en ruta hacia la no-repetición.
Desde abril 2015, Guatemala ha vivido un proceso de transformación jurídica y política. La persecución de casos de corrupción de alto impacto ha puesto en evidencia la disfuncionalidad de un sistema político de corte patrimonial, en donde la corrupción y el tráfico de influencias se convirtieron en el motor de la acción pública. Quizá el mayor aprendizaje de todo este proceso ha sido reconocer que la corrupción había hecho metástasis, que estaba enquistada en lo más profundo del aparato estatal, y que –tristemente– muchas de sus manifestaciones ya eran socialmente aceptadas.
En ese contexto, es evidente que el combate a la corrupción requiere de una estrategia que trascienda el ámbito de la persecución penal. Si bien la desarticulación de las redes y el procesamiento de las personas involucradas en actos de corrupción constituyen los primeros puntos para desbaratar el sistema patrimonial y romper el ciclo de impunidad, alcanzar el tan ansiado punto de no-retorno y no-repetición requiere de acciones mucho más profundas que la depuración judicial.
Un primer paso debe ser el reconocimiento de un mea culpa colectivo. La debacle del sistema político nacional no ocurrió en el vacío. Por el contrario, la corrupción se convirtió en una práctica tolerada y aceptada socialmente. Cuántas veces no escuchamos ideas como “Fulanito entró a política, hoy se va a hacer dinero”; “Menganito es amigo del Ministro; hoy si le va a ir bien”; “Tan bruto Zutanito, estuvo en un cargo público y ni su carro pudo cambiar”; “Aquí todo se arregla pagando, es la forma más rápida de tener soluciones”. Pues ideas como esas sirvieron para que lentamente se impregnara una cultura política que nos hizo tolerantes frente a la trampa, que nos llevó a justificar actos ilícitos pero que se volvieron normales, y que viéramos la corrupción como un mal común.
Salir de ese ciclo vicioso de tolerancia social y degradación institucional empieza como toda terapia de Alcohólicos Anónimos: haciendo un mea culpa, reconociendo que todos fuimos tolerantes con el viejo sistema, nos hicimos de la vista gorda frente a actos ilícitos o ilegítimos, dejamos de denunciar, aprendimos a coexistir con el mal, o peor aún, nos beneficiamos directa o indirectamente de esa forma de hacer las cosas.
La reflexión anterior pareciera una dosis de moralina compuesta. Pero la experiencia de sociedades que han vivido procesos transicionales como la Alemania post-Holocausto, Sudáfrica tras el Apartheid o la Italia luego de las “manos limpias”, evidencia que el reconocimiento social de su responsabilidad en la debacle es el punto de partida para plantear la ruta de transición.
Un mea culpa colectivo, sincero y generalizado, permite plantear una discusión de altura sobre mecanismos jurídicos para facilitar la aceptación de hechos y promover la reparación de los males causados. Permite también identificar con mayor facilidad y grado de consenso la hoja de ruta de cambios institucionales. Y sobre todo, acerca más a las sociedades al ansiado punto de no-retorno y no-repetición.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Un paso necesario en ruta hacia la no-repetición.
Desde abril 2015, Guatemala ha vivido un proceso de transformación jurídica y política. La persecución de casos de corrupción de alto impacto ha puesto en evidencia la disfuncionalidad de un sistema político de corte patrimonial, en donde la corrupción y el tráfico de influencias se convirtieron en el motor de la acción pública. Quizá el mayor aprendizaje de todo este proceso ha sido reconocer que la corrupción había hecho metástasis, que estaba enquistada en lo más profundo del aparato estatal, y que –tristemente– muchas de sus manifestaciones ya eran socialmente aceptadas.
En ese contexto, es evidente que el combate a la corrupción requiere de una estrategia que trascienda el ámbito de la persecución penal. Si bien la desarticulación de las redes y el procesamiento de las personas involucradas en actos de corrupción constituyen los primeros puntos para desbaratar el sistema patrimonial y romper el ciclo de impunidad, alcanzar el tan ansiado punto de no-retorno y no-repetición requiere de acciones mucho más profundas que la depuración judicial.
Un primer paso debe ser el reconocimiento de un mea culpa colectivo. La debacle del sistema político nacional no ocurrió en el vacío. Por el contrario, la corrupción se convirtió en una práctica tolerada y aceptada socialmente. Cuántas veces no escuchamos ideas como “Fulanito entró a política, hoy se va a hacer dinero”; “Menganito es amigo del Ministro; hoy si le va a ir bien”; “Tan bruto Zutanito, estuvo en un cargo público y ni su carro pudo cambiar”; “Aquí todo se arregla pagando, es la forma más rápida de tener soluciones”. Pues ideas como esas sirvieron para que lentamente se impregnara una cultura política que nos hizo tolerantes frente a la trampa, que nos llevó a justificar actos ilícitos pero que se volvieron normales, y que viéramos la corrupción como un mal común.
Salir de ese ciclo vicioso de tolerancia social y degradación institucional empieza como toda terapia de Alcohólicos Anónimos: haciendo un mea culpa, reconociendo que todos fuimos tolerantes con el viejo sistema, nos hicimos de la vista gorda frente a actos ilícitos o ilegítimos, dejamos de denunciar, aprendimos a coexistir con el mal, o peor aún, nos beneficiamos directa o indirectamente de esa forma de hacer las cosas.
La reflexión anterior pareciera una dosis de moralina compuesta. Pero la experiencia de sociedades que han vivido procesos transicionales como la Alemania post-Holocausto, Sudáfrica tras el Apartheid o la Italia luego de las “manos limpias”, evidencia que el reconocimiento social de su responsabilidad en la debacle es el punto de partida para plantear la ruta de transición.
Un mea culpa colectivo, sincero y generalizado, permite plantear una discusión de altura sobre mecanismos jurídicos para facilitar la aceptación de hechos y promover la reparación de los males causados. Permite también identificar con mayor facilidad y grado de consenso la hoja de ruta de cambios institucionales. Y sobre todo, acerca más a las sociedades al ansiado punto de no-retorno y no-repetición.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo